Más de 15 mil funcionarios podrían quedar libres de sanción

La Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional han entrado en un enfrentamiento desde abril de este año por un fallo que suspende la facultad sancionadora del máximo órgano de control. Mientras se resuelve la disputa, aproximadamente 15.200 funcionarios podrían quedar librados de los procesos que tenían en curso por un perjuicio económico que supera los S/360 millones .

En el fallo del TC, del 26 de abril, se declara inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. En ese artículo se mencionan 4 supuestos por los cuales un servidor o funcionario puede ser sancionado por la contraloría.

Un día después de emitido el fallo, el presidente del TC, Ernesto Blume Fortini, anunció que quedaban suspendidos sus efectos. Esto a raíz de un pedido de aclaración formulado por el Congreso. El Parlamento entró a tallar en la disputa debido a que se trataba de la inconstitucionalidad de una ley aprobada en el pleno.

Casi tres meses después, el máximo órgano constitucional no se ha pronunciado sobre ese pedido de aclaración, y la contraloría no sabe cómo proceder.

—En el limbo—
“Estoy atado de manos mientras no se resuelva esa aclaración”, dice a El Comercio Ernesto Aguilar, presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la contraloría. “No puedo investigar respecto a procedimientos vinculados al artículo 46 que han declarado inconstitucional. Estamos en el limbo, no sabemos cómo proceder”, agrega.

Lo que más preocupa a la contraloría son los casos denominados “emblemáticos” donde los perjuicios económicos al Estado se cuentan en millones. “Tenemos casos donde están involucrados funcionarios de nivel alto ligados al actual gobierno en sus tres niveles. Casos como el de Chinchero, Costa Verde del Callao, línea 2 del metro, Eslimp Callao, entre otros”, explicó Aguilar.

La facultad sancionadora de la contraloría sirve para, en paralelo a los procesos judiciales, poder separar a los funcionarios que cometieron faltas y evitar que sigan manejando recursos del Estado. Durante la audiencia de prisión preventiva por el Caso Costa Verde del Callao, la fiscalía reveló que 4 de los 9 procesados seguían trabajando en el Gobierno Regional del Callao pese al cambio de gestión. La contraloría tenía previsto emitir una sanción contra esos 9 y otros 5 funcionarios vinculados al caso.

“Antes de esta ley, las mismas instituciones sancionaban, pero era tener al gato de despensero, pues no eran rigurosas. En la vía administrativa los separamos para que no sigan en un escritorio administrando los recursos del Estado”, afirma Aguilar.

El jefe del tribunal administrativo señala que, desde abril hasta la fecha, ya caducaron las sanciones de casos que causaron un perjuicio económico de casi S/50 millones al Estado.

Este Diario solicitó información al TC sobre la fecha en la que se emitirá el fallo aclaratorio sobre este tema, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

—Problema estructural—
El ex presidente del TC Óscar Urviola explica que el fallo en cuestión lo que hace es interpretar que la facultad sancionadora de la contraloría no está explícita en el artículo declarado inconstitucional, el cual, en su opinión, es bastante genérico para tipificar sanciones y atenta contra el principio de legalidad.

“Sí se ha generado un vacío que beneficia a algunos, pero el TC no tiene ninguna responsabilidad. Existe un descuido, es algo que debió ser observado por la contraloría hace mucho tiempo y que se resuelve con unos dispositivos legales que tipifiquen las sanciones y no las dejen al libre albedrío. Por eso es que la contraloría acaba de presentar un proyecto de ley al Congreso”, apunta.

Para Urviola, el Congreso podría resolver rápidamente el problema aprobando la norma presentada por la contraloría y colocando una disposición transitoria sobre los casos que se encuentran en el limbo. El organismo presentó una iniciativa el 29 de abril, tres días después del fallo del TC, pero hasta la fecha solo emitió su dictamen la Comisión de Fiscalización y falta el análisis del grupo de Trabajo. Para ingresarlo al pleno, necesita el dictamen de ambos –o una exoneración– pero las comisiones recién entran en funciones entre agosto y setiembre, tras la elección de la nueva Mesa Directiva. Hasta entonces, otros casos caducarán.

Desde el punto de vista de la gestión pública, esta disputa revela un problema estructural que nadie se esfuerza en resolver. Mayen Ugarte, profesora de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, indica que la lucha contra la corrupción está centrada en el control que es el punto final de la cadena.

“El problema de control interno necesita sistemas de riesgo preventivos de las organizaciones públicas. Tenemos que trabajar en que esto exista para reducir los posibles actos de corrupción, eso es apuntar al inicio de la cadena”, señala.

La ex secretaria general de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros advierte que los buenos cuadros especializados cada vez ven con peores ojos el ingresar a trabajar al aparato público porque temen ser involucrados en alguna investigación sin sustento.

“De pronto tienes un ingeniero que modifica irregularmente los metrados de una obra, y el informe de control no solo lo incluye a él, sino que también al abogado que validó el expediente desde el área de asesoría jurídica. El abogado se encarga de validar desde el punto de vista legal, ¿cómo puede tener el conocimiento sobre los metrados? Existen varios informes de control que incluyen a todos los que firmaron. Después en el Poder Judicial la acusación se cae, demuestras tu inocencia, pero esa mención en el informe de control ya es una mancha en tu carrera”, dice Ugarte.

–Más de mil funcionarios y exfuncionarios piden anular sus sanciones–
​La contraloría informó a El Comercio que, desde abril hasta la fecha, más de 1.008 funcionarios y exfuncionarios pidieron archivar sus procesos o la nulidad de las sanciones dictadas en su contra. Esto en amparo del fallo del TC.

“Acá existe otro perjuicio económico, pues les responderemos que el fallo del TC no tiene efectos retroactivos y recurrirán a una acción de amparo ante el Poder Judicial con un proceso largo donde pedirán que las instituciones de las que fueron retirados les pongan abogados para el proceso”, explica Aguilar.

–Artículo inconstitucional–
El artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría señala las conductas graves o muy graves en las que puede incurrir un funcionario público. Todas en la línea general de “realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento” o “incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones”.

–Proyecto con precisiones–
El proyecto que la contraloría presentó en abril, convierte las cuatro conductas infractoras generales en 45 acciones específicas en las que podría incurrir un funcionario para ser sancionado.