Alejandro Toledo finalmente está frente a la justicia por el Caso Interoceánica Sur: ¿Cuáles fueron los argumentos en el inicio de su juicio oral?

Desde una sala de audiencias del penal de Barbadillo, en el distrito de Ate Vitarte, el exmandatario inició así un camino judicial que había tratado de evitar a toda costa. Primero, convirtiéndose en prófugo de la justicia peruana al salir del país en el 2017; y luego, interponiendo todos los recursos posibles ante Estados Unidos para evitar su extradición.

Ahora, sentado frente a una cámara de video, el exmandatario respondió a cada una de las preguntas que le formuló el colegiado de juzgamiento para acreditarlo al juicio oral.

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Si bien al inicio se mostró nervioso y serio, esto se fue diluyendo con el paso de las horas, llegando incluso a sonreír y fruncir el ceño cuando el Ministerio Público y la procuraduría presentaban sus alegatos de inicio de juicio oral.

El líder del desaparecido partido Perú Posible, es imputado de los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por haber licitado de manera irregular la obra que llevó adelante la construcción de la Carretera Interoceánica, en sus tramos 2 y 3.

Por ello, la fiscalía ha solicitado 20 años y 6 meses de cárcel en su contra. Junto a él también deberá responder ante la justicia Avraham Dan On, su exjefe de seguridad durante su gobierno (2001-2006).

Además, los exmiembros del Comité de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Paso Font; los exrepresentantes de la empresa ICCGSA José Castillo Dibós y Fernando Camet Piccone; así como el exrepresentante de la empresa Graña y Montero, Gonzalo Ferraro Rey.

Por ese caso también estuvieron incluidos José Graña y Hernando Graña; sin embargo fueron retirados de la imputación luego de llegar a un acuerdo de colaboración eficaz y obtener sendas sentencias. Mientras que las empresas implicadas en este caso aún se encuentran en la etapa de investigación preparatoria, por ello no han sido incluidas en este juicio oral.

Durante la sesión, que se realizó sin la participación de los medios de prensa por decisión del colegiado; también se rechazó el pedido del abogado Roberto Su, abogado de Toledo, para que este acuda físicamente a la sala de audiencia.

Toledo dirigió todo

Durante una maratónica sesión, que duró más de seis horas, la fiscalía detalló la presunta intervención ilícita de Alejandro Toledo durante el proceso previo y post licitación de la obra y cuyo perjuicio generado fue de US$403′724,042.00.

La línea temporal de los presuntos actos de corrupción, según postuló la fiscalía, se realizaron entre el 2004 al 2006.

Es así que, a través de diversos hechos y documentos, indicó, demostrarán como el exmandatario intervino en la fase de la pre-inversión, en la conformación del Consejo Directivo para la selección y buena pro, y con sus decisiones adoptadas en su rol de presidente del Perú, facilitó el direccionamiento del mega proyecto a la empresa brasileña y sus consorciadas.

A decir de sus actos, remarcó el fiscal José Domingo Pérez, “Toledo tenía un interés particular en la Interoceánica”, direccionando el estudio de factibilidad, para declararla de “interés prioritario” el proyecto, trasgrediendo el deber especial de cautelar que la obra sea de interés nacional y no solamente para “su beneficio personal”.

Mientras que, contra Camet Piccone, Castillo Dibos y Ferraro Rey fueron beneficiados a través de las ganancias dividendos y utilidades.

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Para ello, indicó, al juicio se presentarán testigos como Jorge Barata, exdirector de la empresa Odebrecht en el Perú, José Alejandro Graña, de Graña y Montero, con la finalidad de narrar “cómo fue el pacto colusorio entre Toledo” para que las empresas brasileña y peruanas ganen el proceso a cambio de un soborno.

Otros que se presentarán, dijo el fiscal, son el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su papel de exministro de Economía; José Ortíz Rivera, en su rol de exministro de Transporte; Rómulo Peñaranda, ex representante de Consorcio Vial Sur a cargo de los estudios de factibilidad; y otros que señalarán el interés de Toledo para acelerar la obra.

“Se aligeró la rigurosidad legal, técnico y económicas obligatorias para dar en concesión la obra de mayor envergadura de nuestro país en aquel entonces. Vendrá auditores y peritos a decirnos que no hubo sustento técnico, económico y estudio definitivo para otorgar la concesión al sector privado sobre el proyecto Interoceánica Sur”, dijo.

Por ello, afirmó que, por acción y voluntad de Toledo se aprobó el proyecto en el que, el Estado le pagaría a Odebrecht y las consorciadas una cifra inicial de US$ 852 millones, cuya cifra crecería gracias a las adendas. Y, por gastos de mantenimiento, operación y supervisión, otra cifra aproximadamente US$28.7 millones.

También se pondrá en evidencia, dijo, que el proyecto no cumplía con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP; y que la empresa brasileña y sus consorciadas no estaban habilitadas para contratar con el Estado por tener procesos judiciales en curso.

“No voy a presentar indicios, voy a presentar prueba directa. Prueba de que el proyecto Interoceánica estuvo manchada de corrupción, con elementos que nos hacen determinar que ya había un ganador, sin antes haber iniciado la carrera”.

José Domingo Pérez, Fiscal del caso Lava Jato

Otra prueba anticipada importante, señaló el representante fiscal, será la declaración y elementos aportados por el empresario y amigo de Toledo, Josef Maiman. Ello, indicó, probaría cómo el exmandatario le pidió usar sus cuentas bancarias para recibir el dinero del presunto soborno de Odebrecht.

