Betssy Chávez: PJ evalúa este jueves pedido fiscal para ampliar 18 meses prisión preventiva por golpe de Estado

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo provisional transitorio Alcides Chinchay, solicitó la ampliación de la prisión preventiva por 18 meses contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Bettsy Chávez, procesada por el “Golpe de Estado” del 7 de diciembre del 2022.

Según documentación obtenida por El Comercio, el Ministerio Público presentó el requerimiento contra la exministra de Pedro Castillo, el miércoles 18 de diciembre, ante el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley. El magistrado programó la audiencia este jueves 26 de diciembre a las 12:30 horas.

MIRA: Nueva norma del Congreso beneficiaría a Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra e investigados por Caso Lava Jato: Estos son los alcances

Contra Betssy Chávez pesa una acusación fiscal por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y Orden Constitucional – Rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 25 años de cárcel efectiva por este caso, que está pendiente de programar el inicio del juicio oral.

Junto a la exministra, también fueron acusados Pedro Castillo; los extitulares del Interior Willy Huerta, y Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez (actual congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y el exasesor de PCM, Aníbal Torres.

Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino, presentó un escrito ante el juez Checkley Soria solicitando la excarcelación de su patrocinada, alegando que al vencimiento del plazo, cualquier extención de la prisión preventiva constituiría una detención arbitraria y vulneraría sus derechos fundamentales.

No obstante, en el requerimiento fiscal de prolongación, la medida de prisión preventiva vencía este viernes 20 de diciembre.

“En el caso en concreto, tenemos que la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino cuenta con mandato de prisión preventiva de dieciocho (18) meses, el mismo que está próximo a vencer el 20DIC2024. En ese sentido, es factible que vuestra Judicatura Suprema admita el pedido de prolongación de prisión preventiva por el plazo solicitado, conforme con lo establecido en las normas antes acotadas”, señaló la fiscalía.

Según la resolución judicial que convoca a audiencia, el juez señaló que Chávez Chino se encuentra internada enel Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, desde el 20 dejunio de 2023 hasta el 19 de diciembre de 2024, fecha en la cual cesa el plazo fijado de los dieciocho meses (18) meses de prisión preventiva.

Sin embargo, Betssy Chávez no podrá ser excarcelada hasta que se resuelva el pedido de ampliación de la prisión preventiva en su contra, debido a que esta fue interpuesta antes del vencimiento del plazo de la medida coercitiva dictada a inicios del año pasado.

Por ello, la exministra permanecerá en prisión hasta la audiencia del 26 de diciembre en que se resolverá su situación.

En su requerimiento de ampliación de la prisión preventiva, el Ministerio Público sustentó que, para la prolongación de la medida, se requiere fundamentar que existe “una especial dificultad de la investigación o del proceso; o “una especial prolongación de la investigación o del proceso”.

Aunado a dichos presupuestos fácticos, la ley procesal también exige la concurrencia de un contexto de peligro procesal: bien sea de fuga o de obstaculización.

En ese escenario, recordó el fiscal supremo, el presente proceso penal ya se ha superado satisfactoriamente el control de acusación, puesto que el 12 de noviembre del 2024, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha emitido el auto de enjuiciamiento a través del cual declaró, “la procedencia del juicio oral en contra de Betssy Betzabet Chávez Chino, quien es acusada en calidad de coautora del delito contra los poderes del Estado y Orden Constitucional -rebelión, en agravio del Estado”.

Además, se pidió considerar que este proceso comprende a ocho acusados y una parte agraviada (representada por la Procuraduría General del Estado), por lo que se está frente a un escenario complejo debido a la cantidad de intervenciones de las partes.

Y, teniendo en cuenta que Chávez es acusada en “coautoría”, ello implicará, entre otros, que la actuación probatoria adquiera significativa complejidad en tanto que se deberán, primero, interrogar y contrainterrogar a cada uno de los testigos, así como examinar a los peritos que han sido admitidos por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria

Como línea principal, la fiscalía alegó que, sin desmerecer los derechos y garantías que amparan las solicitudes de la referida procesada, lo cierto es que, a la fecha, la medida coercitiva que recae sobre su persona subsiste dado el peligro de fuga como de obstaculización de la actividad probatoria.

Reiteró que se está solicitando la prolongación de la medida de prisión preventiva antes de su vencimiento, por lo tanto, la petición deberá ser resuelta en audiencia.

El representante del Ministerio Público puntualizó que hay razones plausibles para establecer que la acusada puede sustraerse de la acción de la justicia y perturbar la actividad probatoria.

El fiscal enfatizó que los factores de peligro se intensifican si se atiende a la gravedad del delito imputado (rebelión), así como a la pena requerida que asciende a 25 años de cárcel; por ende se hace indispensable mantener y prolongar la prisión preventiva por 18 meses.

“Por todo lo expuesto, en el presente caso el peligro de fuga subsiste a la actualidad, a pesar de los incidentes promovidos por la acusada Chávez Chino con relación a la prisión preventiva que ha sido dictada en su contra. Asimismo, no concurren eiementos de convicción que desacrediten dicho peligro procesal; y no se han desvirtuado el material probatorio que respalda el riesgo concreto de que la investigada se sustraiga del proceso que se le sigue; menos aún si se considera que el proceso ya se encuentra en su última fase en la que se debatirá una acusación con la cual se ha solicitado una pena de 25 años de privación de la libertad efectiva.”

Alcides Chinchay, fiscal supremo