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5 claves sobre la historia de Doe Run y sus problemas

El total de pasivos de Doe Run es alrededor de US$600 millones. El 60% de sus acreencias corresponden al Estado Peruano

5 claves sobre la historia de Doe Run y sus problemas

5 claves sobre la historia de Doe Run y sus problemas

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) reavivó el debate sobre la empresa metalúrgica Doe Run cuando convocó a los trabajadores a marchar al Congreso para que se amplíe el plazo de la liquidación de sus activos, que concluye el próximo 27 de agosto.

PPK luego aclaró que él plantea una movilización pacífica, pero desencadenó una serie de críticas, sobre todo de Fuerza Popular, que tendrá mayoría en el próximo Congreso con 73 de los 130 escaños. En estas cinco claves explicamos el problema de Doe Run.

1. Antecedentes de la problemática de Doe Run.
El complejo metalúrgico de La Oroya se encuentra ubicado en la región de Junín y está compuesto de un conjunto de fundiciones y refinerías que operan desde 1922. 

La ciudad de La Oroya es considerada una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, debido a los elevados niveles de plomo en el aire emanados por los más de 90 años de operación. 

En 1997, Doe Run ganó la buena pro del complejo y, como parte de sus obligaciones, el Estado le encargó implementar un programa de adecuación ambiental, que nunca llegó a ejecutar. 

En el 2009 la empresa fue declarada en insolvencia y paralizó parte de su operación. Un año después se instaló su junta de acreedores, que es presidida por representantes del Estado Peruano al ser el principal acreedor de Doe Run.

2. Problemas en el proceso de liquidación de la empresa.
La junta de acreedores acordó liquidar la empresa en marcha. Esto es, venderla en funcionamiento. Como parte del acuerdo, los más de 2 mil trabajadores del complejo conservarían su empleo. 

Sin embargo, hasta hoy no hay compradores. La fallida subasta de sus activos en agosto del año pasado hizo que se cierren las operaciones de la mina Cobriza. La producción de esta mina financiaba el salario de los trabajadores de la refinería.

3. Argumentos de los trabajadores y sus reclamos.
De acuerdo con los trabajadores de Doe Run, el complejo hasta ahora no es subastado porque la legislación ambiental nacional es muy estricta. Según ellos, esto impediría que nuevos postores quieran invertir. 

En el Perú los estándares de calidad del aire exigen emisiones de dióxido de azufre por debajo de 20 microgramos por metro cúbico. Los trabajadores dicen que en Chile este valor es de 250. 

En agosto del año pasado los empleados iniciaron una huelga que dejó un muerto y 60 heridos. Entre sus reclamos se encuentran flexibilizar la legislación ambiental y que el Gobierno se interese en la reactivación del complejo metalúrgico paralizado. 

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha declarado en reiteradas oportunidades que los estándares de calidad ambiental no se modificarán.

4. Intentos del gobierno por mantener la operación.
Según la antigua ley concursal, la junta de acreedores podía liquidar una empresa en marcha por un plazo de seis meses prorrogables por seis meses más. 

No obstante, a poco tiempo de que se venza el plazo para la liquidación en marcha de Doe Run, el gobierno de Ollanta Humala, en virtud de una delegación de facultades, emitió un decreto legislativo por el cual prorrogó este período por un año adicional. 

El nuevo plazo para liquidar Doe Run vence el próximo mes de agosto. Hasta la fecha no hay compradores.

5. Reciente propuesta de Pedro Pablo Kuczysnki.
En su reciente visita a la ciudad de La Oroya, PPK subrayó que la fecha límite para liquidar en marcha Doe Run se acerca y dijo que era necesario emitir antes de fin de agosto una prórroga adicional. Para ello ofreció “sacar” del Congreso poderes delegados o una ley. 

Si es que vence el referido plazo, los activos de la empresa no podrán ser liquidados en marcha y se estima que perderían valor al tener que ser vendidos por separado. Las operaciones se paralizarían y terminarían los vínculos laborales. 

La propuesta de PPK ha sido criticada por diversos especialistas, ya que ni el presidente de la República ni el Congreso, pueden emitir normas por intereses o casos particulares. Además, porque no se debe intervenir en asuntos de una empresa privada.

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