La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que el proyecto de ley del diputado Aldo Bravo (Renovación Popular), que propone penalizar la denominada “apología al delito agravado” durante situaciones de crisis política y/o conflictos sociales, afecta seriamente el ejercicio de libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.
A través de un pronunciamiento, señaló que tal como está formulada, la iniciativa “genera graves riesgos para la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo, al emplear conceptos amplios como ‘justificar’, ‘legitimar’ o ‘generar un riesgo’, cuya interpretación podría terminar alcanzando expresiones y contenidos periodísticos protegidos”.
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“Informar sobre hechos violentos no equivale a promoverlos. Reproducir declaraciones de dirigentes, recoger testimonios, documentar hechos o dar cobertura a conflictos sociales forma parte del ejercicio periodístico y no puede ser confundido con la incitación, justificación o legitimación de la violencia. Una legislación de esa naturaleza debe establecer esa diferencia de manera expresa para evitar efectos de autocensura”, expresó.
“Resulta preocupante que la propuesta considere como agravante el uso de medios de comunicación y plataformas digitales y mencione expresamente a comunicadores, líderes de opinión y personas con capacidad de convocatoria pública. Esto no puede convertirse en un factor de mayor exposición penal para quienes ejercen una actividad esencial en democracia”, agregó.
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Por ello, la ANP advirtió sobre las implicancias que la propia exposición de motivos atribuye a la investigación penal, incluida la posibilidad de exhibición e incautación de dispositivos electrónicos y archivos digitales.
También manifestó que el proyecto de ley no contempla salvaguardas suficientes para garantizar el material periodístico, las investigaciones en curso y el secreto profesional.
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“Este proyecto no solo pone en riesgo las libertades informativas y el ejercicio periodístico, sino que puede terminar criminalizando derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión, y el derecho a la protesta. La ANP defiende el pleno ejercicio de estos derechos porque son libertades esenciales de toda sociedad democrática y no pueden quedar sometidos a una ampliación imprecisa del poder punitivo del Estado”, enfatizó.
“Finalmente, la ANP advierte que no resulta razonable ampliar de manera imprecisa el ámbito del derecho penal cuando el ordenamiento jurídico peruano ya contempla herramientas para sancionar la instigación a la comisión de delitos, la apología y otras conductas violentas. La respuesta del Estado frente a la violencia no puede traducirse en una ampliación del poder punitivo capaz de alcanzar el ejercicio de derechos fundamentales”, sentenció.
Por su parte, Roberto Pereira, abogado especialista en temas de prensa y libertad de expresión, consideró que el proyecto de ley que plantea penalizar a comunicadores por “apología al delito” es técnicamente “deficiente y desastroso”.
“En primer lugar, diría que es un proyecto innecesario porque todo aquello que dice que pretende sancionar ya tiene una cobertura legal en el Código Penal, a través de la figura de la instigación a la comisión de delitos y de la figura típica de apología, que ya está regulada”, acotó en Canal N.
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“Además de ser innecesario es un proyecto técnicamente deficiente, desastroso diría yo porque busca tratar de introducir figuras que ya existen e introduce una serie de terminologías deficientes”, añadió.
Pereira recalcó que el proyecto de ley del diputado Aldo Bravo concibe al uso de los medios de comunicación como una “fuente de peligro o comisión delictiva” y agrava conductas por el uso de plataformas digitales, que no tienen una definición en la legislación penal peruana.
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“Agrava la conducta porque la persona tiene capacidad de convocatoria pública. ¿Qué significa eso? O porque es un líder de opinión o un comunicador, un dirigente social. Son términos absolutamente vagos, sin definición, ambiguos, que se prestan a la arbitrariedad”, enfatizó.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) planteó archivar el proyecto de ley por considerar que no solo revela “poco aprecio” por las libertades fundamentales, sino un escaso nivel de preparación técnica de la propuesta.
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En su pronunciamiento, señaló que se trata de un “proyecto redundante” porque el Código Penal ya establece figuras específicas para instigación o apología.
“La modificación afecta cualquier tipo de manifestación u opinión hechas a través de cualquier medio de comunicación, porque penaliza toda acción que promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime el uso de acciones que pueda afectar la seguridad ciudadana, la vida o bienes del Estado, entre otros”, aseveró.
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“Esta lista indiscriminada de expresiones sin delimitaciones claras se presta a un sinfín de arbitrariedades. Considera además como agravantes posiciones de liderazgo político, social, de opinión o la condición de comunicador, recurriendo una lista de expresiones con similares problemas de imprecisión y en consecuencia fuente de abusos”, agregó.
De igual modo, mencionó que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha precisado las pautas de aplicación de la apología, orientándola a la exaltación de conductas ya cometidas o de personajes sentenciados. Insistió en que la propuesta trasgrede estos límites constitucionales.
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“Así, la cobertura reiterada o sostenida de una protesta, la entrevista a sus protagonistas, la discrepancia con la línea editorial de un medio, en una coyuntura de conflicto social, podría calificarse como una justificación o legitimación de aquella, activándose la persecución penal a través de esta nueva figura, en contra de ciudadanos y periodistas”, remarcó.
El proyecto de ley, bajo la denominación de apología, sanciona con entre 4 a 6 años de cárcel un conjunto amplio de manifestaciones a través de medios de comunicación. IPYS refirió que esto afecta “claramente” la libertad de expresión, pues la norma se aplicaría en situaciones de crisis política o conflicto social.
