Betssy Chávez: Los peligros de fuga y obstrucción que advierten la fiscalía y procuraduría por el caso del golpe de Estado

El fiscal supremo Alcides Chinchay recordó que los elementos de fuga y obstaculización por los que se dictó su prisión en junio de este año, medida que posteriormente fue ratificada en setiembre por la Sala Suprema, aún persisten.

En audiencia pública, el fiscal señaló que luego de haberse confirmado la prisión preventiva, la excongresista y su defensa no presentaron elementos de convicción nuevos para desvirtuar la imputación por el presunto delito rebelión, por el que viene siendo procesada.

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Enfatizó que era de público conocimiento que el Gobierno de México se pronunció a favor de lo expresado por Pedro Castillo Terrones en su Mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, y que dicha posición “no ha variado”. Esto, porque el presidente mexicano, Manuel López Obrador, sigue expresando su apoyo a Castillo Terrones y lo considera un “perseguido político”.

“Ese riesgo no solo es cosa juzgada; sino que se ha mantenido en el tiempo”, señaló.

Ante el juez supremo Juan Carlo Checkley, la fiscalía afirmó que, lo que en realidad buscaba Chávez Chino, es que se vuelvan a evaluar los testimonios que ya se analizaron antes de que se confirme la prisión preventiva y que se evalúe por segunda vez el riesgo de peligro de fuga hacia México.

“Sobre México, lo que está solicitando ella es una revaluación, que vuestra judicatura vuelva a ponderar si el peligro de fuga hacia México debe o no ser acreditado o tomado como suficiente para sustentar una prisión preventiva; y eso no es de recibo, porque no estamos aquí para que se vuelva a revaluar”, señaló.

Asimismo, indicó que la investigación preparatoria se cerró el 14 de diciembre del 2023, sin la necesidad del peritaje de toma de voz -como exige Chávez- ya que luego de que se dictó la prisión preventiva se obtuvo otro peritaje que demostraría la presencia de Chávez Chino antes del mensaje de golpe de Estado.

“Tenemos una pericia que ha sucedido después de la audiencia de apelación que confirmó el rechazo del cese prisión. Una pericia que ratifica un indicio de ocasión, un indicio periférico, la presencia de la señora Betssy Chávez Chino; igual que la del exjefe de Gabinete de PCM (Aníbal Torres), hasta pocas horas de que se diera el mensaje en que se rompía el orden constitucional.”

Alcides Chinchay, Fiscal Supremo

Finalmente, sobre la obstrucción, precisó que durante las investigaciones la exministra no entregó su celular Galaxy Zflip3; sino que lo hizo después de que se dictó su prisión preventiva, ya que fue considerado un elemento sobre su falta de colaboración con la justicia.

“Sobre el contenido de celular. El celular fue entregado voluntariamente, pero después de las decisiones que se tomaron en el Poder Judicial en contra de la libertad de la señora, al considerarse una conducta obstruccionista, es que recién entrega. No fue una acción espontánea de la señora”, reafirmó.

Chinchay Castillo aclaró durante su exposición que el pedido cese de prisión preventiva de la exministra no procedía, ya que el Decreto Legislativo 1585 de noviembre del 2023 -norma en la que Chávez Chino postuló el requerimiento de cese- dispone que la revisión de oficio de una prisión preventiva se realiza transcurridos seis meses desde el inicio de la ejecución de la prisión o desde la última audiencia que se discutió la revisión de la medida.

En consecuencia, precisó que la prisión preventiva fue confirmada en setiembre del 2023, por lo que a la fecha no han transcurrido los seis meses exigidos por la norma. Por tanto, no se cumple el requisito temporal.

Por todo ello, solicitó que se declare improcedente, o en su defecto , infundado el cese de la prisión preventiva para Chávez Chino.

Conducta obstruccionista

A su turno, el procurador anticorrupción, Milton Vílchez, remarcó que en el proceso ya se tiene como un hecho cierto que la investigada Chávez Chino recién entregó el referido teléfono el 21 de agosto del 2023. Y que esto no fue voluntario, sino que fue posterior a la medida de prisión preventiva que se impuso en su contra (20 junio de 2023).

Indicó que dicho teléfono estuvo por varios meses en posesión de la imputada, con todo el procesamiento que puede haber en un celular personal.

“Ese ocultamiento de fuente de prueba y en la forma cómo se puso a disposición para su examen técnico-pericial pertinente, es justamente lo que ha sido objeto de crítica; y en un segundo momento, esa prueba ya se realizó. Entonces, esa es la conducta, eso mismo se está repitiendo hoy y se pretende hacer una revaluación.”

Milton Vílchez, Procurador Anticorrupción adjunto.

Además, precisó que desde la confirmatoria de la medida, solo han pasado tres meses y cinco días por lo que no corresponde aplicar el DL 1585 de variación de oficio.

Agregó que la ley exige nuevo datos reveladores que se superpongan a los que ya se analizaron en setiembre del 2023, cuando se ratificó la prisión preventiva.

Chávez solicitó impedimento de salida

Durante la sesión y haciendo su autodefensa, la exministra Betssy Chávez, adujo que a la fecha, ya habían transcurrido los seis meses que exige el DL 1585. Esto, añadió, debía contabilizarse desde que se dictó la medida de prisión preventiva en primera instancia, el 20 de junio hasta el 20 de diciembre último.

Aseguró que ya no subsistían los dos motivos principales por los que se dictó la medida en su contra: La no entrega del celular Galaxy Z Flip3 y su presunta fuga de fecha 7 de diciembre para dirigirse a la Embajada de México.

Aseguró haber entregado su celular “de manera voluntaria” con la finalidad de coadyuvar a la investigación. Acotó que se le realizó una copia espejo, pero no se llegó a indexar su contenido al expediente puesto que la fiscalía dio por concluida la investigación preparatoria el 14 de diciembre.

Manifestó su extrañeza de que el fiscal Uriel Terán -que en ese momento veía este caso- haya cerrado la investigación cuando el Poder Judicial le había otorgado una ampliación de la investigación; y justo cuando se denunció a la presunta red criminal que vinculaba a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Ello, dijo, puesto que iba a solicitar la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, ya que había tomado conocimiento que su suspensión como congresista de la República fue “transada” por una presunta organización criminal.

“Me parece una extraña coincidencia pues justo por esos días tuvimos un destape de presunta corrupción en la fiscalía que tendría como presunta cabecilla a la doctora Patricia Benavides, que fue quien le dio la confianza al fiscal Uriel Terán”, expresó.

Sobre su presunta fuga a México, recordó que no se han considerado declaraciones del chofer que conducía el vehículo que la transportó después de abandonar Palacio de Gobierno el 7 de diciembre del 2022 y que tampoco se valoró adecuadamente la declaración de una de las secretarias de la PCM que se toma en cuenta para dictar su prisión preventiva.

Por ello, solicitó al juez Checkley que varíe la orden de prisión preventiva en su contra y dicte su comparecencia con restricciones, bajo impedimento de salida del país.

“Solicito tome usted en consideración, con todos mis argumentos, mi variación a comparecencia restringida para poder ejercer mi defensa en libertad, y solicito en este mismo acto que como regla de conducta se me dé el impedimento de salida del país. Lo he dicho anteriormente, yo no pretendo salir del país, yo lo que quiero es conocer la verdad, porque lo que quiero limpiar es mi nombre”, solicitó.