Minería ilegal cerca a las Líneas de Nasca: hay más de 2.500 inscripciones del Reinfo en el área de la reserva original

Miércoles 28 de mayo, 9:17 p.m. El Ministerio de Cultura publica en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano la resolución que recorta 2,400 km2 de dicha reserva arqueológica. El área protegida queda con 42% menos del tamaño que se delimitó hace 20 años.

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Viernes 30 de mayo, 11:47 a.m. El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, reconoce que existe minería informal en la reserva arqueológica, pero defiende el recorte de zonas que asegura “carecen de contenido arqueológico”. Asegura también que las labores de monitoreo y vigilancia de actividades ilegales eran “bastante difíciles” en un área de gran extensión.

Esta corta línea de sucesos evidencia una contradicción inexplicable en la protección del patrimonio cultural: se sabe que hay amenazas tan grandes como la minería ilegal, pero se flexibilizan los dispositivos legales que garantizan su conservación.

Pese a que este domingo el Ministerio de Cultura retrocedió a la decisión de recortar el área reservada, ya existen varios intentos de la minería informal e ilegal de tomar zonas protegidas.

Para ponerlo en números: la reserva arqueológica establecida en 1993 constaba de 5.633,47 km² y comprendía 10 distritos de las provincias de Nasca, Palpa e Ica, en la región Ica, y tres distritos de Lucanas, en Ayacucho. En estos distritos existen 2.594 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) – el 90% tiene condición suspendida, pero se mantiene dentro del plazo para “regularizar” que otorgó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)–.

¿Por qué esto es relevante? Nicolas Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, explica que el Reinfo ha sido usado como una máscara para legitimar actividades ilegales ante una deficiente fiscalización. “Nada hace suponer que abrir las puertas de la reserva pueda mejorar la capacidad de control. Todo lo contrario. Poco a poco estamos hipotecando más espacios en beneficio de las economías ilegales”, dijo a El Comercio.

No es lo único, de acuerdo con información obtenida del Catastro Minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en los 13 distritos del polígono intangible original también existen 728 registros de derechos mineros en trámite y 596 derechos mineros titulados.

De estos, el Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) ha identificado que solo en el área excluida quedan 57 concesiones tituladas, 165 petitorios mineros en trámite y más de 300 inscripciones de Reinfo. La abogada Gaby Rivadeneyra, líder de proyectos de DAR, organización miembro de este observatorio, advirtió que 58 de los petitorios fueron presentados en los tres días siguientes que se publicó la resolución con los nuevos límites, lo que evidencia la alta presión minera en la zona.

Para tener un una idea del cambio en el escenario legal, Rivadeneyra explica que desde hace varios años se reporta minería ilegal dentro y fuera reserva arqueológica. De hecho, el propio Ministerio de Cultura reportaba en julio del 2014 el inicio de diez denuncias penales por el delito de minería ilegal en la zona protegida. Aunque incluso dentro de la reserva existen derechos mineros titulados y en trámite, la especialista detalla que Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación prohibía cualquier intervención en áreas intangibles sin opinión previa de Cultura.

“La regulación impedía la expansión minera. Al redimensionar el área ya no se necesita la evaluación del ministerio de Cultura y se permite más espacios para la acción minera. El tema es que tanto los sectores de Cultura como Minería reconocen que había minería ilegal y aunque digan que ahora tendrán que ponerse a derecho, la realidad es que no existen controles adecuados. Al permitir minería tan cerca a un espacio de protección arqueológica se pone en riesgo el patrimonio porque sus impactos no son necesariamente en la cuadrícula de la concesión sino son acumulativos”, declaró a este Diario.

Lo cierto es que las provincias de Nasca y Palpa son zonas de amplia actividad minera que incluye plantas de procesamiento de mineral que se extrae en otras regiones del país. El exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, explica que el recorte del área de protección arqueológica no solo pone en riesgo el patrimonio sino también evidencia el abandono estatal ante un enclave minero que ha crecido sostenidamente desde hace varias décadas.

“La zona del sur medio del Perú, es decir, el sur de Ica, Palpa, Nasca, el norte de Arequipa, en Caravelí, y el occidente de Ayacucho, con Lucanas, tienen una intensa actividad minera desde por lo menos 30 años. Es una suerte de emporio con presencia de plantas de beneficio, donde se procesa mucho del oro y del cobre que se produce de manera informal en las provincias altas de Apurímac, Cusco, Ayacucho, Arequipa e Ica”, explicó a El Comercio. Un informe de El Comercio de enero del 2024 evidenciaba que el oro ilegal proveniente de Pataz, en La Libertad, también llegaba al procesadoras de esta zona del país para su blanqueamiento.

Lo peligroso, añade Zevallos, es que se trata de territorios que también son utilizados como circuito del narcotráfico. Si se toma como referencia la crisis por minería ilegal el Pataz, en La Libertad, el también exviceministro de Seguridad Pública advierte el aumento de organizaciones criminales en áreas de minería informal y artesanal.

“Los mineros artesanales también son víctimas de robos, asaltos, extorsiones y eso no se debe perder de vista. En Nasca hay un riesgo inmediato de afectación a zonas arqueológicas. Pero a mediano y largo plazo el riesgo más serio es que no se detenga en esos límites. Toda la reserva está en total riesgo. Estas zonas son circuito del narcotráfico, ya sea para salida de derivados cocaínicos como para el ingreso de insumos Le estamos dando una nueva patente de corso a los mercados ilegales para operar en estas zonas, con otra actividad bastante rentable”, dijo Zevallos a este Diario.

El Comercio también se comunicó con Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), para conocer la posición de este sector. Aunque consideró que posible redimensionar áreas protegidas, naturales o arqueológicas, y sus zonas de amortiguamiento dijo que esto debe responder a una revisión técnica adecuada. En ese marco, recordó que cualquier actividad minera formal se previo control, como instrumentos de gestión ambiental o el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. “Sabemos que los procesos de formalización a través del Reinfo se encuentran en diferentes áreas. La pregunta es si [en estos casos] se ha revisado adecuadamente los controles previos y posteriores. El Reinfo no contiene estas disposiciones; por ejemplo, solo pide una declaración jurada que no hay restos arqueológicos”, indicó.

Hasta el último viernes, congresistas de distintas bancadas presentaron tres mociones de interpelación contra el ministro Valencia Gibaja por el recorte de la Reserva Arqueológica. En la próxima sesión plenaria se someterá a votación la admisión de estos pedidos para que el titular del Mincul acuda al Parlamento a justificar la decisión.