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“No estaré bien sin mis hijos”
Redacción EC

Por: Mirelis Morales Tovar


El viaje estaba programado para el jueves 23 de agosto. Siete días de trayecto los separaba. Siete largos días desde Venezuela hasta Perú. Pero la certeza de tener una fecha de llegada le hacía sentir a Diomara Belisario que estaba más cerca de sus dos hijos menores, de quienes se despidió el 13 de julio, cuando partió en ómnibus desde Cagua (estado de Aragua) rumbo a Lima.

Tenía todo listo. Ella había dejado dinero a una prima. Un carta-poder y las indicaciones para la travesía. Lo que no contaba era que el Gobierno Peruano anunciaría, el 17 de agosto, que el pasaporte será requisito obligatorio para los venezolanos que buscan ingresar al país, en un intento desesperado de salir de la crisis. Sin más, su reencuentro se truncó.

“Ahora , lo único que hago es llorar”, confiesa, con voz entrecortada.

Diomara trabajaba como manicurista en Venezuela. Ella sola levantó a sus tres hijos, dos de ellos con cardiopatía congénita: la de 17 años padece hipotensión arterial sostenida y el de 13, síncope vasovagal.

Sin ayuda paterna, maniobraba para mantenerlos. Pero la crisis económica –que tiene a Venezuela sumergida en una hiperinflación– empezó a mermar la capacidad de Diomara para comprar alimentos, pagar estudios y asumir tratamientos médicos.

“Todo lo que ganaba se me iba en comida”, cuenta, mientras prepara café para su venta ambulante en Los Olivos. “Ya no conseguía medicamentos. Tuve que empezar a postergar las visitas mensuales de mis hijos al cardiólogo. Al final, no conseguí cómo inscribirlos y se quedaron sin estudiar. Luego a mí me detectaron tumores benignos en el endometrio. Perdí 27 kilos entre mi condición y la falta de comida. Estaba desesperanzada”.

Hasta entonces, nunca había salido de Venezuela. No tenía pasaporte. Y en un país con control cambiario, ahorrar en dólares es asunto de unos cuantos. Comenzó a tramitar el documento en febrero de este año. Desafió las caídas de la señal de Internet y el colapso de la web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), hasta que obtuvo la cita. Acudió a la sede del organismo, entregó documentos, se tomó la foto y puso sus huellas. Esperó. Pero en cinco meses el estatus de su trámite nunca avanzó. Y Diomara se desesperó.

Ambar Cueva escucha atenta el relato y asienta con la cabeza. Sabe muy bien de lo que habla su vecina de cuarto en el hostal de Los Olivos, donde se hospedan a un costo de S/300 al mes. “En enero inicié mi trámite para el pasaporte. Esperé hasta junio y nada que salía. Ya no podía seguir esperando. El dinero no me alcanzaba. Mis hijos necesitaban ropa. No tenía dinero para seguir pagándoles los estudios. Si se me enfermaban, no tenía cómo comprar las medicinas. Llegamos a hacer una comida al día. Te estoy hablando de yuca y arroz con huevo, con suerte. En el peor de los casos, arroz solo o arepa sin relleno”. Ambar hace una pausa. Se contiene.

“O me arriesgaba a venir sin pasaporte o nos moríamos todos de hambre”, dice.

Ni su esposo ni sus tres hijos tienen el documento. Así que Ambar decidió a principios de julio venir a Lima con la esperanza de establecerse, trabajar y enviar dinero a Venezuela para traer a su familia, que vive en la ciudad de Valencia (estado Carabobo). Pero a la fecha no ha conseguido empleo como peluquera y el nuevo requisito migratorio frena indefinidamente sus planes. “Yo calculaba que en noviembre ellos estarían aquí conmigo”, lamenta. “Ahora mis hijos tienen miedo de que no nos volvamos a ver”, dice sin soltar el celular, donde tiene guardadas fotos de su hijo de 15 años y sus mellizos de 9.

-Odisea por un pasaporte-

Ambas tienen la fe puesta en una eventual rectificación del Gobierno del Perú, al menos en lo que respecta al acceso de menores de edad. La otra opción que les queda es mover cielo y tierra para sacarles el pasaporte a los niños. Pero en Venezuela no hay divinidad que agilice un trámite. El dinero, en cambio, lo mueve todo.

Por la vía legal, resulta infructuoso cualquier intento para obtener el pasaporte. La web del Saime se cae con frecuencia y los usuarios intentan entrar hasta en la madrugada. Si no está en mantenimiento, el sistema registra error. Y de conseguir la cita, luego no hay material para hacer la impresión del documento. Ese calvario ha sido el caldo de cultivo para la proliferación de gestores y de mafias dentro de la institución, que llegan a cobrar entre US$500 y US$1.000 por la emisión. Una trama de corrupción que ni el intento del Gobierno Venezolano de habilitar un servicio exprés ha logrado frenar.

Historias de estafas sobran. Pero nadie denuncia por temor. Una migrante venezolana, quien pidió no revelar su identidad, tuvo siete meses intentando sacarle el pasaporte a la persona que se encargaría de cuidar a sus hijos en el nuevo país donde se estableció con su familia. Tuvo que pasar por cinco gestores. En esa cadena, quedó al descubierto la red de corrupción que va desde vigilantes hasta directivos. “Aquí hay material para sacarles pasaporte a mil millones de personas, siempre que paguen US$800”, le dijo una funcionaria. El último gestor le cobró US$2 mil en abril de este año. Solo así logró conseguirlo.

Ese costo no está al alcance de Diomara. Tampoco de Ambar. Ni siquiera sus familias tienen la posibilidad de viajar a Caracas para intentar gestionar el documento en la sede principal del Saime, por la falta de transporte y de efectivo. “No estaré bien ni feliz en Perú hasta que no tenga a mis hijos conmigo”, se lamenta Ambar. “Lo que quiero es traérmelos y luchar. Estar sola aquí es muy duro”.

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