Actas extraviadas y cédulas botadas en la calle: Un nuevo escándalo ensombrece aún más las Elecciones 2026 y el desempeño de la ONPE

Un nuevo escándalo envuelve a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que encabeza Piero Corvetto, en el contexto de su ineficiente desempeño en la organización de las elecciones generales del último 12 de abril.

Al problema del traslado del material electoral, que dejó a más de 50 mil peruanos sin poder sufragar el domingo, se suma una denuncia de extravío de actas de escrutinio y el hallazgo de cédulas de sufragio en las calles. Mientras tanto, el organismo electoral ha optado por el hermetismo y la minimización de los hechos.

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Dos coordinadores de la ONPE denunciaron en la Comisaría de Zárate (San Juan de Lurigancho) la desaparición de ocho actas de escrutinio correspondientes a dos mesas de sufragio de la Institución Educativa Antonio Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú. Se trata de documentos que contienen los resultados de la votación en la mesa, en este caso de la elección de senadores a nivel nacional.

Según los trabajadores del organismo electoral, en cada una de las mesas sufragaron por lo menos 300 ciudadanos.

De acuerdo con el testimonio de uno de los denunciantes, las actas salieron en su totalidad del colegio al promediar las 11:30 am del 13 de abril, un día después de los comicios, con dirección a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales - San Juan de Lurigancho, cuya sede se encuentra en la avenida los Jazmines.

Dicho material fue trasladado bajo la custodia de dos trabajadores de la ONPE, un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y un efectivo policial, y entregado al área de cómputo de la oficina descentralizada de la ONPE.

Otro de los denunciantes detalló que al momento de revisar el material se percató que faltaban ocho actas correspondientes a las mesas 057274 y 057275. Motivo por el cual llamó a la responsable del local de votación, quien agotó los medios y no logró ubicar dichas actas.

Según el parte policial, al que tuvo acceso El Comercio y que está suscrito por el comisario de Zárate, comandante PNP Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, estos hechos “se encuadrarían en una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública abuso de autoridad, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.

Cabe señalar que la denuncia se presentó el último míercoles 15 de abril, pero los hechos, como ya se detalló líneas arriba, se produjeron el lunes 13.

No es la única denuncia presentada. La Unidad de Investigación de este Diario tuvo acceso a otro caso en San Borja.

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A esto se suma el hallazgo de cédulas de votación las calles de Surquillo. Este caso fue denunciado por el programa ‘Beto a Saber’ de Willax, dónde mostraron las cajas del material encontrado al lado de la basura.

El material corresponde a las mesas 050618, 050619, 050620 y 050627 de la Institución Educativa 6082 Los Próceres, en Santiago de Surco.

En el caso de la mesa 050618, se tiene pendiente conocer los resultados obtenidos en la elección de senadores y parlamentarios andinos y está para envío al JEE la elección de diputados. Ello debido a que el acta figura como ilegible.

La mesa 050619 solo tiene contabilizada en el acta del Parlamento Andino, diputados y senadores pendientes y la elección presidencial está también para enviar al JEE (por error aritmético). Lo mismo en el caso de la mesa 050620. En el caso de la 050627 figura también para enviar al jurado especial el acta de la elección de diputados por tener error aritmético.

En este contexto, es importante resaltar que en estas elecciones se ejecutará, por primera vez, el recuento de votos. Este mecanismo solamente se aplicaría sobre las actas observadas y con solicitudes de nulidad. Como ha explicado previamente el JNE, esto se aplica a criterio de los jurados electorales especiales (JEE).

La PNP llegó al set de Willax para recoger el material y la jefa de la ODPE- Surco, Claudia Sandoval, minimizó los hechos al calificarlos de “error involuntario”.

“Nosotros contratamos unos vehículos para el repliegue a la ODPE (desde el local de votación), pero unos trabajadores de mi ODPE por un error involuntario lo han olvidado”, comentó la funcionaria.

Según dijo, desde el domingo vienen comunicándose con el taxista, pero que nunca les respondieron el teléfono. Además, detalló que en el vehículo se habían transportado 24 cajas, cuatro de ellas se les olvidaron. “Los muchachos a la hora de bajar todo el material, olvidaron esas cuatro cajas”, dijo.

De acuerdo con Sandoval, junto con el coordinador de la ONPE también abordaron el auto un policía y un fiscalizador del JNE. Finalmente, destacó “la honestidad de la ciudadanía” y comparó los hechos con olvidarse un celular en un taxi.

