Abimael Guzmán: el trasfondo de la decisión fiscal para no entregar restos a Elena Yparraguirre

Los restos del genocida Abimael Guzmán permanecerán bajo custodia del Ministerio Público hasta que el fiscal a cargo del caso culmine la investigación sobre el deceso del cabecilla de Sendero Luminoso, ocurrido el pasado sábado.

Así lo determinó el miércoles la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao al denegar el pedido realizado por la esposa del terrorista, Elena Yparraguirre, para que se le entregue el cuerpo. El requerimiento fue realizado a través de la condenada por terrorismo Iris Quiñonez.

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La medida tiene un trasfondo legal y constitucional. Y es que, según informó la fiscalía, para la determinación se ponderó el orden público e interés social.

Al respecto, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva consideró que se trata de una decisión adecuada. Ello porque se trata del cadáver de una persona condenada por actos terroristas y violación de derechos humanos. “El fiscal no puede actuar como lo hace en relación a cualquier ciudadano, tiene que actuar teniendo en cuenta el interés social, tratar de evitar que se cometan delitos, sobre todo en el caso específico de apología al terrorismo”, indicó a El Comercio.

Recordó que, mientras dure la investigación fiscal sobre el deceso de Guzmán, producido en la Base Naval del Callao, aún no se puede disponer del destino de los restos del criminal.

El procurador general del Estado, Daniel Soria, también saludó la medida y sostuvo que el destino de los restos de Guzmán corresponde a un tema de Estado, por lo que debe ser discutido e impulsado por distintas partes del aparato estatal de acuerdo a sus competencias.

En esa línea, antes de conocerse la decisión fiscal, Soria presentó una demanda de amparo pidiendo que un juez constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordene no solo que los restos de Guzmán no sean entregados a sus familiares, sino que además sean cremados y trasladados de forma reservada a un cinerario público común. Está pendiente que la instancia judicial determine la admisión del requerimiento, notifique al Ministerio Público y convoque a una audiencia para resolver.

Si bien la fiscalía tomó una determinación, el proceso de amparo seguirá su curso, señaló Soria. Ello considerando también un escenario en donde se mantiene un vacío legal sobre cadáveres de terroristas fallecidos en prisión y en el que, eventualmente, se demore la emisión de alguna norma al respecto.

“El derecho colectivo a la paz y tranquilidad, que es un derecho constitucional expreso, está por encima de otros derechos [como el de los familiares]. Y también el derecho de las víctimas del período de violencia a no ser revictimizadas, que vuelvan a padecer por el hecho de que eventualmente pueda haber una sepultura a la que se rinda culto”, dijo Soria a este Diario al sustentar su demanda.

En referencia al trasfondo de la importante decisión que se espera desde la fiscalía, refirió que derechos fundamentales como el de la tranquilidad pública están por encima de los derechos de los familiares de Abimael Guzmán a recibir el cadáver.

Reveló también que el miércoles remitió un oficio al fiscal del caso con la copia de la demanda. “Le he pedido, respetando su independencia y autonomía, que pondere el contenido de nuestra demanda al momento de tomar una decisión definitiva en los días que vienen”, precisó.

Tanto Cubas, como Soria, coincidieron en que otra opción para el caso —si es que no se emite una normativa que llene el vacío legal— es que el fiscal le pida a un juez de garantías constitucionales que emita una resolución ordenando la incineración del cadáver de Guzmán. Ello por razones de orden público, seguridad y prevención de delitos, como el de apología al terrorismo.

Debate legislativo

La discusión también se ha trasladado al Congreso. La Junta de Portavoces acordó por mayoría ayer exonerar del trámite de comisiones a los proyectos de ley que, sobre la materia, presentaron el Ministerio Público y la congresista Gladys Echaíz (APP).

Según pudo conocer este Diario, el congresista Eduardo Salhuana (APP) planteó que se exonere solo el proyecto de Echaíz, lo que no fue aprobado por la junta. Luego, el legislador José Jerí (Somos Perú-Partido Morado) hizo el planteamiento para ambos proyectos, lo que fue rechazado inicialmente.

Jerí solicitó una reconsideración a la votación y, finalmente, la junta aprobó la iniciativa. Los voceros de todas las bancadas votaron a favor, salvo Fuerza Popular, que se abstuvo.

“Fuerza Popular tenía algunas observaciones en cuanto a la redacción del proyecto de ley de la Fiscalía de la Nación. Estoy seguro que llegaremos a un consenso”, declaró Salhuana el miércoles a Canal N.

El pleno se realizará la mañana de este jueves luego de una sesión solemne por el 199 aniversario del Parlamento, programada para las 10 a.m. “Se va a aprobar o la fórmula de APP, o la de fiscalía o una fusión entre ambos”, indicó una fuente congresal.

Echaíz, titular de la Comisión de Justicia, presentó su proyecto la mañana del miércoles. Plantea que el Ministerio de Justicia se encargue, por disposición de la fiscalía, de la cremación y destino final -con carácter de secreto- de los restos de cabecillas terroristas o condenados por traición a la patria que fallezcan en prisión.

En tanto, el proyecto del Ministerio Público plantea que jueces o fiscales decidan sobre cadáveres en caso haya riesgos contra la seguridad pública.

El proyecto de Gladys Echaíz:

El proyecto del Ministerio Público:

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