El presidente Martín Vizcarra reiteró que la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), que articula esfuerzos frente a la corrupción en el país, será parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como parte de la estrategia de lucha contra ese flagelo. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
El presidente Martín Vizcarra reiteró que la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), que articula esfuerzos frente a la corrupción en el país, será parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como parte de la estrategia de lucha contra ese flagelo. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
Jaime de Althaus

El gobierno de parece proponerse como objetivo principal recuperar la inversión pública para activar la inversión privada y retomar tasas más altas de crecimiento, objetivo indispensable si queremos reducir la pobreza y mejorar los servicios.

Pero no puede renunciar a objetivos transformacionales, que son los del Perú. El gobierno parte del supuesto de que no existe el espacio político para ello, pero no lo busca. Tampoco se trata de lanzarse a una derrota segura. La llave para abrir ese espacio político es plantear el asunto en términos de objetivos, objetivos nacionales.

El principal problema estructural del país, la desigualdad más fuerte, es la altísima informalidad, mucho más alta que la de cualquier país de ingresos similares. Es la verdadera exclusión social y económica: 90% de las empresas desconectadas de las cadenas de valor, del mercado moderno, de las leyes, del crédito, condenadas a no poder crecer formalmente; y 73% de los peruanos sin derechos laborales. Dos mundos, el de arriba y el de abajo, el moderno y el premoderno, el formal y el informal, el legal y el ilegal, porque informalidad e ilegalidad se superponen y se alimentan mutuamente. Formalizar es también luchar contra la inseguridad.

Si el primer ministro les propusiera a las bancadas ponerse de acuerdo en las políticas necesarias para formalizar el país, integrar los dos mundos y eliminar la exclusión estructural, ¿alguna bancada se podría oponer? Al contrario, una discusión de ese nivel rescataría al Congreso de la miseria política en la que algunos quieren hundirlo. El propio Congreso es víctima de esa informalidad.

Plantearlo así le daría sentido y norte, por ejemplo, a la reforma tributaria que el Ejecutivo quiere plantearle al Congreso. El sistema tributario actual, lleno de regímenes diferenciados, fomenta el dualismo estructural y la marginación de los pequeños, en lugar de apuntar a un régimen tributario único, progresivo y digitalizado que integre a todos en la cadena de valor formal. Si en las escalas de menores ingresos se paga cero Impuesto a la Renta y se puede descontar el IGV (y la Sunat te hace la declaración), pagarían menos de lo que pagan en el RUS.

Hoy el RUS se usa no solo para evadir impuestos sino para evadir leyes laborales. Trabajadores con RUS en lugar de contrato laboral. Claro, eso es para esquivar el alto costo de la formalidad laboral. ¿Cómo disminuirlo a fin de dar derechos?

El objetivo de la formalización ayudaría a enfocar la fundamental reforma de la salud y de la seguridad social, pues hoy el SIS, tal como está organizado, es un subsidio a la informalidad y un desincentivo a formalizarse para acceder a Essalud. La Comisión de Protección Social formuló una propuesta para eso.

De lo que se trata es de plantearles a las bancadas el gran objetivo y discutir los medios para lograrlo. Las propuestas están, hay trabajo hecho, hay que aprovecharlo. Lo peor que puede pasar es que no se avance. Pero quedará prendida la conciencia de que hay que resolver el tema.