Alejandro Muñante: “Roberto Sánchez está sirviendo como un alfil de los extremismos y del violentismo en nuestro país”

A poco más de dos meses de conocerse la inscripción del partido de Antauro Humala por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pidió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía de la Nación activar el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas por conductas antidemocráticas. Era el cabecilla del ‘Andahuaylazo’ el que fungía como líder e ideólogo y no era un simple militante. En menos de un año, la Corte Suprema confirmó que así era, y en dos instancias.

En entrevista con El Comercio, el legislador advierte que Humala sigue siendo un peligro latente y que se deben tomar medidas. También cuestiona al sector político que, a pesar de advertirse que el discurso que divulga el condenado por homicidio es antidemocrático, insiste en aupar su figura por mero interés político.

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—A más de 20 años de haberse incorporado, por primera vez se aplica el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) referido a la ilegalidad de un partido. ¿Se demoró demasiado el sistema frente al peligro que significa el discurso violentista de Antauro Humala?

Sí, se demoró. Pero más que el sistema, fueron las personas quienes debieron haber aplicado este artículo. Es decir, la norma establece que solo es el fiscal de la Nación y el defensor del Pueblo los únicos legitimados para iniciar una denuncia formal ante la Corte Suprema. Sin embargo, ante la inercia de estas autoridades —porque bien pudieron actuar de oficio— es que presenté un oficio a ambas solicitando que inicien las acciones legales correspondientes en estricta observancia del artículo 14 de la LOP. Es, en razón a ello, que recién este mecanismo se activó. Y, peor aún, cuando de parte de la defensoría jamás recibimos una respuesta, y de parte de la Fiscalía de la Nación hubo un momento en el cual quisieron patear esta responsabilidad a un fiscal provincial no siendo competente para poder afrontar este proceso. Recuerdo que me llegó una resolución de archivo de denuncia por parte de un fiscal provincial, y es que la carpeta había sido derivada a un provincial y él, inteligentemente, se pronuncia diciendo que no era competente para poder solicitar la ilegalidad de un partido político. Es decir, un fiscal provincial le enmienda la plana al fiscal de la nación que en ese momento es el señor [Juan Carlos] Villena. Nos enteramos de esa situación, mandamos un oficio al fiscal advirtiéndole de que nunca nosotros denunciamos un delito ante un fiscal provincial, sino que le pedimos en su papel de fiscal de la Nación que accione de conformidad del artículo 14. Es por esa razón que, después de tanta insistencia, finalmente el presenta la denuncia y acaba en lo que ya todos sabemos.

—¿Entendió adecuadamente la Corte Suprema el riesgo que, en la práctica, implica esta ideología que profesa Humala?

Creo que sí, lo entendió. Por esa razón es que la sentencia definitiva fue por unanimidad. Se entendió que no cabe avalar o respaldar estas declaraciones bajo el derecho a la libertad de expresión. Porque él, Antauro Humala en este caso, si bien es cierto era un militante (no podía ser un directivo político), pero lo concreto es que era la figura representativa de ese partido, de tal manera que aún su sigla con la cual se identificaba era el nombre del propio Antauro. Y el partido, como tal, jamás deslindó de las declaraciones del señor Antauro. Por ende, ellos se hicieron responsables solidariamente con todo lo que profesaba. Por esa razón, la Corte Suprema decide declarar ilegal el partido. Porque era la plataforma por la cual Antauro Humala regaba sus consignas políticas.

—¿La Corte Suprema le enmendó la plana al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)? Inmiscuirse únicamente en lo que dice el papel, el estatuto, cuando públicamente se indica que se va a matar gente y otras atrocidades, ¿no es pasar por alto un peligro de alto calibre para la democracia?

A mi juicio, sí. Y no solamente le enmienda la plana, sino que lo hace de una u otra manera responsable. Porque la Corte Suprema vino a solucionar algo que el JNE se rehusó a solucionar. Y es que el jurado es el órgano rector o competente para verificar si es que los partidos cumplen con la finalidad de promover y defender la democracia. Sin embargo, el jurado, el argumento al cual han apelado para defenderse es que ellos solamente verifican que un partido diga en su estatuto que son democráticos. Ni siquiera atienden al principio de realidad. Es decir, han creado un incentivo perverso para que los partidos antidemocráticos simplemente en el papel, que aguanta todo, pongan que son recontra democráticos, para que el JNE los inscriba. Sin importar si en la práctica o en la realidad niegan todo lo que dice.