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Pasada la media noche, la ONPE lanzó un comunicado por X (antes Twitter) con una versión similar a la de su funcionaria de ODPE. En este resalta que en el vehículo, conforme con la cadena de custodia, viajaron un coordinador de ONPE, un efectivo de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador del JNE.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladadas, faltaban 4 que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo. Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo, sin obtener respuesta”, afirmó.

Asimismo, subrayó que los votos de esas 4 mesas ya habían sido consignados en actas de escrutinio que están siendo procesadas, contabilizadas y publicadas en su web.

“El material, ya encontrado, será sometido a investigación y su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial”, puntualizó. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no han presentado la copia de referida denuncia, pese a las solicitudes de este Diario.

En tanto, el director nacional de Investigación, teniente general PNP Manuel Lozada, tras el recojo del material en la sede de Willax se continuará con las acciones preliminares para determinar cómo las cédulas terminaron fuera de los canales oficiales de custodia.

“Lo que vamos a determinar es cómo ha sido dejado o perdido o votado. Eso va a ser parte de la investigación”, acotó.

Asimismo, no descartó que puedan existir responsabilidades, incluso dentro de la propia institución policial. En ese sentido, aseguró que cualquier agente implicado en un eventual acto irregular será sancionado conforme a ley.

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De otro lado, debido a esta denuncia, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur realizó diligencias en un almacén de la ONPE en Lurín para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios implicados en la ruptura de la cadena de custodia del material electoral. La intervención se llevó a cabo en coordinación con JNE, en su calidad de ente fiscalizador de la ONPE.

En diálogo con El Comercio, el experto en derecho electoral José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, y el abogado penalista Gilmar Andía advirtieron sobre posibles delitos y faltas administrativas.

Tello opinó que se trata de un hecho aislado porque “no ha encontrado evidencia de más casos documentados en Lima”.

En el caso de la funcionaria, indicó que está “claro” el delito de omisión de funciones porque debió dar cuenta de los hechos a la PNP “inmediatamente”. Así como una falta administrativa.

“No hay ningún tipo de justificación para que no lo haya hecho”, resaltó.

El especialista electoral cuestionó que el material se haya trasladado en un taxi. “Eso es inadmisible, la misma empresa Gálaga que lo dejó también debió recogerlo y trasladarlo al punto donde se va a conservar, con la custodia de la PNP y el JNE”, cuestionó.

Para Tello, la explicación que dio la jefa de la ODPE evidencia el “desgobierno” que hay en la ONPE. “Corvetto no funciona [...] Es inadmisible escuchar ese tipo de justificaciones y más indignante que diga que se trata de un error involuntario”, sentenció

“El señor Corvetto debe pensar seriamente si se mantiene en el cargo de jefe de la ONPE. La salida es renunciar, por fuerza mayor a raíz del descrédito que ha generado al organismo como para seguir llevando a cabo este proceso. No debe esperar a ser maltratado por la JNJ. No debe olvidar que una destitución acarrea una inhabilitación”, concluyó.

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Por su parte, Andía opinó que los hechos evidencian un descuido absoluto del material electoral.

Lo primero, según su criterio, es revisar que lo computarizado por la ONPE coincida con la información plasmada en las cédulas y que de ello dependerá si la explicación de la ONPE es viable.

El posible delito es el 359, inciso 4, del Código Penal, que es contra el derecho de sufragio, en la modalidad de querer alterar el resultado de las elecciones. “Ahí es donde podría calzar. Si lo que se ha intentado es la sustracción, que es cuando se saca del ámbito donde debería estar guardado. Este caso es bajo la custodia de la gente de la ONPE [...] Tiene una pena de 2 a 8 años”.

Bajo la mirada del penalista, la investigación sería en primer lugar a la jefa de ODPE-Surco, a quien también se le podría abrir una carpeta por omisión de funciones.

Además, consideró que “de todas maneras” hay responsabilidad administrativa.

“Este hecho alimenta un llamado de fraude que, hasta el momento, no tiene ninguna prueba tangible o indicio fuerte”, dijo.

Finalmente, consideró que este hecho será tomado en cuenta por la Junta Nacional de Justicia como elemento de convicción en la investigación preliminar que abrieron a inicios de semana, que podría derivar en su suspensión o destitución.