Alejandro Toledo: Gobierno de EE.UU. afirma que riesgo de fuga es mayor tras decisión de extraditarlo

El Gobierno de Estados Unidos, a través de un documento, aseguró que el peligro de fuga del expresidente Alejandro Toledo se ha incrementado ahora en mayor proporción, luego que el Departamento de Estado a través de su secretario, decidiera continuar con su extradición al Perú.

Dicha afirmación fue presentada como parte de los argumentos para refutar la apelación que interpuso Toledo Manrique el 27 de febrero, ante el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de Estados Unidos.

Estados Unidos concedió, a nivel judicial y político, la extradición del expresidente para que afronte el proceso por el Caso Interoceánica, donde es acusado de haber recibido una presunta coima de $35 millones. Por ese caso, la fiscalía solicita contra él 20 años y seis meses de condena.

En el documento -“La oposición del gobierno a la moción renovada del apelante para la estadía en espera de la apelación”, al que accedió El Comercio- el gobierno norteamericano señala que en su apelación el expresidente no ha presentado ningún argumento nuevo respecto a su anterior solicitud de suspensión de la extradición.

“Esa argumentación no es nueva y, además, ignora el hecho de que el riesgo de Toledo para huir es solo mayor ahora que su entrega es más segura, tras la decisión del Secretario”, argumentaron.

Para el gobierno de EE.UU. lo que ahora busca el exmandatario es una “reconsideración” del tribunal.

En esa línea, explica, el hecho de que el Secretario de Estado haya concluido con el proceso y ordenado proceder con la deportación del ex jefe de Estado, no le otorga el derecho de pedir una nueva suspensión. Por el contrario, advierte, dicha acción de Toledo “socava aún más su solicitud dada las implicaciones existentes en asuntos exteriores”.

El gobierno de dicho país procedió a contextualizar todas las acciones que ha venido desarrollando Toledo para concluir que ninguna de sus pretensiones para suspender su extradición o lograr que se ordene su permanencia en dicho país han tenido éxito.

Por ello, indican que nada ha cambiado desde que Toledo presentó su primera apelación, y que “la posibilidad de que fuera entregado al Perú ya era una consideración”. Añaden que incluso entonces el expresidente ya cuestionaba lo que podría esperarle en el Perú si era extraditado.

Y si bien, remarcan, Toledo sostiene que la situación del Perú sí ha cambiado desde su primera apelación ante dicho tribunal, lo cierto es que anteriormente el expresidente ya había postulado la “inestabilidad política” como argumento, que también fue rechazado. Sobre todo, alegan, cuando el Poder Judicial tiene como precedente que dichos reclamos son de exclusiva resolución del Secretario de Estado.

“Por lo tanto, el reclamo de Toledo sobre un daño irreparable no es diferente ahora que antes. Asimismo, Toledo no ha mostrado posibilidades de éxito. No ha habido desarrollo de hecho o de derecho relevantes desde entonces. Por lo tanto, debería sostenerse la misma conclusión”, alegan.

En otro extremo, rechazan el cuestionamiento de la defensa de Toledo para alegar que en el Perú no existe un documento con una “acusación” judicial.

Explican que la acusación fiscal que se maneja bajo los estándares de la justicia peruana es equiparable a un “cargo” considerado acusación en Estados Unidos.

Para fortalecer su posición, recuerdan que incluso, cuando se negó por primera vez la apelación de Toledo, el Secretario de Estado aún no había ordenado la extradición del expresidente, por lo que ahora, que ya de decidió, dicha orden no puede ser prohibida.

“Finalmente, el interés público y el perjuicio al gobierno aconsejan ir en contra de su permanencia. Dada la decisión del Secretario de entregar a Toledo, cualquier prohibición a los Estados Unidos de ejecutar esa extradición infringiría directamente la capacidad del Secretario para llevar a cabo los asuntos exteriores”.

Gobierno de Estados Unidos. Argumentos.

