San Martín: todo sobre el crimen a balazos contra defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado

Quinto Inuma Alvarado, defensor ambiental y apu de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, perteneciente al distrito de Huimbayoc -en la provincia y región de San Martín- fue asesinado a balazos al lado de su esposa e hijos el pasado miércoles 29 de noviembre. Los trágicos hechos ocurrieron en el río Yanayacu, mientras navegaban de regreso a su comunidad tras participar en un evento sobre defensores ambientales.

Según las primeras informaciones respecto al atentado, un grupo de personas encapuchadas interceptó la nave y dispararon contra Inuma Alvarado. Axceldina Barbarán Tapullima, quien abordaba la embarcación, también resultó con heridas durante dicho atentado. Los hijos menores del líder indígena tienen 14 y 4 años de edad. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado se encuentra liderando las indagaciones del caso.

Los hechos aún son materia de investigación, pero se cree que Inuma Alvarado habría sido asesinado en represalia por sus denuncias en contra de la tala indiscriminada en diversas zonas de la provincia y operaciones de tráfico ilícito de drogas. De hecho, en 2021 ya había sido golpeado y amenazado de muerte por personas vinculadas a la tala ilegal y el narcotráfico. Esto sucedió luego de que Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tarapoto constatará en el lugar los hechos denunciados por Inuma Alvarado y otros dirigentes de la zona.

De acuerdo con Mongabay Latam -medio especializado en periodismo ambiental- desde hace casi una década, en la mancomunidad del Bajo Huallaga operan grupos ligados a la tala ilegal, la siembre de coca y el narcotráfico. Incluso, dicho medio ha revelado la existencia de pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas, así como la inmensa afección que estas actividades ilícitas causan en los bosques locales.

De acuerdo con Global Forest Watch -una aplicación de monitoreo a tiempo real de los bosques a nivel mundial y que cuenta con el respaldo de diversas asociaciones y universidades- en lo que va del año se han reportado 193.594 alertas de deforestación solo la provincia de San Martín.

Debido a la magnitud de los hechos denunciados y el riesgo implicado, Inuma Alvarado y otros defensores ambientales de la zona fueron incluidos en el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Fue creado en abril del 2021 y busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades. Esto incluía el resguardo policial.

Según el decreto supremo que constituyó dicho mecanismo, ocho ministerios están vinculados a la protección de los integrantes: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Pese a los actores involucrados, Inuma Alvarado declaró tiempo atrás no sentirse protegido.

Un día luego del atentado contra Inuma Alvarado, el ministro del Interior, Víctor Torres, llegó a la región San Martín. Asimismo, llegaron el viceministro de Orden Interno, Miguel Núñez; el comandante general de la PNP, Jorge Angulo; el jefe de la División de Investigación de Homicidios de Dirincri, Víctor Revoredo; y el fiscal de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. Otros viceministros de diversas carteras también acudieron con la comitiva con el fin de supervisar las investigaciones y la búsqueda de los asesinos del líder indígena.

Horas luego de su llegada, los funcionarios realizaron una conferencia de prensa donde el ministro del Interior recalcó que “los asesinos [de Inuma Alvarado] tienen las horas contadas”. “Esas denuncias presentadas [por el líder indígena] siguen su trámite y acá estamos. No se sientan solos. A partir de este momento, tienen [la población local] todo para superar esta situación. En todo lo que viene adelante, todos los sectores estamos acá para brindarles todo el apoyo y defensa”, dispuso Torres. Esto pese al cuestionamiento de diversas agrupaciones indígenas con respecto al actuar de las autoridades ante los hechos denunciados.

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam) calificó de “cobarde” el asesinato del defensor ambiental. Sin embargo, responsabilizó al Estado peruano de no ser capaz “de atender la seguridad de una vida, sus esperanzar y sueños, y la integridad de una familia”. Además, la Coordinadora destacó que la Fiscalía postergó numerosas veces las investigaciones a los hechos delatados por Inuma Alvarado.

“Quinto Inuma y comuneros de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, desde el 2016 han venido comunicando a las autoridades del sistema de justicia la tala indiscriminada y la presencia de narcotráfico […] sin que a la fecha haya un solo condenado por estos delitos. No puede haber nada más impune que esto, ejemplo de lo lejano del acceso a la justicia para los pueblos indígenas”, critica el comunicado de la Codepisam.

Por medio de un comunicado conjunto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente se pronunciaron en relación con el homicidio de Quinto Inuma. Las autoridades también definieron como “cobarde” los hechos suscitados. “Reafirmamos el compromiso del Gobierno de buscar justicia para Quinto Inuma y garantizar la seguridad de los pobladores de [su] comunidad”, sostiene el oficio.

Sin embargo, pese a los compromisos prometidos por el Gobierno, la Defensoría del Pueblo expresó su “profunda preocupación por la falta de atención estatal, a pesar de que el apu Inuma contaba con resolución directoral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que le otorgaba protección policial”. La entidad solicitó una “investigación célere, para identificar y sancionar a responsables y activar la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos a favor de su círculo familiar, garantizando pertinencia cultural y territorialidad”.

El Gobierno Regional de San Martín también condenó la muerte del líder indígena, además de resaltar que el tráfico ilegal de madera, el tráfico ilegal de tierras y el narcotráfico amenazan contra los dirigentes indígenas, a sus familias y sus comunidades. “Quinto Inuma era uno de los principales defensores ambientales en la región San Martín, que constantemente denunciaba atentados contra los bosques comunales y por ello recibía amenazas contra su vida”.