Conozca detalles de la detención de 19 acusados de tala ilegal

Más de ocho meses de investigación fiscal e inteligencia policial se tradujeron ayer en la captura de una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de madera en la ciudad de Pucallpa (Ucayali). De los 19 detenidos hay dos policías, cuatro funcionarios del sector forestal y transportistas, entre otros, quienes operaron durante seis años.

La organización, denominada Los Patrones de Ucayali, operaba desde el proceso de extracción, acopio, blanqueamiento, comercialización y transporte hasta la exportación de la madera ilegal. Según las autoridades que investigan el caso, extraían madera en Huánuco, Pasco y Ucayali y la ingresaban al mercado con documentación falsa.

Además, buena parte del recurso se extraía de las comunidades nativas de Pucayacu y Sumac Allpa, en Loreto.

La madera tenía como destinos principales China, México y Estados Unidos. Esta organización movilizaba cada semana 50 m3 de madera (un promedio de 2.400 m3 al año). 

Diariamente salían de Pucallpa hacia Lima cerca de 100 camiones cargados de madera con sus respectivas guías de transporte forestal (GTF), las que registran a los dueños; sin embargo, el 50% de ellos eran propietarios de fachada. “El 90% de los vendedores evade el pago de impuestos, al utilizar facturas y guías de remisión vendidas en el mercado informal”, dijo a este Diario una fuente policial que participó en la investigación sobre el modus operandi de esta organización.

Malos funcionarios

Entre los detenidos hay dos policías en actividad: los suboficiales Jorge Jara Herrera y Juan Vásquez García. Además hay cuatro ingenieros de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali: Jhonny Reátegui, Erick Portal, Paul Barrio de Mendoza y Jhon Fernando Meléndez Guevara. Estos últimos están acusados por el delito de corrupción. 

El coordinador de las fiscalías de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que las personas intervenidas serán detenidas por siete días en forma preliminar y tras ello se solicitará su prisión preventiva. La acusación es por los delitos de atentado contra los bosques o formaciones rocosas, tráfico ilegal de madera en su forma agravada, corrupción de funcionarios y lavado de activos. La máxima pena por tráfico ilegal de madera es de 10 años de prisión.

Durante la intervención, coordinada con la Oficina del Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal (perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros), se incautaron S/69.340, cuatro camionetas y un tráiler cargado de madera en Lima.

La legislación es clave

Julia Urrunaga, directora de Programas en el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental  (EIA), resaltó que por primera vez se haya aplicado la base legal contra el crimen organizado para combatir delitos de extracción y comercio de tala ilegal.

“Esta legislación permite herramientas especiales, como seguimientos y el levantamiento del secreto bancario y tributario, que son claves para procesar a estas redes. Además, otorga mayores plazos para las investigaciones, mayores recursos y penas”, dijo Urrunaga.

Erik Fischer, presidente del Comité de Madera e Industria de la Madera de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), pidió que se promueva el trabajo legal en bosques para obtener recursos madereros. “Los bosques están a expensas de este ilícito; aquí se debe recibir a empresas dispuestas a brindar trabajo formal con manejo sostenible del recurso”, dijo