La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali gestiona, en coordinación con la Policía Nacional, el apoyo aéreo de un helicóptero para trasladar a personal fiscal, policial y médico-legal al distrito de Yurúa, en la provincia de Atalaya. El desplazamiento forma parte de la investigación preliminar por el presunto homicidio del líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha, de 57 años.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali gestiona, en coordinación con la Policía Nacional, el apoyo aéreo de un helicóptero para trasladar a personal fiscal, policial y médico-legal al distrito de Yurúa, en la provincia de Atalaya. El desplazamiento forma parte de la investigación preliminar por el presunto homicidio del líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha, de 57 años.
Según las primeras indagaciones, a cargo de la fiscal provincial Milagros Santibáñez Guillén, el hecho ocurrió mientras Pascuala realizaba labores de vigilancia territorial en su condición de defensor territorial y exjefe de la comunidad nativa Onconashari.
El Ministerio Público informó que la investigación fue iniciada de oficio, sin necesidad de una denuncia formal previa, en ejercicio de sus facultades para intervenir de manera inmediata ante la presunta comisión de delitos graves.
Según información de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Pascuala Tomisha se encontraba realizando labores de monitoreo y vigilancia dentro del territorio de su comunidad cuando encontró a terceros que presuntamente extraían aceite de copaiba.
En esas circunstancias se habría producido un enfrentamiento. El dirigente recibió impactos de arma de fuego que le causaron la muerte.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también informó sobre el caso y señaló que existen reportes, desde al menos 2020, sobre el ingreso no autorizado de terceros a la comunidad nativa Onconashari para la extracción de copaiba. La organización también reportó amenazas contra comuneros.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo solicitó el esclarecimiento del caso y la determinación de responsabilidades. Asimismo, pidió evaluar de manera inmediata los riesgos que enfrentan las autoridades comunales, líderes indígenas y demás defensores del territorio.
El Distrito Fiscal de Ucayali y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo señalaron que las acciones emprendidas forman parte de la atención institucional frente a hechos que afectan la vida, integridad y derechos de defensores territoriales e indígenas.
Una pareja denuncia haber perdido todos sus ahorros tras ser engañada por un estafador que les hizo creer que había encontrado oro enterrado. La investigación apunta a una posible red de cámaras de vigilancia y la denuncia ya fue presentada ante la división de estafas de la Dirincri. 