Debido a ello, solicitan rechazar la posición de la defensa de Toledo, que, por su parte, señala que no representa peligro de fuga.

“En cualquier caso, la cuestión de que si Toledo presenta un riesgo de fuga no se relaciona con la consideración relevante en este caso: el daño causado a los Estados Unidos al impedir su capacidad de cumplir con el Tratado y obligaciones con el Perú. Por estas razones, la Corte debería denegar nuevamente la solicitud de suspensión de extradición del apelante Toledo”, concluyen.

El documento está firmado por la fiscal de Estados Unidos del Distrito Norte de Estados Unidos Sthephanie Hinds, el asistente del fiscal General Kenneth Polite, el fiscal federal auxiliar de la Fiscalía General Kyle Waldinger, la directora adjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales-División Penal Rebeccaa Haciski.

Toledo dice que no fugará

Como lo señaló el Gobierno de Estados Unidos, Alejandro Toledo sostuvo ante el tribunal de apelaciones de dicho país que no representa un riesgo de fuga y lo atribuye a su condición médica.

A través de sus abogados públicos federales Jodi Linker y Mara asegura que el Gobierno norteamericano ha esperado más de dos años pasada la “certificación” judicial de su extradición para tomar la decisión de extraditarlo, a pesar de que el expresidente vivía libremente en el área de la Bahía de San Francisco.

Además, recordaron que Toledo ha permanecido excarcelado durante casi tres años, nunca ha intentado salir del Distrito Norte de California, “y mucho menos huir del país”.

En otro de sus argumentos señalaron que, de ser extraditado al Perú, habría un riesgo irreparable de que sus alegatos personales en su recurso de apelación de su hábeas corpus no sean escuchados.

Ahora bien, argumenta, en la actualidad el ex jefe de estado tampoco podría representar un riesgo debido a que su condición de salud no lo permitiría.

Toledo Manrique, como se recuerda, ha expresado anteriormente ante los tribunales de Estados Unidos que su vida corre peligro si es entregado a las autoridades peruanas, alegando una falta de democracia tras la vacancia de Pedro Castillo y los conflictos internos que vive el Perú.

Mencionan que, el tribunal judicial que autorizó su extradición reconoció que Toledo y su esposa sufren “deterioro(s) de su(s) condición(es) física(s)” que requieren “tratamiento médico continuo”. Por tanto, indican, dicha situación “mitiga aún más el riesgo de fuga” ya que “huir a otro país interrumpiría” su tratamiento médico y “la primera parada de Toledo en otro país como prófugo internacional bien podría ser la cárcel”.

Sobre Toledo existen órdenes de prisión preventiva por el Caso Interoceánica y también por el Caso Ecoteva. Este último, aún se encuentra en el inicio del trámite de extradición.

“Por todas las razones expuestas anteriormente, el doctor Toledo solicita respetuosamente que este tribunal conceda una suspensión de su extradición en espera de la resolución de esta apelación”, alega la defensa del expresidente ante el tribunal de apelaciones.

De esta manera, Toledo Manrique busca frustrar la decisión del gobierno estadounidense para ejecutar su deportación hacia nuestro país para que responda por el Caso Interoceánica Sur.

Las condiciones en Perú se han vuelto considerablemente más peligrosas. La destitución del presidente Pedro Castillo ha resultado en una declaración prolongada de Estado de Emergencia; la suspensión de derechos constitucionales cruciales; y protestas violentas, acompañadas de respuestas aún más violentas de la policía”

Alejandro Toledo, a través de su defensa en Estados Unidos

Sin embargo, el camino para lograr la impunidad y permanecer indefinidamente en dicho país ha sufrido un primer revés. La jueza Laurel Beeler de la Corte del Distrito Norte de California-División San Francisco, rechazó su pedido para suspender la extradición dispuesta por el gobierno norteamericano.

Toledo sí ha logrado que la magistrada le otorgue un plazo perentorio para que sustente ante el Noveno Circuito del Tribunal Federal de Apelaciones de San Francisco un cuestionamiento contra su deportación dispuesta por el gobierno de dicho país.

