Antauro Humala insiste en su discurso violentista: ¿es apología al delito? Claves tras el fallo que ilegalizó su partido

Humala, quien cumplió condena por homicidio, secuestro agravado, rebelión y otros delitos, por el ‘Andahuaylazo’, defendió su propuesta de fusilar a expresidentes vinculados a presuntos casos de corrupción, entre los que se encuentra su hermano, Ollanta Humala. Incluso adelantó que ahora se siente “con más libertad de discurso”, por lo que apostaría por nuevas propuestas antidemocráticas.

Durante la conferencia de prensa, también insistió con un discurso xenófobo.

Su agrupación, denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), será disuelta por decisión firme de la Corte Suprema, que resolvió el caso en dos instancias.

En primera instancia, el Poder Judicial enfatizó que prohibir la violencia como método político o propuesta ideológica no solo no tiene respaldo constitucional, sino que se sustenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta se indica que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos de todas las personas. Aún están por conocerse los argumentos de la resolución de la Corte Suprema.

Apología del delito

El artículo 316 del Código Penal establece que quien públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años.

Gilmar Andía, penalista y exviceministro de Justicia, remarcó que las declaraciones de Humala “sí calzan” en la configuración de apología. “En términos claros, lo que está haciendo es una exaltación y justificación del delito de asesinato”, señaló.

En tanto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que “es complejo precisar” si Humala incurre en apología. Y señaló que la fiscalía debería abrir una investigación para determinarlo.

“La fiscalía debería abrir una investigación para ver si solo son dichos, qué tan factible es. [...] Humala salió de prisión antes de cumplir su pena. Se supone que tuvo que cumplir con una serie de exigencias administrativas respecto a su estado psicológico, su voluntad de resocializarse, pero eso no es compatible con lo que está diciendo”, aseveró.

El programa de A.N.T.A.U.R.O. incluye no solo la pena de muerte para expresidentes y la discriminación de los extranjeros que radican en el Perú, sino también la instalación de una asamblea constituyente.

En opinión del penalista Vladimir Padilla, el etnocacerista no incurre en apología. “No se aplicaría porque la exaltación tiene que ser sobre algo que ha ocurrido [...] Solo se puede decir que la suya es una opinión desafortunada”, dijo.

Alianzas

Durante la conferencia, el etnocacerista adelantó que trabaja para formar una alianza electoral que le permita participar en las elecciones generales del 2026. Aunque no podrá postular a la presidencia de la República, dejó entrever que tentaría llegar al Senado.

Según dijo, hay “una fila de partidos” interesados en aliarse con su agrupación, aunque El Comercio ha revelado que en realidad se va quedando sin opciones, pues no ha logrado convencer ni siquiera a agrupaciones de la izquierda radical.

Entre sus posibles aliados, Humala mencionó al Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap). Recientemente, el etnocacerista se reunió con David Chauca, conocido como el ‘Hincha israelita’, un militante del Frepap popular por su afición por la selección peruana de fútbol.

Humala también mencionó al partido Juntos por el Perú, del congresista Roberto Sánchez, procesado por el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022.

No obstante, según Humala, los partidos que decidan tenerlo como aliado quedarán subordinados a él.

Con la declaración de ilegalidad, la Corte Suprema dispuso que se cancele la inscripción del partido ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, se ordenó la imposibilidad de reinscripción, así como el cierre de todos sus locales partidarios a nivel nacional.

Por primera vez —al menos en el presente siglo— un partido político será disuelto por la justicia peruana al contravenir abiertamente los principios democráticos. Aunque Humala no figuraba formalmente como dirigente, se llegó a determinar que era quien, en la práctica, ejercía el liderazgo del partido, amenazando con vulnerar libertades y derechos fundamentales.

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La decisión comprende estrictamente al partido político y su reconocimiento como tal ante el sistema electoral; sin embargo, aún quedaban algunas interrogantes sobre la eventual incursión política del condenado etnocacerista. A continuación, abogados especialistas en materia electoral y penal responden algunas de ellas.

La sala civil de la Corte Suprema, actuando como una segunda instancia, confirmó —el último martes— una decisión adoptada en octubre que declara ilegal el partido A.N.T.A.U.R.O., al contravenir principios democráticos.

