El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exhorta al Tribunal Constitucional que se pronuncie con urgencia ante la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ley de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Ley Reinfo) promulgada por el Congreso y el Ejecutivo que permiten su vigencia hasta junio del 2025.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exhorta al Tribunal Constitucional que se pronuncie con urgencia ante la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ley de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Ley Reinfo) promulgada por el Congreso y el Ejecutivo que permiten su vigencia hasta junio del 2025.
A través de un comunicado publicado este martes 21 de enero, el gremio de abogados advierte que el reciente ataque con un explosivo contra una sede del Ministerio Público en Trujillo estaría vinculado a la minería ilegal y ocurre solo semanas después que el Gobierno promulgara la norma que extiende la vigencia del Reinfo.
“Estos actos reflejan una alarmante descomposición social que tiene como uno de sus principales orígenes la falta de regulación efectiva y oportuna del proceso de formalización minera, lo que ha permitido que la minería ilegal prospere y amplíe su impacto negativo en el país”, advierten.
Comunicado del CAL dirigido al TC por demanda de inconstitucionalidad contra ley Reinfo.
En esa línea, consideran “urgente” que el TC se pronuncie sobre el fondo del proceso de inconstitucionalidad N°00017-2023-PI/TC, presentado por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388, conocida como la reciente Ley Reinfo.
El CAL recuerda que el registro lleva más de una década de implementación pero ha demostrado ser ineficaz ya que solo habría regularizado a menos del 20% de pequeños mineros y mineros artesanales.
A esto se suma el aumento de la violencia y la criminalidad como se puede ver en ataques perpetrados en Pataz, Caravelí y otras zonas como Trujillo y la degradación de la Amazonía.
“Frente a esta crisis, el Tribunal Constitucional tiene el deber de emitir un fallo que oriente al Congreso a implementar políticas efectivas que beneficien a la pequeña minería y la minería artesanal. En ese sentido, es primordial un pronunciamiento que, además de resolver la demanda presentada, genere una reflexión estructural”, insiste el CAL.
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