—Con la decisión de la Corte Suprema, desaparece el partido. Pero quien está detrás aún parece que podría postular incluso al Congreso. ¿No es un poco contradictorio ello?

Sí, porque debería alcanzar también a los militantes. Sin embargo, la ley no está dada de esa forma. El señor Antauro tiene otros impedimentos que se mantienen, al margen de esta declaración de ilegalidad del partido. Lo cual pareciera contradictorio, porque finalmente el partido lo conforman personas. Y y son las personas las peligrosas, sobre si tienen ideas radicales como Antauro Humala. Sin embargo, hay ahí un vacío de la ley que —a estas alturas— el JNE no se ha preocupado por solucionar. Porque después de varios meses que se ha ventilado este caso sui generis, debería dejar lecciones para esta institución tan importante. Sin embargo, hasta el día de hoy, no han presentado una sola iniciativa legislativa que busque precisamente salvaguardar que en el futuro pueda suceder la inscripción de otro partido político similar.

—¿Aún no ha subsanado a su juicio el JNE su error?

No, para nada. Al parecer, quieren persistir en eso, quieren dejar abierta esa posibilidad. La pregunta es, ¿por qué?

—Hay especialistas que indican el plazo máximo de renuncia del 23 de diciembre para ir como invitado no le correspondería a Humala. Es decir, que podría tener libre ese camino [para las elecciones al Congreso de 2026]. Pero que al fin y al cabo es el mismo JNE el que tendrá que definir si procede o no una eventual candidatura suya. ¿No habrá un exceso de legalismo de nuevo?

Creo que el JNE tiene que apelar al sentido común y también a los principios constitucionales que, justamente, buscan promover la defensa y la preservación de la democracia. Sería demasiado ingenuo creer que con la declaración de ilegalidad ya se acabó todo. Aquí el que propugna y fomenta las ideas violentistas es el señor Antauro Humala. Y si el jurado, ciñéndose demasiado a lo normado, decide dejar la puerta abierta para que Antauro Humala pueda postular, evidentemente lo que se va a demostrar es que no hemos aprendido absolutamente nada. Si bien es cierto el jurado no puede resolver algo que no está en su ley, pero justamente ante un vacío que esto representa (porque la declaración de ilegal no está regulado en su procedimiento) por ende creo que el jurado está en el deber y la responsabilidad de llenar precisamente ese vacío, emitiendo una resolución firme donde cierre toda posibilidad de que el señor Antauro Humala pueda postular a las elecciones.

—¿En qué momento se podría dilucidar esto? ¿En qué momento se va a definir si finalmente Antauro Humala va a poder participar —o no— en los comicios con una sentencia de la Corte Suprema que ya advierte que lo que profesa es abiertamente antidemocrático? ¿No sería un poco ingenuo dejarlo participar?

Claro que sí. Me imagino que esto va a suceder cuando el JNE va a tener que emitir una resolución cuando la Corte Suprema le remita la sentencia para que en el ROP (Registro de Organizaciones Políticas) se pueda inscribir la cancelación del partido y, evidentemente, con esa resolución tendría que aprovecharse para que ponga cuáles son las implicancias legales frente a los militantes. Porque, claro, el señor Humala todavía pertenece al partido y el plazo para la renuncia y así poder postular con otros partidos pasó el 23 de diciembre. Esa fecha ya caducó. De tal manera que ellos han decidido asumir ese riesgo (...) De tal manera que yo soy de la posición de que no debería permitírsele a Antauro Humala postular como invitado de otro partido, en tanto ya se cerró la fecha para renunciar. Pero más allá de eso, también tiene otro impedimento que es el de no haber pagado la reparación civil por la sentencia que ha tenido, por lo cual ha purgado 17 años de cárcel. Eso también le impide al señor Antauro postular a un cargo de elección popular. En otras palabras, en estos momentos técnicamente el señor Antauro Humala está impedido. Solo si pagase la reparación civil allí recién podría estar rehabilitado, pero después de eso [ya] tendríamos que ver si es que cumple o no los requisitos del procedimiento electoral. Y, a mi juicio, no lo cumple, porque ya pasó el plazo para renunciar.

