Sospechas tras destitución de jefa del INPE: expertos critican decisión por tener motivación política

Finalmente ocurrió. El Gobierno dio por concluida la designación de Susana Silva como presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cargo que ocupaba desde setiembre del 2020. Su salida fue oficializada a través de una resolución suprema publicada ayer en el diario “El Peruano”.

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Tan solo días atrás, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron a El Comercio que dicha cartera estaba evaluando la destitución de Silva por negarse a elaborar un informe que convalidase un pedido de redención de condena en beneficio de Antauro Humala, de forma irregular, quien se encuentra recluido desde el 2005 por el asesinato de cuatro policías durante el ‘andahuaylazo’. Vale decir que este procedimiento ya había sido iniciado por la defensa legal del etnocacerista en noviembre pasado, con el objetivo de lograr su pronta excarcelación.

Al respecto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, descartó ayer la posibilidad de que Antauro Humala salga en libertad e indicó que la destitución de Silva se debió a que, en contra de lo ya dispuesto, ordenó el retorno del expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo internado algunos meses en una clínica local, a la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), a la que calificó como su “cárcel dorada”, y no a una cárcel común.

“Este es un acto de corrupción y discriminación entre sentenciados”, publicó en su cuenta de Twitter.

Consultada por este tema, la politóloga Katherine Zegarra dijo que la destitución de Silva de la jefatura del INPE sería un acto “aparentemente irregular” por parte del Gobierno, más aún luego de lo dicho por el ministro Torres, pues sostuvo que genera más dudas sobre la naturaleza de esta decisión.

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“Los rumores [sobre el pedido de Antauro Humala] guardan relación con algunos lazos que ha mostrado tener Perú Libre. Además, lo que menciona Aníbal Torres genera más cuestionamientos que aclaraciones, por lo que creo que sería importante que el Gobierno haga un esfuerzo por no politizar sus acciones”, comentó.

El analista político José Carlos Requena dijo que si bien la salida de Silva del sistema penitenciario se puede dar dentro de lo legal y de las potestades del ministro de Justicia, el tema controversial es la circunstancia en la que se lleva a cabo, pues “se estaría aparentemente forzando a un funcionario a que haga lo que el poder político quiere y eso es lo grave”.

“Hay que ver ahora quién asume la jefatura del INPE, y si los temores que había sobre la remoción de la señora Silva tienen asidero, lo primero que va a hacer es lo que supuestamente ella no quiso”, agregó.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, consideró que es “muy preocupante” que el Gobierno actúe con discrecionalidad para tomar decisiones “con motivación política” sobre cargos técnicos de la más alta importancia, en sectores particularmente sensibles, como es el sistema penitenciario.

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“Lo que más preocupa es que haya una consideración política, ya sea como en este caso por factores como Antauro Humala o Alberto Fujimori, que termina imponiéndose sobre criterios técnicos”, lamentó.

—Conducta reiterada—

Los expertos concordaron en que este accionar del Gobierno no es un hecho aislado y que muestra conductas reiteradas de no solo colocar a personas con cuestionamientos, sino también de remover a actores que pareciesen ser incómodos. “Estamos viendo por parte del Gobierno un reiterado comportamiento a favor de actos que son cuestionados o que pareciesen no ser los correctos”, dijo Zegarra.

Por ello, Rotta sostuvo que es necesario que el Gobierno garantice que no haya influencia de motivaciones políticas en las designaciones de la gran mayoría de cargos, sobre todo de perfiles técnicos. “Es muy importante que haya una transparencia de las motivaciones que justifican los cambios, eso es algo que debiera ser un principio fundamental”, señaló.

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