La aplicación de la decisión es inmediata; es decir, ya un amparo u otro recurso a nivel judicial no frenará la materialización de lo dispuesto por las dos instancias de la corte. Sin embargo, el abogado penalista Andy Carrión explicó a El Comercio que, al ser un adelanto de sentido de fallo lo que se conoció, el íntegro de la resolución de la segunda instancia —con todos sus argumentos— tendrá primero que ser notificada de manera formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que pueda proceder. Ello ocurrirá en estos días.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el ente que tiene a su cargo la custodia del Registro de Organizaciones Políticas (ROP); por ende, es a quien corresponde aplicar la decisión. El máximo ente electoral indicó el miércoles que aún no han sido notificados, pero que, ante la declaración de ilegalidad de una agrupación, el ROP “inscribe el asiento de cancelación de manera inmediata”. En suma, una vez formalizada, se procederá de forma expeditiva.

Pero, además de la cancelación y su imposibilidad de reinscripción, la Corte Suprema también ordenó el cierre de todos los locales partidarios a nivel nacional. Aún no está del todo claro quién será el encargado de fiscalizar que ello se materialice en la práctica, pues —tal como apuntó el especialista José Naupari— el JNE no es un órgano coercitivo de clausura.

“A lo mucho, lo que podría hacer, en su momento, es que luego de registrar el asiento de cancelación de inscripción, disponer —a través del área de fiscalización— que vayan a constatar si es que los locales siguen en funcionamiento o no. Y podría poner en conocimiento a la corte”, explicó Naupari.

El JNE no respondió a consultas de El Comercio sobre cómo se actuará respecto a este aspecto mandado por la corte, y si se coordinará eventualmente con la fiscalía o con la policía para ello.

Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, apuntó que, salvo alguna otra reforma, Humala ya no puede postular a la Presidencia o integrar la plancha presidencial, según la ley vigente. Sin embargo, aún existe una controversia respecto si podría —como parte del porcentaje de invitados— postular al Congreso de la República.

A juicio de Mendoza, el tema clave será desde cuándo se va a considerar como disuelta la agrupación política; es decir, si en octubre —cuando se emitió en primera instancia— o posteriormente. Esto debido a que el 23 de diciembre del 2024 venció el plazo para renunciar a una agrupación, con miras a ir en la cuota de invitados de otra.

“Recordemos que la decisión de primera instancia en la corte se dio en octubre del 2024, y ahora se ha confirmado. ¿Qué quiere decir eso? Que desde octubre el partido A.N.T.A.U.R.O. ya no existía, porque era ilegal. Por tanto, a la fecha límite de renuncias para poder participar en las elecciones de abril del 2026, que era diciembre del 2024, no existía el partido como tal. Eso va a ser materia controversial”, explicó.

En su opinión, de considerarse octubre, Humala podría tener el camino libre para postular al Congreso, pero en ese escenario tendrá que haber un “control” a nivel del ente electoral, además del ciudadano que —vía una tacha— podría cuestionar su eventual candidatura.

Por su parte, Silvia Guevara, abogada especialista en temas electorales, coincidió en que Humala ya no puede ser candidato a la presidencia o a las vicepresidencias. No obstante, en el caso del Congreso, podría postular como parte del porcentaje de invitados, si se interpreta que, al cancelarse la agrupación, se cancela en consecuencia también la afiliación. Y, por ende, el requisito de renuncia —que expiró en diciembre— ya no le alcanzaría.

“La situación ya fue definida a nivel de la Corte Suprema, que es la cancelación del partido, no existe y se entiende que ya no está afiliado a ninguna organización, ya fue cancelada”, dijo. Incidió que la agrupación disuelta, o sus militantes de manera directa, podrían recurrir al ROP para que se esclarezca la situación frente a los próximos comicios, lo cual podría ser apelado al pleno del JNE.

Justamente, a opinión de José Tello, lo sucedido se trata de una situación atípica, no prevista en el cronograma electoral en curso. Y, precisamente por ello, dijo que, a solicitud del propio Humala, puede definirse —primero en el ROP y eventualmente, vía apelación, en el pleno del JNE— si mantiene su derecho a postular como invitado en las elecciones generales.

