El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, invocó a los dirigentes indígenas de la comunidad nativa de Chapis y de Mayuriaga, ambas ubicadas en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), a deponer las acciones de fuerza e iniciar el diálogo con el Gobierno.
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Sobre el primer caso, el titular del sector que lidera la prevención de la conflictividad en el país, informó que un equipo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) viajó a la zona con el propósito de dialogar con los dirigentes de Chapis, pero dijo, antes se debe garantizar la paz y seguridad.
“Somos conscientes que el Gobierno tiene una deuda histórica con la Amazonía, y estamos dispuestos a atender sus demandas. No tiene ningún sentido que tomen estas medidas de fuerza cuando hemos ayudado a la comunidad (Chapis) en la calidad de sus servicios y estamos avanzando con los otros pendientes. Es momento de seguir trabajando”, declaró Molina a El Comercio.
De acuerdo al viceministro, durante los últimos meses la PCM ha estado trabajando con los dirigentes de Chapis sobre la remediación ambiental tras el derrame de petróleo en la comunidad por una rotura del Oleoducto Norperuano en noviembre de 2017. El pedido de la comunidad durante este tiempo es que se extendiera el plazo de la remediación planteado por Petro-Perú.
“A fines de noviembre o inicios de diciembre han ampliado a sus pedidos una agenda de servicios públicos y estamos dispuestos a discutirlo. Pero deben entender que son demandas de muchos años que no se solucionan en una sola sesión”, añadió Molina.
Parte de la comunidad awajún de Chapis, ubicada en el distrito de Manseriche en la provincia de Datem de Marañón, bloquea desde el 5 de noviembre el acceso a la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa Petro-Perú. En las últimas horas se informó además que han bloqueado un tramo de la carretera Saramiriza-Bagua.
Ismael Pérez Petsa, líder indígena y asesor de la comunidad Chapis confirmó a este Diario el bloqueo de la carretera y dijo que este se mantendrá hasta que el Ejecutivo garantice la solución de sus demandas, entre otras: el cambio de oleoducto en el ramal norte y el financiamiento de un plan de estudio toxicológico de metales pesados a las comunidades.
En versión de Pérez Petsa, la protesta se debe a incumplimiento de actas firmadas por el Gobierno luego del derrame de petróleo de noviembre de 2017.
“Si no nos dan respuesta radicalizaremos esta medida de fuerza. Hemos firmado muchas actas y nuestro pedido no ha sido escuchado. Estamos dando las garantías para dialogar en las instalaciones de la Estación 5 de Petro-Perú”, dijo Ismael Pérez.
En el caso de la comunidad nativa de Mayuriaga ni los representantes de Petro-Perú ni las autoridades han podido ingresar para reparar el corte del oleducto y frenar la expansión del derrame de petróleo. Según ha informado la empresa, los dirigentes de la comunidad de Mayuriaga amenazaron con atentar contra el ducto debido a que están en de acuerdo con los resultados electorales del pasado 7 de octubre.
En rueda de prensa en Iquitos, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes precisó que su sector se ha reunido con representantes de Petro-Perú para intentar dar solución al conflicto en la Estación 5. El ministro estaba acompañado de César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros.
“El origen de esto es que hubo un desentendimiento entre empresa y comunidades. Primero tenemos que resolver este conflicto especifico pero luego vamos a impulsar de manera muy decidida las necesidades que tienen estas poblaciones”, declaró Ísmodes.
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