“Toledo solicitó la suma de 35 millones de dólares, a cambio de que Odebrecht ganara el proyecto de la interoceánica”, remarcó.

Según la ruta del dinero, explicó el fiscal, las empresas de Maiman recabaron US$28′699,639.08 millones y 1′225,584.06 millones de Euros, procedentes de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Esta, luego le pediría a sus consorciadas la devolución de lo entregado como coima a través del reparto de utilidades.

Finalmente, el dinero que se recibió de la empresa brasileña fueron transferidos a otras off shore en Costa Rica, que es materia del segundo juicio en reserva contra Toledo Manrique por el Caso “Ecoteva”.

JUICIO SIN PRENSA

Tribunal del caso Toledo negó acceso a medios de prensa

El inicio del juicio oral contra Alejandro Toledo, estuvo marcado por el cuestionamiento que realizó la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, para que los medios de prensa puedan ingresar a las audiencias de este caso.

El fiscal José Domingo Pérez, cuestionó la falta de publicidad de las sesiones. “Esta clase de juicios contra exfuncionarios públicos siempre deben ser públicos. Esa es la regla, ¿cuál es la excepción? Que haya una motivación especial”, cuestionó el fiscal.

Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcapoma, rechazaron el pedido.

Los magistrados alegaron cuestiones de falta de espacio en la sala de audiencias y temas de “salud”.

Al finalizar la sesión judicial, la magistrada Pérez Escalante, precisó que la audiencia se estaba realizando en la sede judicial del Edificio “Carlos Zavala”, ubicado en el Centro de Lima.

Ello, llama la atención puesto que dicha sede judicial cuenta con amplias salas en las que se han realizado diversas audiencias con la presencia de la prensa. Y, sin contar que otros procesos judiciales como el control de acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contó con la presencia de periodistas de diversos medios de prensa.

Roberto Pereira, asesor legal de Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) se pronunció indicando que el colegiado del juicio oral contra expresidente Toledo por caso Interoceánica, “limita injustificadamente” la presencia de la prensa en Sala de Audiencias.

“Sostiene razones de sanidad y limitación de aforo, pero no explica por qué”, escribió en su red social de “X”.

De otro lado, Carlos Fernández Muñoz , procurador público ad hoc para el Caso Lava Jato, también sustentó su pretensión de reparación civil. Requirió al colegiado que al final de las audiencias, aplique las consecuencias jurídicas por los presuntos actos de corrupción a Toledo Manrique y su co-imputados.

Durante sus alegatos, solicitó al tribunal recordar que Toledo Manrique jamás quiso ponerse a disposición de la justicia y por ello estuvo prófugo por más de cinco años, luego de lo cual, fue puesto a disposición de las autoridades peruanas a consecuencia de un proceso de extradición en Estados Unidos.

“Si no hubiera sido por la extradición, Toledo jamás se hubiera sometido a la autoridad penal de este país.”

Carlos Fernández Muñoz , procurador público ad hoc para el Caso Lava Jato

Rechazan Imputación

Roberto Su, abogado de Toledo, rechazó las imputaciones del Ministerio Público alegando que el proceso y juicio oral se construyó sobre una “fábula” y en base a una serie de testigos, esto caso de los colaborares eficaces.

“La pregunta es: ¿va a poder probar la fiscalía que Alejandro Toledo se coludió con Jorge Barata, aquel 4 de noviembre del 2004? ¿Va a poder probar que Alejandro Toledo es el beneficiario de los 30 millones de dólares que dice haber recibido a través de Maiman?”, cuestionó.

Aseguró que el exmandatario no realizó reuniones soterradas y que las sesiones en Palacio de Gobierno con las constructoras vinculadas al caso, fueron porque su patrocinado se reunía con todos los gremios empresariales y no empresariales.

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En su línea argumentativa, el abogado refirió que su patrocinado solo cumplió su papel de Presidente de la República, negando cualquier participación en el proceso de contratación de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

“Este proceso va a demostrar que Toledo no tuvo ninguna participación en los acuerdos colusorios, que no tuvo participación como beneficiario, ni intermediario, ni tampoco como administrador del proceso de la ruta del dinero.”

Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo.

Afirmó que existe un “defecto” en la acusación y aseveró que no podrán probar que la ruta del dinero lleve a su patrocinado. Además, indicó que se probará que Josef Maiman, quien falleció en octubre del 2021, era quien disponía del dinero que le entregó Odbrecht sin participación del exmandatario.

Por su parte, Ricardo Hernández Medina, abogado defensa legal de Dan On, también rechazó la acusación fiscal, señalando que esta no podrá probar la participación de su patrocinado.

Aseguró que su patrocinado no tenía la calidad idónea para coludirse con los representantes de la empresa Odebrecht

“El representante del Ministerio Público no podrá demostrar que mi patrocinado se haya coludido a finales del 2004, con el señor Simoes Barata, o que haya conversado o tenido acercamientos con la finalidad de proponerle hechos colusorios a nombre del presidente de la República de aquel entonces, Alejandro Toledo”, indicó.

Néstor Burgos Torres, abogado de Bravo Orellana, dijo a su turno que ninguna de las pruebas postuladas por la fiscalía probará cuándo, su patrocinado, concertó el Barata y las otras empresas consorciadas.

“En consecuencia, señores magistrados, la defensa de Sergio Bravo Orellana acreditará que los actos realizados por mi patrocinado no forman parte del cumplimiento de un acuerdo colusorio con la empresa Odebrecht ni las empresas consorciadas, por lo que al culminar el presente juicio ustedes tendrán que absolver a Sergio Bravo Orellana”, culminó.

La sesión continuará este martes desde las 9:00 de la mañana.