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Titular del Poder Judicial culpa de la excarcelación de 'Goro' al INPE y a la PNP

El presidente de la Corte Suprema José Lecaros Cornejo dijo que “(Rubén Moreno) está libre por errores del INPE y de la Policía y que se ha detectado “pequeñas irregulares” en el Poder Judicial

Titular del Poder Judicial culpa de la excarcelación de 'Goro' al INPE y a la PNP

Moreno Olivo fue excarcelado a pesar de tener una condena de 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el primer atentado de Ezequiel Nolasco. (Foto: archivo)

El presidente del Poder Judicial del Perú, José Lecaros Cornejo, consideró que la responsabilidad de la excarcelación de Rubén Moreno Olivo, conocido como ‘Goro’, acusado de ser el jefe de los sicarios de la presunta red criminal de César Álvarez, es del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional.

Rubén Moreno fue liberado el 13 de junio con un mandato de arresto domiciliario por un plazo de 18 meses por su presunta participación en el crimen de Hilda Saldarriaga Bracamonte, testigo clave del primer atentado contra el ex consejero Ezequiel Nolasco, a pesar de tener una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa de Nolasco.

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(Rubén Moreno) está libre por errores del INPE y de la policía. El INPE por no haber tenido cuidado en registrar la sentencia y la policía por no haber cumplido con realizar la vigilancia permanente del mandato de arresto domiciliario. (Los del INPE) son tan responsables que el ministro (Vicente Zeballos) ha destituido a los miembros del Consejo Nacional Penitenciario del INPE”, sostuvo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

Según Lecaros Cornejo, el Poder Judicial cumplió con comunicar sobre la sentencia al INPE. Precisó que el 22 de enero de este año el INPE del Santa registró los antecedentes judiciales de Moreno Olivo.

“Cuando hay una ejecutoria suprema, el juez del Santa comunicó al INPE del Santa que este señor fue sentenciado a 25 años de prisión, tanto es verdad, que en el INPE del Santa, con fecha del 22 de enero del 2019, aparecen inscritas las dos sentencias, la de primera y segunda instancia. Es el INPE del Santa, que no sé por qué razones, no comunicó la noticia de la sentencia a la central de Lima para que tomara las acciones pertinentes, ver dónde estaba detenido y disponer que se inscriba la sentencia en el registro del penal donde estaba recluido”, afirmó.

A su turno, la congresista Yenni Vilcatoma recordó que la Corte Suprema se demoró 16 meses en recabar las firmas de los vocales para enviar el fallo condenatorio a la Corte del Santa para que esta realice el trámite de la inscripción de la sentencia en el INPE.

En tanto, Lecaros Cornejo dijo que la demora se ha dado debido a la carga procesal que existe en la Corte Suprema. “Este es un problema muy grave, la cantidad de procesos desborda la capacidad de la Corte Suprema”, añadió.

Además, el magistrado indicó que se ha abierto un proceso administrativo disciplinario contra cuatro servidores para ver si hubo negligencia o alguna responsabilidad en la demora del registro de los antecedentes judiciales de Rubén Moreno Olivo.

“Se ha detectado que hubo pequeñas irregulares en el Poder Judicial respecto a que el INPE de Lima le comunicó que faltaba documentos los empleados de la Corte del Santa no cumplieron oportunamente con completar esta documentación. Se tendrán que aplicar las sanciones más severas, se ha liberado a un sicario que no debió salir jamás”, enfatizó.

Se conoció que los cuatro servidores investigados son Leyla Araceli Arroyo Rubio de Pérez, secretaria judicial de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, así como sus asistentes Jenny Araujo Sarrin y Glen Jonston Contreras Acuña, y la secretaria del juzgado liquidador, Elsa Selena Lucar Milla.

Vale indicar que, el 27 de diciembre del 2018 la Sala Penal Liquidadora Transitoria del Santa envió un oficio al INPE para que registrara la sentencia de Moreno Olivo, pero la Subdirección de Registro Penitenciario informó que el expediente se devolvió dos veces porque el expediente no tenía firma y huella digital del secretario judicial y el fallo resolutorio de la sentencia. Finalmente, la inscripción de la condena se concretó recién el 4 de julio pasado.

-Abogado denuncia amenazas-

Durante la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, Marco Sánchez Ponte, abogado de los deudos de Ezequiel Nolasco, denunció que ser víctima de amenazas de muerte por parte del sentenciado Rubén Moreno y de la abogada de César Álvarez, Yessika Arteaga.

“Estoy sufriendo las consecuencias de la fuga de Rubén Moreno Olivo, yo no sabía que (el 13 de junio) estaba en libertad. Él ha ido muy campechanamente a mi domicilio (en Chimbote) a celebrar su fuga, ha hecho dos disparos al aire, calibre 9 milímetros”, expresó al borde de las lágrimas.

Añadió que la defensora de Álvarez le ha enviado ayer un mensaje intimidante tras conocerse el traslado de su patrocinado al penal de Challapalca.

“De manera directa y sin tapujos la abogada del procesado César Álvarez, Yessika Arteaga, ha tenido la desfachatez de enviar un mensaje que de todas maneras haga lo que haga no me voy a salvar. Son cosas graves que están pasando, ojalá que las conclusiones sirvan para mejorar la calidad de vida de la población y su seguridad. No es posible que esté sucediendo la fuga de los sicarios de la red criminal de Áncash y algo debe hacerse señor presidente”, exclamó Sánchez, quien también es agraviado en el caso Nolasco.

-Pedidos-

La parlamentaria Yeni Vilcatoma ha solicitado la destitución e interpelación de los ministros de Justicia e Interior, Vicente Zeballos y Carlos Morán, por la liberación de Rubén Moreno.

“Con la liberación de Rubén Moreno se ha puesto en riesgo la seguridad pública. Son delitos no errores, ya no podemos confiar en las medidas de seguridad de un penal, le han abierto las rejas teniendo una orden judicial que tenía 25 años de prisión. La liberación del Goro le tenemos que agradecer al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Justicia Vicente Zeballos, exigimos su inmediata renuncia. Ha pasado un mes y este ministro sigue en el cargo”, enfatizó.

Además, ha pedido que se invite al juez Richard Concepción Carhuancho para que explique que, si el mandato de arresto domiciliario contra Moreno Olivo disponía la vigilancia permanente de la Policía Nacional, y que se le cite al actual jefe del INPE y al ex presidente del Consejo Nacional Penitenciario para que brinde explicaciones.

Sustentó que no solo se deben tomar acciones contra el personal administrativo de la Corte del Santa, sino contra los servidores y jueces de la Corte Suprema de Justicia porque tardaron en emitir el fallo condenatorio contra Moreno.

Vilcatoma también requirió que se brinde la protección policial para el abogado Marco Sánchez Ponte para evitar algún atentado contra su vida y la de su familia.

Finalmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso convocó para el martes 23 de julio una sesión ordinaria en la que se citará a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, y a los representantes de otras instituciones que tendrían que ver en el caso.

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