Todo sobre el caso de la enfermera que fue agredida sexualmente en Juliaca y falleció tras varios días de agonía

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La enfermera, que laboraba en el centro médico Ayaviri, fue hallada por agentes policiales la noche del 31 de marzo en un inmueble que alquilaba en Juliaca. Fue el propietario de este sitio quien alertó a la policía tras escuchar gritos y música con alto volumen. En el lugar también fueron encontrados los presuntos responsables del delito, identificados como Renato Francisco Quispe Ramos (26) y Dino Álvarez Limahuay (30).

La mujer fue torturada por sus agresores. Según reportes oficiales, estos la apuñalaron y golpearon para abusar sexualmente de ella. Ambos sujetos son investigados de forma preliminar por los delitos de violación sexual y lesiones graves.

“A pesar de todos los esfuerzos médicos y de haber puesto a disposición de nuestra asegurada toda la infraestructura y equipamiento con el que cuentan nuestros hospitales, primero en Hospital Base III de Juliaca y luego en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, hoy (miércoles), en horas de la mañana, lamentablemente falleció”, informó Essalud a través de un comunicado.

Atención médica inmediata

En un primer momento, la paciente fue atendida en el hospital Base III de Juliaca. Sin embargo, a causa de la gravedad de sus lesiones, el 4 de abril fue trasladada a Lima e internada en el hospital Edgardo Rebagliati a fin de recibir atención médica especializada.

El traslado se realizó luego de que la junta médica determinara que tenía las condiciones para ser referida a Lima en ambulancia aérea. La paciente se encontraba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Base III Juliaca.

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El presidente ejecutivo de Essalud, Arturo Orellana, indicó que la mujer llegó a estar muy grave, incluso con criterios de inamovilidad, por lo que era muy riesgoso hacer algún tipo de traslado. Sin embargo, al final sí fue posible luego de que se le practicase una intervención quirúrgica, la cual se prolongó hasta por 6 horas.

Orellana precisó que la ambulancia aérea contaba con ventilador mecánico, médico intensivista y enfermera especializada.

Dos días después de este traslado, ya en Lima, Essalud dio cuenta que los médicos se vieron en la necesidad de amputarle parte de una de sus piernas. “Nuestros médicos vieron la necesidad de amputar parte de una de sus piernas, situación que ha sido manejada en estricta coordinación con los familiares de nuestra asegurada”, mencionaron mediante un comunicado.

¿Quiénes son y dónde están los detenidos?

El pasado 3 de abril, la jueza Yovana Carlos Villán, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Melgar, en Puno, ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Renato Quispe Ramos y Dino Álvarez Limahuay, acusados de violación sexual y lesiones graves en agravio de la enfermera.

Ambos sujetos fueron trasladados al establecimiento penitenciario de Juliaca, culminada la audiencia de prisión preventiva. Vale precisar que ambos trabajaban en el centro médico Ayaviri, bajo la modalidad de tercerización de servicios. Uno cumplía la labor de vigilante, mientras que el otro era digitador.

En paralelo a esta medida, Essalud, a través de la Red Asistencial de Juliaca, exigió una ejemplar sanción contra Quispe y Álvarez. “Deploramos estos actos de agresión y exigimos a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de estos hechos”, manifestó.

Reacciones

Silverio Añasco, tío de la enfermera, dijo a El Comercio que lo único que pide la familia a las autoridades policiales y judiciales es que se haga justicia, una investigación amplia, pues presumen que una persona más habría participado de este ataque. Asimismo, precisó que su sobrina no conocía a los presuntos responsables.

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“Pedimos a la fiscalía y Poder Judicial que le caiga todo el peso de la ley a los responsables. Ella ya había recibido amenazas anteriormente por un problema conyugal. Todo lo que ha pasado ha sido premeditado. Se le ha intentado descuartizar”, sostuvo.

Por su parte, Maria Isabel Miranda, presidenta de la Federación de Enfermeros del Perú, indicó que en reiteradas ocasiones han realizado plantones y movilizaciones para que las autoridades puedan esclarecer este y otros casos en el que las enfermeras vienen siendo agredidas.

“Pedimos la celeridad en el caso y que se pueda investigar a fondo para que no vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable. Se enluta a una familia y se deja a tres niños menores de edad. Dentro del Colegio de enfermeros y de la Federación tenemos muchas denuncias de colegas que durante el Serum o en sus viajes de prevención de la salud han sido también vulneradas”, comentó

En conferencia de prensa, la presidenta de la República Dina Boluarte brindó sus condolencias a los familiares de la enfermera atacada en Puno y que falleció este miércoles.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también expresó sus condolencias a la familia de la enfermera e indicó que seguirán brindando atención integral a sus familiares. “Exhortamos a los operadores de justicia a sancionar sin dilaciones y con todo el peso de la ley a los feminicidas y violadores”, señaló.

A través de redes sociales, la Defensoría del Pueblo lamentó el deceso de la enfermera de Essalud y reiteró el pedido al Ministerio Público para que se varié la tipificación y se investigue el caso por delitos de violación sexual y feminicidio, “valorando ferocidad y ensañamiento con que se efectuó el ataque. Esta muerte no puede quedar impune”, dijo.

“Recordamos que enviamos oficio a la Fiscalía solicitando varíe tipo penal, que hoy corresponde a feminicidio. La oficina desconcentrada de control interno de esta entidad debe investigar disciplinariamente a los responsables. Este proceso debe ser célere y con debida diligencia”, sostuvo.

Por último, Essalud agregó que el hospital Rebagliati brindó soporte emocional y social a la familia de la enfermera y la mantuvo siempre informada sobre su delicado estado de salud. “Les expresamos nuestras más sentidas condolencias por esta pérdida irreparable”, señalaron.

Ola de violencia contra la mujer

El pasado 18 de marzo, Katherine Gómez (19) fue quemada por su expareja Sergio Tarache Parra en las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo. Ella falleció días después debido a la gravedad de sus heridas.

Asimismo, casi al mismo tiempo, causó gran indignación la noticia de que una niña de solo 11 años había sido torturada y dejada al borde de la muerte al luchar contra Yeison Lucano Leiva, quien intentó violarla, en un centro poblado de Ucayali. La menor sufrió graves lesiones en su cerebro y se debate entre la vida y la muerte.

Tras hacerse públicos ambos casos, la Defensoría del Pueblo alertó que los derechos de las mujeres se hallan en emergencia, pues identificado que los crímenes en contra de adultas, niñas y adolescentes se ejecutan con mayor crueldad y ensañamiento.

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“Si bien desde el 2015 se han venido emitiendo normas para enfrentar el problema, en los hechos la situación no ha mejorado, lo que impacta no solo en la vida y derechos de las mujeres, sino en toda la sociedad en su conjunto”, señaló la defensora del pueblo, Eliana Revollar.

En lo que va del 2023, se han denunciado 1.704 casos de violación sexual. En más del 60% las víctimas fueron menores de edad y, de este grupo, más del 90% se trató de niñas y adolescentes.

En tanto, hasta fines de febrero se cuentan ya 33 feminicidios. Por otra parte, se han perpetrado 43 tentativas de feminicidio solo en los dos primeros meses del año, según estadísticas oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).