Paolo Benza

Periodista

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En los tres meses que han transcurrido desde la disolución del Congreso, el gobierno de ha emitido 41 y ha aprobado la publicación de dos más, según el primer ministro . En total, son 43 las disposiciones hasta el cierre de esta edición.

De ese total, 12 son disposiciones internas del sector público relacionadas, por ejemplo, con la contratación de personal, el movimiento de pliegos presupuestales o el cambio de unidades ejecutoras. “Este tipo de normas se dan con o sin interregno”, dice Mayen Ugarte, docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP.

Once decretos ordenan la prórroga de exoneraciones tributarias o regímenes especiales que vencían pronto. El principal es la extensión del régimen agrario hasta el 2031, que incluye cuatro modificaciones de carácter laboral: tres hechas por el Congreso, una por el Ejecutivo.

De los 20 restantes, siete tratan sobre el destrabe de proyectos y el impulso económico, y 13 son normas sectoriales como la cobertura universal en salud, la promoción del cine, del chatarreo, la reorganización de universidades públicas con licencia denegada o el control previo de fusiones y adquisiciones empresariales, entre otras.

“Está bien que no den un montón de decretos sectoriales. Este es un período de excepción. Con el que tienes que buscar las grandes reformas es con el Congreso que vendrá”, opina Ugarte. Los cuatro analistas consultados por El Comercio coinciden en que, por tratarse de un período sin contrapeso político, es mejor pecar por moderación que por entusiasmo legislativo.

“Sí creo que el Ejecutivo viene excediéndose un poco. Con el acceso universal a la salud, por ejemplo, los problemas de gestión del sistema público no se están solucionando. Pero tampoco es que vea una gran reforma. Todo se viene manejando con la medianía con que se suele manejar este tipo de cosas”, sostiene el analista Erick Sablich.

“Yo me quedo con dos tipos de normas: aquellas que son realmente urgentes, como las exoneraciones tributarias que vencen, y los temas en los que ya había cierto tipo de consenso con el Legislativo, como la ley de fusiones y adquisiciones, o la prórroga del régimen agrario. En ninguno de esos casos, calza la ley de los medicamentos genéricos”, coincide el experto en políticas públicas Fernando Cáceres.

Sobre este decreto, critica que no se haya hecho un análisis técnico más minucioso para evitar que las grandes cadenas de farmacias, que además son propietarias de laboratorios, ofrezcan como primera opción al cliente sus medicamentos más caros, aun teniendo el stock de genéricos obligatorio.

—Sin norte—

Para el analista político Pedro Tenorio, el problema del Ejecutivo es la percepción de que no tiene un norte. “Sí, con los decretos de urgencia el Ejecutivo tenía que ampliar una serie de exoneraciones que vencían en diciembre. Está dentro de lo que se espera. Su problema real está en que se ve como un gobierno sin una dirección clara en los temas que le importan a la gente, como la seguridad”, dice Tenorio.

En materia económica, el Ejecutivo se ha concentrado en estimular el gasto público y en el destrabe de obras de asociación público-privada. Por ejemplo, ha priorizado proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y ha aplazado tres años la reducción del déficit fiscal, para no “incidir negativamente en el crecimiento”.

Según Tenorio, sin embargo, estas no serían señales suficientes para los agentes económicos. Cáceres considera que la indecisión se ve especialmente reflejada en el manejo de conflictos. “El problema de este Ejecutivo es que no logra encontrar un punto medio entre imponer la autoridad y dialogar. ¿Por qué recibe a los transportistas informales en una reunión donde no está la Autoridad de Transporte Urbano?”, cuestiona.

Hasta ahora, la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado dos de los cuatro informes redactados sobre los decretos de urgencia del Gobierno. El primero avala la prórroga de la exoneración del IGV a los libros, y el otro critica la convocatoria a nuevas elecciones por incurrir en “sobrerregulación”.

—La continuidad de Trujillo en cuestión—

Desde que disolvió el Congreso, el presidente Vizcarra ha tenido que pedir la renuncia de tres ministros: Jorge Meléndez, de Desarrollo e Inclusión Social; Zulema Tomás, de Salud; y Francisco Petrozzi, de Cultura.

Sin embargo, para Tenorio ninguna supuso un golpe político importante. “La salida de Petrozzi tuvo impacto a nivel de medios, pero no sé qué tanto de opinión pública”, dice.

Quien sí sería vulnerable frente al nuevo Parlamento es el titular del MTC, , vinculado a dos desembolsos irregulares por más de S/65 millones en Moquegua, y contra quien la fiscalía ha reabierto investigación preliminar. “Es crucial porque es una persona muy vinculada al presidente”, dice Tenorio.

Para Cáceres, el impacto de los cambios ministeriales en cada sector depende de las prioridades de sus sucesores. “Si mantiene de directores generales para abajo, no hay de qué preocuparse”, afirma.