—Justamente, incluso se indica que en caso llegue a pagar el íntegro de la reparación civil (tanto al Estado como a los deudos) sí tendría una puerta abierta para participar, ya sea en las elecciones generales o subnacionales de 2026. ¿El Estado tiene otros mecanismos para salvarse de personas cuya ideología ya ha sido considerada antidemocrática para que sean expectorados finalmente del sistema?

Si el señor Antauro paga su reparación y el JNE dice de manera insólita que sí puede postular ya que el partido ha sido cancelado, etcétera, se saca como se dice un as bajo la manga, entonces allí sí no habría, en estos momentos, legalmente algo que se lo impida. Justamente, por esa razón es que desde el Congreso, mi despacho impulsó el proyecto de ley de reforma constitucional para impedir que los sentenciados por terrorismo, rebelión y otros delitos puedan postular a un cargo de elección popular hasta 10 años después de haber cumplido su condena. Sin embargo, lamentablemente, eso no se aprobó. Entonces el último mecanismo que nos queda a los peruanos es la propia responsabilidad de los electores. Porque finalmente más allá digamos si es que Antauro logra librar todos los obstáculos legales que tiene, será la población la que tiene que cerrarle las puertas a un extremista como Antauro. Esa es la única esperanza que nos que finalmente nos quedaría.

—O sea, el factor Antauro va a seguir siendo un riesgo latente todavía...

De hecho, puede ser un riesgo latente. Creo que con menos fuerza en el 2026, pero este ‘cuco’ se va a revivir en el año 2031. Porque para el año 2031 ya pudo haber pagado su reparación, ya se afilió a otro partido político, ya creó, incluso, otro partido político. Entonces es una amenaza que todavía está latente.

—Ahora, el Congreso no llegó a aprobar la ley que endurecía los candados para las postulaciones. ¿Debería hacerse un mea culpa de parte del Legislativo? Porque primaron finalmente intereses políticos.

Por supuesto. Hay realmente un mea culpa de parte del Congreso. Nosotros evidentemente luchamos para que esto se aprobara, pero bueno, no fue suficiente, no alcanzó. Sobre todo, las bancadas tienen que hacer un mea culpa porque nosotros —desde Renovación Popular— hicimos todo lo posible. Pero hubieron bancadas que votaron en contra, como los izquierdistas que ya sabemos que algunos de ellos, incluso, han aparecido en la foto con Antauro, ya se sabe por qué han votado en contra. Y bancadas supuestamente llamados de derecha que muchos de ellos se ausentaron y no alcanzamos los votos.

—¿Qué bancadas son las responsables de esta situación en la que nos encontramos?

Creo que son aquellas que votaron en contra y aquellas que se ausentaron ese día.

—Independientemente de lo que se vaya a definir en el fuero electoral en las próximas semanas, hay agrupaciones políticas que pese a la declaratoria de ilegalidad mantienen conversaciones directas con el etnocacerista. ¿No es jugar con la democracia misma esto?

Por supuesto. Al que se le ve haciendo esto es al señor Roberto Sánchez. Pero, ¿quién es el señor Roberto Sánchez? El señor Roberto Sánchez ha sido ministro del expresidente Castillo, alguien que atentó contra la democracia. Entonces, ¿qué se podría esperar de alguien que avaló un gobierno que era abiertamente antidemocrático y que constituía una amenaza abierta para el desarrollo del país? Siendo así, no extraña para nada que este señor sea quien abra las puertas a este extremista. Pasa de extremista a otro extremista. Simplemente, creo que Roberto Sánchez está sirviendo como un alfil de los extremismos y del violentismo en nuestro país. Pero bueno, finalmente, ya interpuse una denuncia constitucional contra ellos por el golpe de estado, esperando que esto también pueda aprobarse, espero que sí. Y de esa forma pues gente como el señor Roberto Sánchez ya tendrían menos, digamos, facilidad para justamente ser, como se dice, la locomotora de extremistas.

