CAL advierte que ampliación del Reinfo favorece expansión de criminalidad vinculada a la minería informal
En un pronunciamiento, consideró importante que el Congreso, Ejecutivo y sociedad civil puedan consensuar una norma que viabilice el proceso de formalización de la minería a pequeña escala.
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El CAL expresó su preocupación por la ampliación de los efectos del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2025, el cual lleva vigente 9 años con pocos resultados. (Foto: IIMP)
A través de un pronunciamiento, expresó su preocupación por la ampliación de los efectos de dicha norma, la cual lleva vigente 9 años con pocos resultados, pues solo el 2.31 % de los inscritos culminaron el proceso de formalización.
“A pesar de ello, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha prorrogado dicho registro por seis (6) meses más”, indicó al señalar que el Tribunal Constitucional (TC), en el 2023, realizó un análisis de fondo sobre el problema de la minería informal.
Recordó que en un expediente, el TC aseguró que el Reinfo ha demostrado ser ineficaz en el proceso de formalización y no resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal en los delitos ambientales, además de afirmar que los avances en la formalización de la MAPE han sido limitados.
“Esta situación representa un riesgo creciente: si no se actúa con decisión, se profundizarán los impactos negativos en sectores vulnerables, se reducirá la capacidad recaudatoria del Estado, se intensificarán los daños al medio ambiente y a la salud pública, se comprometerá la gobernabilidad en zonas críticas y se ampliará el espacio de acción de la minería ilegal”, manifestó.
Por ello, el CAL consideró importante que el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad civil puedan consensuar un marco normativo que viabilice el proceso de formalización de la minería a pequeña escala, sin que ello signifique exenciones de responsabilidades penales.
“Todo el sector minero (pequeño, mediano y grande) debe ser altamente fiscalizado, especialmente por el uso de mercurio, explosivos y armas. El primero, porque viene causando un daño irreparable a la salud, las aguas y las tierras de nuestro país; y los siguientes, porque llegan a manos de la criminalidad, incrementando la violencia en contra de la ciudadanía y, como ocurrió en el caso de la explosión en la sede del Ministerio Público de Trujillo el pasado 20 de enero, ponen en grave riesgo la vida e integridad de nuestra policía y funcionarios públicos”, subrayó.
Comunicado del CAL. (Foto: @CALPERUOFICIAL / X)
Finalmente, el CAL enfatizó que parte de la solución frente a la criminalidad es brindar herramientas adecuadas de fiscalización en el uso de explosivos y en las plantas procesadoras de minerales, a fin de coadyuvar a reducir el impacto negativo de la minería ilegal, que “constituye el brazo financiero de bandas y organizaciones criminales”.
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