Apelaciones extradición

El mismo colegiado federal tiene pendiente resolver la apelación de hábeas corpus que interpuso Toledo Manrique contra la decisión del juez Thomas S. Hixson de “certificar” la extradición en vía judicial. Es decir, que el magistrado determinó que sí existía una causa probable para que el expresidente afronte la justicia y sea enjuiciado en nuestro país.

Además…

Además…

El 3 de mayo del 2022, Toledo y su defensa interpusieron un hábeas corpus y una medida cautelar.

El hábeas corpus fue rechazado y la medida cautelar fue admitida en primera instancia.

En julio del 2022, el Departamento de Estado apeló la decisión que suspendía el proceso de extradición y el tribunal le dio la razón.

En octubre pasado, este Diario informó que el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de Estados Unidos rechazó su pedido para suspender su extradición tras la “certificación” en vía judicial de que el requerimiento peruano era procedente.

Desde entonces, el caso había quedado pendiente de que la defensa de Toledo sustente su apelación ante dicho tribunal que programó la audiencia de alegatos orales para el próximo 6 de marzo.

“El Noveno Circuito rechazó la moción el 19 de octubre de 2022. Consulte la Orden (CA ECF No. 22), adjunta al presente como Anexo A. El argumento oral en el Noveno Circuito está programado para el lunes 6 de marzo de 2023″, indicaron en un documento la defensa del exjefe de Estado.

Tanto el Gobierno de Estados Unidos, como la defensa de Toledo, podrán contestar los alegados por escrito. El primero deberá hacerlo el 8 de marzo y la defensa del expresidente el 15 de marzo.

Adicionalmente, Toledo tendrá que sustentar el recurso de apelación que presentó este lunes contra la decisión del Departamento de Estado de EE.UU- Esto para seguir adelante con la extradición y proceder a su entrega al Perú.

Detención y Fianza

Además, Toledo tendrá que superar otro proceso paralelo ante el juez Thomas S. Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, quien debe decidir si levanta su libertad bajo fianza y luego, ordena su detención a fin de que retorne o no a prisión para proceder con su entrega a las autoridades peruanas.

Según el rol dispuesto por el tribunal, en el caso del levantamiento de fianza dispuesta por el Gobierno de Estados Unidos, el expresidente deberá presentar sus alegados de defensa el 1 de marzo. Luego de ello, el Departamento de Estados Norteamericano podrá contestar como máximo, hasta el 6 de marzo.

Y es que, tras la denegación de las mociones de suspensión de Toledo, el Departamento de Estado informó a la Corte que emprendió una revisión de la solicitud de extradición de Toledo presentada por Perú y su defensa ante la misma.

Fue así que, el 21 de febrero de 2023, el Secretario de Estado, a través del Vice secretario de Estado, resolvió conceder la solicitud de extradición y emitió una orden autorizando la entrega de Toledo al Perú por los dos cargos por los que se le solicita.

“El abogado de Toledo fue informado de la decisión del Secretario el mismo día, y están al tanto de que Estados Unidos está presentando esta moción buscando la prisión inmediata de Toledo”, señalaron en el documento.

La audiencia en la que se evaluará el levantamiento de la fianza y detención del expresidente se realizará el 9 de marzo a las 10 de la mañana en el tribunal del juez Hixson.

Según el gobierno de Estados Unidos, la continuación de la libertad de Toledo bajo el estado actual de las cosas, otorga indebidamente la suspensión que solicitó; y que ya ha sido dos veces rechazada.

“Además, debido a que la defensa de Toledo ha fracasado ante este Tribunal, el Tribunal de Habeas Corpus y ante el Secretario ha fallado, su riesgo de fuga ha aumentado más allá del punto de adecuada mitigación mediante cualquier condición de liberación. En consecuencia, ya no se debe conceder la libertad a Toledo”, expresó el referido gobierno.