Al menos seis fugas en penales del país durante este gobierno

El domingo pasado, seis internos del penal de La Oroya –ubicado en el distrito de Santa Rosa de Sacco (Junín)– se fugaron luego de reducir a tres trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El jefe de esta entidad, Julio Magán, precisó ayer que había destituido al director del recinto, al jefe de seguridad y a los tres alcaides encargados del control interno. “Los hemos separado mientras duren las investigaciones del caso”, dijo.

Con este incidente, se han registrado al menos seis fugas en centros penitenciarios del país en este gobierno.

—Criterios de ubicación—
El penal de La Oroya tiene una población de 119 internos y es considerado un recinto de mínima seguridad. Es decir, su infraestructura no es la adecuada para albergar a reos condenados por delitos mayores.

Sin embargo, cuatro de los seis delincuentes que fugaron de este centro penitenciario se encontraban recluidos por tráfico ilícito de drogas. Asimismo, uno fue internado por robo agravado y el otro por violación.

Magán explicó a El Comercio que el criterio empleado para ubicar a los internos en ese penal fue territorial. Debido a que cometieron los delitos en distritos judiciales de la sierra central, les correspondía ser trasladados a La Oroya.

“La idea es no separarlos mucho de sus familias, por lo que son internados en penales cercanos a su zona de residencia. El sistema sí nos permite moverlos a penales de máxima seguridad [como Lurigancho o Castro Castro], pero no lo hacemos por el hacinamiento”, explicó.

Sin embargo, tras el incidente en La Oroya, el INPE trasladó a 20 reos –con penas mayores a 15 años de prisión– del penal de La Oroya al de Huamancaca, en Huancayo (Junín).

—Crisis penitenciaria—
En los 68 penales del país, que tienen una capacidad para albergar 32.190 reclusos, hay más de 77 mil internos, según el censo nacional penitenciario del INEI (2016). Por ello, existe una sobrepoblación del 132%.

El hacinamiento, además del criterio de ubicación de reclusos que maneja el INPE han agravado la crisis del sistema penitenciario, explicó Fabiola Franceza, vocera del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Es inconcebible que el Estado junte a delincuentes peligrosos con personas que no tienen sentencia o que han cometido delitos menores. Sin una verdadera reforma, las cárceles seguirán siendo escuelas del delito y las fugas no pararán”, dijo.

Al respecto, recordó que está pendiente la aplicación de la Ley de Vigilancia Electrónica Personal, promulgada en el 2010, que reduciría la sobrepoblación penitenciaria con la implementación de grilletes electrónicos para procesados con penas menores de ocho años.

FUGAS RECIENTES

10/10/2011. Dos internos escaparon del penal El Milagro, en Trujillo, tras limar con sierras los barrotes de su celda.
19/2/2012. Diecisiete reos escaparon del penal de Challapalca, en la frontera entre Tacna y Puno. Huyeron vestidos como personal del INPE.
28/4/2012. Dos presos, que purgaban condena por robo agravado y homicidio, escapan del penal El Milagro (Trujillo).
9/12/2012. Luis Ramírez ‘Tortuga’, de 22 años, escapa del penal trujillano de El Milagro, al trepar un muro posterior.
12/6/2013. Cinco reos fugan del penal de Lurigancho. Entre ellos, el asesino confeso del periodista Luis Choy, Lindomar Hernández.

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