Viceministro de Gobernanza: “Nuestra premisa es buscar soluciones dialogadas”

El enfoque de este gobierno para abordar los conflictos sociales pasa por priorizar el diálogo frente al uso de la fuerza. Al respecto, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, subraya que existe un mandato expreso de no firmar acuerdos que no se puedan cumplir.

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—Han logrado un acuerdo en Mayuriaga (Loreto) que permite la reparación del Oleoducto Norperuano luego de casi tres meses. ¿No cedieron demasiado frente a una emergencia causada por un corte intencional hecho por la comunidad?

Las investigaciones [por el corte del oleoducto] siguen en el Ministerio Público. Es un tema sensible donde, por supuesto, la comunidad ha querido que aboguemos para que Petro-Perú retire las denuncias. La fiscalía es independiente y el Ejecutivo no hará nada por vulnerar sus competencias. Tienen que hacer su trabajo.

—¿Qué condiciones impuso la comitiva del gobierno?

Se les ha dicho que si queremos desarrollo, debemos respetar la ley. Las comunidades amazónicas tienen innumerables brechas por atender, pero la forma de obtener atención del Estado no es vulnerando la ley o atentando contra la propiedad ajena. Tampoco vamos a desatender a una comunidad porque realizaron una mala acción para obtener atención.

—El riesgo es que otras comunidades apelen a medidas extremas para llamar la atención del gobierno, o como estrategia de negociación.

En todo el Perú las comunidades han sido desatendidas por muchos años. Decir que claudicamos al negociar con estas sobre sus brechas acumuladas no es apropiado. Por otro lado, sí es verdad que muchas veces las comunidades no usan los mejores métodos para llamar la atención.

—Y el gobierno aún no tiene capacidad para adelantarse.

A pesar de que aún no podemos adelantarnos, el Ejecutivo está logrando ponerse de acuerdo en un ambiente democrático. Es fácil decir que no hemos enfrentado ningún gran conflicto, pero hemos controlado conflictos como los de La Convención, Atalaya, San Ramón y Loreto. ¿Sería ideal que no fuera en un clima de reclamo violento? Sí, sería ideal, pero avancemos.

—En Las Bambas está bloqueado el corredor minero y se suspendió el diálogo.

Estuvimos allá, mediando. Se rompió el diálogo la última vez. Somos muy claros: podemos discutir todo lo que la comunidad necesite en términos de desarrollo, inclusive mediar en compromisos pendientes de la empresa, pero no se pueden cerrar vías nacionales. La comunidad pidió un nuevo diálogo el lunes 4 en Cusco. Insistimos con sus dirigentes para que desocupen la vía.

—El martes último, el Ejecutivo amplió por quinta vez consecutiva el estado de emergencia en el tramo bloqueado del corredor minero. ¿En algún momento culminará esa medida de excepción?

No estamos en condiciones normales en el ámbito del fundo Yavi Yavi [donde los comuneros de Fuerabamba bloquearon el corredor minero], a eso responde la medida. Tenemos la mayor voluntad de culminar el estado de emergencia, pero para eso tenemos que generar condiciones donde la relación entre el Estado, la comunidad y el sector privado satisfagan progresivamente las expectativas y mejoren las condiciones de vida.

—En su esquema al asumir el cargo, los gobernadores cumplirían un rol articulador en el diálogo. ¿Cómo queda eso cuando en el sur vemos una discusión entre los líderes regionales de Puno, Moquegua y Arequipa?

Los gobernadores no tienen la misma visión, y en el caso de Moquegua y Puno tenemos hace mucho tiempo una controversia de límites. A todos nos interesa atender a la población de esas zonas, que son de las comunidades más olvidadas. ¿Por qué no hacemos un proyecto de desarrollo compartido y ponemos en cuerdas separadas el tema de límites? Usaríamos el mismo mecanismo que nos ha permitido avanzar en relaciones con varios de nuestros países limítrofes.

—¿Hay avances respecto al proyecto Tía María?

Es un tema que tenemos que discutir porque es un proyecto importante, pero está vinculado a esta problemática interdepartamental. Si queremos avances en el proyecto, tenemos que avanzar también en una agenda de gestión integral de recursos hídricos. Yo no antepondría Tía María ahora, sino lo llevaría como parte de una discusión de desarrollo en esa zona compartida.

—Otro propósito que no han cumplido es no firmar más actas en conflictos sociales.

Hay que firmar actas en procesos complejos como el de Mayuriaga, pero trabajamos para no firmar compromisos fuera de nuestro alcance. Las actas hoy son menos ambiciosas. Es mejor firmar varias actas progresivas que una enorme que no podamos cumplir.

—¿Los compromisos asumidos en conflictos se convierten en caminos para saltar el proceso regular del Estado?

Por ejemplo, en Mayuriaga o en Chapis (Loreto) tenemos que construir una solución a corto plazo para saneamiento y agua potable. ¿No coincide con las normas técnicas del Ministerio de Vivienda? La norma técnica me va a botar un proyecto dentro de un año. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo que sentarlos a pensar, porque hay una demanda real y una población que está afectada por un problema público.

—¿La estrategia es diálogo sobre el uso de fuerza?

La prueba es que tengo poco más de 10 meses en el cargo y no ha habido ningún lesionado en conflictos. Nuestra premisa es buscar soluciones dialogadas hasta el final.

—Hay quienes consideran que las soluciones a los conflictos deben ser inmediatas.

¿Y con costo social? Nos podrán reprochar que hemos dado muchas largas, pero ha sido para evitar que peruanos afecten a peruanos porque el Estado no fue capaz de atender a un grupo de personas oportunamente. Siempre tenemos el uso de los poderes del Estado en la mano, pero hasta el final tratamos de evitarlo porque tiene mucho riesgo. Es muy fácil decir: “¡Reprime!”, ¿pero tenemos toda la legitimidad para hacerlo? Es una pregunta que vale la pena hacerse.

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