—¿Pero cómo califica a esta clase política que aúpa y mantiene intenciones de refugiarse en la figura de Antauro Humala?

Lo único que les importa es el poder. Lo único que les importa es asegurar su cuota, seguir como se dice mamando de la teta del Estado. Es lo único que les importa, no les interesa en lo más mínimo que pone en riesgo el futuro de todos los peruanos.

—Es, precisamente, Roberto Sánchez el que ha estado más cercano ahora último...

Claro, porque él es dueño de un partido político. Y bueno, un partido que ya sabemos que está con las justas porque tampoco tiene figure presidencial que se sepa, no hay un candidato para ellos en estos momentos o alguien que se le asemeje. No tienen. Están huérfanos prácticamente.

—¿Qué otras acciones se pueden tomar para que la historia no se vuelva a repetir? ¿Cómo evitar que condenados por asesinato y otros delitos graves, que impulsan abiertamente discursos de odio y contra la democracia, puedan infiltrarse en ella misma?

Nosotros vamos a seguir insistiendo con esta ley, porque si bien es cierto no hemos podido lograr aprobarla para el 2026, pero no me cabe ninguna duda que en el año 2031 van a volver los extremistas. No solamente Antauro, sino también aquellos que han sido sentenciados por terrorismo y que han cumplido su condena. Entonces, la amenaza sigue latente. Esta reforma constitucional que, lamentablemente, se apañó, puede volver ser presentada. Va a haber un momento en el cual vamos a tener que aprobarla. Eso es uno. Dos, exhortar al JNE para que ellos también asuman su responsabilidad histórica con el país y puedan presentar los proyectos de ley que sean necesarios para, justamente, librarnos de estas corrientes extremistas que aprovechen justamente la democracia que tanto desprecian para llegar al poder y luego socavar nuestra institucionalidad. Y, finalmente, llamar la atención a la ciudadanía, si bien es cierto uno puede hacer las reformas, pero si la ciudadanía aún con todo eso va a ir tras los cantos de sirena de estos violentistas, evidentemente el país va a seguir sufriendo los estragos de una profunda crisis política en la que estamos sumergidos. Entonces, aquí hay responsabilidades compartidas y todos tienen que asumir un rol responsable frente al país.

—¿Qué le diría a las bancadas que prefirieron no tocar este tema en su momento?

Que realmente antepongan los intereses del país por encima de sus intereses partidarios. Creo que aquí lo que ha primado es los intereses partidarios de quienes uno están abiertamente con el señor Antauro; y quienes han creído que Antauro puede ser el antagonista que facilite su elección en unas próximas elecciones. Creo que han hecho muy mal al creer que esto pueda funcionar y, finalmente, nos dejaron ante la intemperie. Menos mal que ahora la Corte Suprema declaró la ilegalidad del partido. Pero, ¿qué hubiese pasado si la Corte Suprema le hubiese dado la razón a Antauro? Realmente, hubiésemos estado en una situación bastante caótica.

—Vuelvo con la idea inicial: luego de más de 20 años, se aplica por primera vez este artículo tan clave de la LOP y el Estado respondió. ¿Cuál es la lección de todo esto?

Que los extremistas no van a dejar de ser extremistas, y la democracia no puede dejarse huérfana. La democracia tiene que autodefenderse. Y creo que hasta este momento existen mecanismos bastante fuertes y sólidos que, justamente, han permitido que partidos como el Movadef o ahora el partido Antauro finalmente no puedan participar de unas elecciones. Pero no es suficiente. Necesitamos crear muchos más candados para poder lograr que realmente los que logren postular en unas elecciones, sean personas que, si bien es cierto, pueden tener diferentes orientaciones políticas, pero todos son conscientes de las reglas de la democracia. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no estamos propiciando la persecución política ni cerrándole las puertas a los adversarios políticos. Algunos dicen ‘dejen postular’ ‘ganen en las urnas’. No. Esto no se trata de simplemente competir. Se trata de defender nuestra endeble democracia.