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Absoluciones como cancha, la columna de Cecilia Valenzuela

"El dueño de la Universidad César Vallejo y del partido político Alianza para el Progreso atraviesa una racha de absoluciones judiciales".

César Acuña

César Acuña, propietario de la Universidad César Vallejo, fue candidato presidencial en las elecciones del 2016.  (Foto: Miguel Bellido)

Miguel Bellido

El día del censo se conoció el acuerdo firmado entre la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, y el INEI. Ese asunto ha devenido en un escándalo por su gravedad, pero lo que es aun más grave, y deben resolverse ética y orgánicamente, son los convenios firmados por la misma universidad, propiedad de un político de cuestionable trayectoria moral, con el Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

En diciembre del 2013, la Fiscalía de la Nación firmó un convenio, por cinco años, con la Universidad César Vallejo para que los fiscales tuvieran en su sede de Lima beneficios en los cursos de pregrado, posgrado y maestría. Medio año después, en junio del 2014, la Corte Superior de Justicia de La Libertad firmó con la misma universidad un convenio igual, que se hace extensivo a sus cónyuges e hijos, pero de plazo indeterminado.

Ahora el dueño de la Universidad César Vallejo y del partido político Alianza para el Progreso atraviesa una racha de absoluciones judiciales.

En solo un mes, tres magistrados de Lima y Trujillo han fallado a su favor y lo han librado de ser condenado en tres casos, por agresiones a las personas y a las normas legales y electorales.

Resulta que el plagio del libro “Política educativa” al profesor Otoniel Alvarado ha prescrito. Y que no hay pruebas suficientes para sancionarlo en los casos Plata como Cancha y Panetones.

El último viernes, la jueza María Luz Sandoval, que resuelve casos de propiedad intelectual en Lima, declaró fundado el pedido de prescripción del delito de plagio que presentó la defensa de Acuña en el juicio que le sigue el catedrático Otoniel Alvarado.

La fiscalía ha apelado; pero solo si mediara una decisión justa de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, el robo de la obra no quedaría impune.

La racha que vive Acuña debería llamar la atención de la Oficina de Control de la Magistratura: el 27 de setiembre, la jueza María Rubio de la Corte Superior de Trujillo lo absolvió en el Caso Plata como Cancha. La magistrada trujillana sostiene en su resolución que la fiscalía “no ha podido comprobar los delitos que le imputa” al acusado. El Ministerio Público había pedido cinco años de cárcel para Acuña por atentar contra el derecho de sufragio y la fe pública de los trujillanos. Un video propalado en el 2010 evidenciaba al propio Acuña proponiendo buscar la reelección municipal simulando elecciones internas en su partido y repartiendo donaciones. Extraño que la jueza considere que el delito no se podía probar.

Pero la suerte judicial de César Acuña no acaba ahí. Dos días antes de que quedara libre de polvo y paja en el Caso Plata como Cancha, exactamente el 25 de setiembre, la misma corte trujillana lo exoneró en el Caso Panetones. La fiscalía había pedido cuatro años y ocho meses de cárcel para Acuña por el delito de negociación incompatible por comprar y repartir, en una actividad proselitista en el 2013 con la plata de la Municipalidad de Trujillo, 48 mil soles en panetones que llevaban el nombre Don César, y tenían su cara y el logo de su partido en la envoltura.

En este caso, el magistrado a cargo, Alberto Cruzado Aliaga, fue todavía más audaz: decidió que Acuña ni siquiera se someta a juicio. “No hay elementos de convicción para demostrar la vinculación o responsabilidad penal en este caso”, dijo el juez Cruzado en su resolución, y estimó el pedido de sobreseimiento planteado por los abogados de don César.

La Universidad Vallejo y la Corte Superior de Justicia de La Libertad tienen un convenio interinstitucional de cooperación mutua, que fue firmado en junio del 2014 por el entonces presidente de esa corte Augusto Ruidías Farfán, basado en una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en Lima, presidido por Enrique Mendoza, actual ministro de Justicia. Y se firmó cuando Acuña, el propietario de la universidad que se aliaba a la corte trujillana, ya enfrentaba diversos procesos judiciales en esa jurisdicción.

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