Tello remarcó que una vez que el ROP libere a los afiliados del partido cuya inscripción se ha cancelado, “deberá indicar expresamente si los exafiliados pueden o no participar en las elecciones de abril como invitados”.

Sobre este punto, tanto Mendoza, Guevara como Tello tienen el panorama más claro y coinciden: en cuanto a plazos, no habría un impedimento para una eventual postulación de Humala en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, en calidad de invitado.

Esto más aún cuando, a raíz de la última modificación que aprobó el Congreso —en vigor desde mediados de enero— se elevó del 20% al 30% la cuota de libre designación de candidatos, entre afiliados o no afiliados, para los cargos de alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y de regidores.

Tello apuntó que en ese escenario Humala no tendrían ningún impedimento para postular en cuanto a plazos, puesto que al cancelarse su partido no tendría por ende afiliación vigente. “Y el plazo para renunciar y postular como invitado a alcalde, gobernador u otros cargos subnacionales por otra agrupación todavía vence hasta el 16 de junio del 2025″, incidió.

El abogado Roy Mendoza remarcó que, un primer filtro, será el Jurado Electoral Especial respectivo. Acotó que este tendrá que calificar de cara a las elecciones primarias —previstas para el segundo semestre de este año— la inscripción de una eventual candidatura de parte de Humala. Y, en caso de apelación, subirá al JNE.

Adicionalmente, remarcó que correrá el “segundo control” de parte de la propia ciudadanía: que es la etapa de las tachas. “Se tacha a las personas cuando hay incumplimiento de la ley respecto a los requisitos que habilitan a las personas para la postulación”, precisó.

Justamente, Tello comentó que, si hay algún impedimento legal para postular, el JEE actuaría de oficio declarando la improcedencia de la inscripción. Lo que puede ser apelado. “La tacha es posterior a la inscripción de candidatos y es una impugnación a este proceso, cuando un ciudadano advierte que el JEE hizo mal su calificación al dar viabilidad una candidatura contraviniendo la ley electoral”, indicó.

Guevara opinó que el JNE debe actuar con la neutralidad que le corresponde. Sin embargo, que “dado que respecto de este caso no todo está escrito o regulado, específicamente el ROP podría emitir un pronunciamiento respecto a las consecuencias de la cancelación y los alcances hacia sus afiliados”. Es decir, independientemente de que en la etapa de la inscripción de candidatos se pueda presentar alguna tacha.

Al margen del tema de los plazos, las aspiraciones políticas de Humala pueden frustrarse por un tema crucial: la reparación civil que le impuso tanto a favor del Estado como a las víctimas por la masacre del ‘Adahuaylazo’ que encabezó en el 2005 y del cual dice sentirse orgulloso.

Sobre este punto, los tres especialistas en derecho electoral consultados por este Diario coincidieron en que, si Humala no ha cumplido con el íntegro de la reparación civil, no podría candidatear a ningún un cargo de elección popular.

Mendoza lo explicó así: el JNE lo que requiere a la persona que fue condenada es la resolución de rehabilitación. Y para obtenerla se requieren dos condiciones, haber cumplido con la condena y haber pagado la reparación civil. Si no la ha cancelado —comentó— “en estos momentos, sería un impedimento”.

Guevara explicó que “cualquier persona que haya sido sentenciada, tiene que haber pagado la reparación civil para ser candidato a un cargo público”. Y Tello señaló que el estar rehabilitado significa el haber cumplido con la deuda que se mantenía con la sociedad.

Tal como se informó, por el Caso Andahuaylazo, la justicia le impuso a Humala —además de 19 años de cárcel— S/1′283.000 por el concepto reparación civil. Y cumplió con el pago impuesto a favor del Estado, pero no a todos las deudos y víctimas. Los abogados penalistas Carlos Caro, Andy Carrión y Daniel Jurado, consultados por El Comercio, coincidieron en señalar que, para la rehabilitación, se debe cancelar el íntegro de la reparación. No una parte.

“La rehabilitación es completa cuando se ejecuta todo el pago de la reparación civil, no solo una parte. No puede estar rehabilitado parcialmente, eso no existe. El código es estricto: la rehabilitación se dará cuando se cumpla con el pago de la reparación civil. No dice a una parte, a dos o a tres, sino el pago total”, aseveró Jurado a este Diario.