El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó la disolución del Partido Nacionalista en caso se declare culpables a sus líderes. (Foto: GEC)
El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó la disolución del Partido Nacionalista en caso se declare culpables a sus líderes. (Foto: GEC)

El abogado del , Raúl Pariona, calificó como un “ilegal” el pedido del Ministerio Público de disolver dicha agrupación política, en caso el ex presidente y su esposa Nadine Heredia sean declarados culpables por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

“Ese requerimiento [de disolver el Partido Nacionalista] es un  ilegal porque no está contemplado en la ley, en primer lugar, la posibilidad de incorporar a un proceso penal a un partido político y dos, menos aún pedir la disolución”, afirmó en diálogo con RPP.

Según explicó el abogado, la regulación del funcionamiento de un partido político está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y no de un juez penal.

“En nuestro sistema jurídico, siempre que un partido incurre en prácticas que rompen con la ley que regula su funcionamiento, es la ONPE y el JNE quienes tienen que emitir las sanciones correspondientes, pero un juez penal no puede decidir si un partido existe o no existe”, refirió Raúl Pariona.

El abogado manifestó que objetarán este pedido del Ministerio Público en la acusación contra los Humala-Heredia y llegarán a todas las instancias que correspondan.

“Esto es competencia de la justicia electoral y no de un juez penal, por lo que vamos a objetar ese pedido y en su oportunidad llegar a todas las instancias que corresponden para hacer valer nuestros derechos como partidos”, agregó.

El último martes el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato quien tiene a su cargo la investigación contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, precisó que el Partido Nacionalista también está incluido en la acusación como imputado, a fin de que si se logra una sentencia condenatoria, se proceda a la disolución de la agrupación política “por haber sido utilizada para lavar dinero”. 

Contra el ex presidente, el Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión por presunto lavado de activos, mientras que contra la ex primera dama ha solicitado 26 años y medio de prisión.

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