Según expertos, la construcción de vías en localidades fronterizas abren puertas a actos ilícitos, como la tala ilegal (Foto: Lino Chipana)
Según expertos, la construcción de vías en localidades fronterizas abren puertas a actos ilícitos, como la tala ilegal (Foto: Lino Chipana)

El 3 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso debatió dos proyectos de ley que proponen derogar la Ley 30723, que declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, y que puede ser utilizada como base para la constitución de proyectos en la zona.

Ambas iniciativas legislativas, presentadas por Tania Pariona (Nuevo Perú) y Marco Arana (Frente Amplio), argumentaron en sus exposiciones de motivos que dicha ley –promovida por Glider Ushñahua (Fuerza Popular)– amenazaría a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci).

Esta misma opinión también la han expresado instituciones como el Ministerio de Cultura (Mincul), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.

—Antecedentes—
En el 2017, cuando aún se debatía el proyecto presentado por Ushñahua en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, se cuestionó que este grupo de trabajo no había tomado en cuenta la opinión de instituciones especializadas como el Mincul, el Sernanp, la defensoría y el Ministerio del Ambiente (Minam).

Estas entidades se mostraron en contra de la propuesta. Por ejemplo, el sector Cultura explicó que la construcción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali podría afectar directamente el territorio de al menos cuatro reservas indígenas (Isconahua, Murunahua, Madre de Dios y Mashco Piro).

No obstante, la comisión emitió un dictamen favorable, el cual fue discutido –en diciembre pasado– en el pleno. En segunda votación, se dio luz verde a la norma. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski pudo observarla en el plazo constitucional establecido (15 días útiles), pero como no lo hizo la llamada ley Ushñahua fue promulgada por el Congreso en enero de este año.

—El debate—
Tras ello, Arana y Pariona presentaron proyectos de ley para derogar esta norma. Durante el debate, llevado a cabo la semana pasada, la congresista de Nuevo Perú dijo: “El Perú tiene compromisos internacionales y leyes vigentes a favor de los pueblos indígenas que deben respetarse”. Arana se refirió sobre el hecho de que no se haya tomado en cuenta la opinión contraria de las instituciones especializadas.

“Esto originó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) actualizara su clasificador de rutas para proteger a las áreas naturales protegidas y las zonas de amortiguamiento de futuros proyectos viales. El desarrollo debe ser compatible con el derecho de todos y sobre todo de los más vulnerables”, dijo Arana.

Ushñahua defendió su propuesta: “Gracias a la Ley 30723, se ha dado visibilidad a la provincia de Purús, en Ucayali. Existe una preocupación por la falta de conectividad en las zonas de frontera, que dependen mucho de Brasil. Esta norma tiene que seguir vigente porque con ella nuestros hermanos indígenas se sienten respaldados y amparados”.

En tanto, el congresista Carlos Tubino (Fuerza Popular) dijo que su bancada mantendrá su oposición a la derogación de la llamada ley Ushñahua. “Yo pediría la derogación, pero con una mayor conectividad. Hay un gran grupo de personas que buscan eso, aunque no proponen nada. Vivimos en un mundo interconectado; vivir así [sin conectividad] es estar condenados a la pobreza”, dijo a El Comercio.

Cabe recordar que, en el 2016, Tubino presentó un proyecto de ley de similares características al de Ushñahua, que buscaba priorizar la conectividad terrestre en la provincia de Purús. Este fue igualmente cuestionado.

El debate en la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso finalmente fue suspendido hasta la próxima sesión, para intentar lograr algún consenso.