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"La ‘superley’ con cambios", por José Carlos Requena

"El debate de mañana en el Congreso mostrará qué tanto se ha avanzado", sostiene el analista político

La ‘superley’ con cambios, por José Carlos Requena

La ‘superley’ con cambios, por José Carlos Requena

La propuesta presentada esta semana por el Ejecutivo para implementar la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha generado numerosas reacciones.

La ex candidata presidencial Verónika Mendoza la criticó por estar “abriendo las puertas a la corrupción”, y por ser “centralista”, mientras los gobernadores regionales de la mayoría de zonas afectadas expresaron su “pleno respaldo”, tras una reunión sostenida con el jefe del Gabinete, Fernando Zavala, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Al margen de críticas o apoyos, el proyecto enviado al Congreso (proyecto de ley 1249) despierta serios reparos.

En materia de control, el inciso 4 del artículo 7 presenta algunas disposiciones que, en procura del dinamismo, acuden a la excepcionalidad y que resultan controversiales, sobre todo a la luz de recientes revelaciones referidas a casos de corrupción. Se dice, por ejemplo, que “las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecutan en el marco de la presente ley se someten a procedimientos excepcionales de control gubernamental”. El mismo acápite precisa que “el control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios”.

Otro aspecto cuestionable es el referido a la posibilidad de implementar una comisión interventora a los gobiernos regionales y locales, cuando estos enfrenten situaciones en que se pongan en riesgo “la normal y correcta operación de los servicios públicos o la infraestructura de uso público o que generen un vacío de poder que comprometa la toma de decisiones administrativas” (disposición complementaria décima primera). Esta comisión, además, asumiría el pliego presupuestal ante lo que parece constituir una vacancia, ejecutada al margen de la legislación electoral vigente. 

El artículo más delicado es el noveno. Al tratar la antinomia (conflicto o contradicción entre dos leyes), presenta la ley de creación de la Autoridad para la Reconstrucción como una que se impone a todo. Esta ‘superley’ se aplicaría sobre otras de mayor rango, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Se indica que “son de aplicación obligatoria las disposiciones de la presente ley en caso de existir antinomia”, no solo con las leyes mencionadas sino “en general con cualquier otra ley que la contradiga”.

Se sabe que un grupo congresal, conformado por los opositores Miguel Ángel Torres y Úrsula Letona, y el oficialista Juan Sheput, afina las acciones correctivas para poder sacar adelante la norma. Solo con estos cambios, la autoridad podrá tener viabilidad real, según el ordenamiento jurídico del país: la ‘superley’ se haría ley. El debate de mañana en el Congreso mostrará qué tanto se ha avanzado.

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