Carlos Jornet: “Es inconcebible que un gobernante no tenga diálogo con los periodistas”

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Jornet, afirmó que es necesario que la presidenta Dina Boluarte modere su discurso contra la prensa y que acepte que su gobierno debe tener “mayor apertura”. El periodista argentino forma parte de la delegación de la SIP que, desde este lunes, recogerá testimonios para emitir un informe sobre la situación de la libertad de expresión en el país.

— Recientemente, la presidenta Boluarte acusó a la prensa y al Ministerio Público de confabular contra su gobierno para dar un “golpe de Estado blando”. ¿Cómo interpreta estas palabras de la mandataria?

Nos preocupa enormemente, porque muestra un desconocimiento de la dinámica de la relación entre gobierno y la prensa. La misión de la prensa no es halagar al poder, sino investigarlo, denunciar eventuales irregularidades, y exigirle que rinda cuentas de las acciones que desarrollan los gobernantes. Por lo tanto, si la presidenta no comprende esta dinámica o no la comparte, debería repasar la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la CIDH o los estándares para el relacionamiento entre gobernantes, periodistas y medios de comunicación que aprobó la SIP en octubre pasado en su asamblea en Córdoba. Allí está claro que esta relación que seguramente tiene momentos de tensión debe ser preservada por los gobernantes, porque hace que un pueblo, una ciudadanía esté informada y pueda ejercer control.

— ¿Es usual que una presidenta acuse a los medios de comunicación de golpistas?

No es usual, pero hay antecedentes. En Argentina, por ejemplo, durante el kirchnerismo se hablaba de “prensa destituyente”, que es un término muy similar al que usted está usando ahora. Y el presidente Trump tiene una política en materia de confrontación con la que de alguna medida abreva en la realidad de dirigentes autócratas de América Latina, pero también es una señal de que avala a esos mismos gobiernos para que sigan con esa línea permanente de estigmatizar, de permanentemente denigrar y hacerle perder credibilidad a la prensa para que el discurso oficial sea lo único que se escuche. Esos son gobiernos que no aceptan la discrepancia.

[...] Entonces, la prensa les molesta, les incomoda, pero esa es la tarea que la prensa siempre ha tenido y que siempre ha hecho que las repúblicas y las democracias sean más abiertas y transparentes. El camino contrario es uno que lleva a la autocracia, hacia el autoritarismo.

— El Perú ha registrado el mayor descenso en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa en los últimos dos años, un estudio independiente desarrollado para la SIP. ¿Por qué?

El Perú, y ustedes lo saben muy bien, desde hace ya bastante tiempo viene con una fuerte inestabilidad política. Y eso ha ido afectando a la libertad de expresión y de prensa. Nosotros comprobamos esto, que se venía denunciando ante la SIP por nuestros asociados y por periodistas independientes, durante una misión exploratoria que hicimos el año pasado de forma virtual. Personalmente, estuve en mayo del año pasado cuando organizaciones de la ONU hicieron un acto en Lima para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y allí hablando con colegas, percibí todo este clima ominoso en contra de la libertad de prensa con hostigamiento en línea y presencial en contra de periodistas, con violencia física en muchas regiones del país y todo esto ante una pasividad de las fuerzas del orden que deberían aportar orden.

Y, además, hay un clima en el Congreso de permanente presentación de proyectos de ley que han sido bien catalogados como leyes mordaza, porque lo único que buscaban era restringir aún más la libertad de movimiento y de información de los periodistas [...] Lamentablemente, el Perú ha venido cayendo sistemáticamente en nuestro índice de Chapultepec y hoy se ubica en los últimos lugares junto a países que tienen gobiernos claramente autoritarios como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

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— La presidenta Dina Boluarte tiene dos años y tres meses en el poder. Y durante ese tiempo no ha firmado la Declaración de Chapultepec. ¿Qué mensaje brinda con esto?

Cuando ella asumió [la presidencia], el Perú venía de todo el período de Castillo, que había sido de alta tensión social y política. Entonces, creímos oportuno pedirle que firmara un compromiso con la libertad de prensa, suscribiendo la Declaración de Chapultepec, pero nunca recibimos una respuesta a ese planteo. Esto empezó a mostrar que no había un compromiso real de ella con la libertad de prensa.

Pero, si ella está dispuesta a recibirnos [a la delegación de la SIP] vamos a dialogar con gusto y vamos a escuchar sus razones, pero también queremos que escuche nuestros planteos en demanda de una mayor apertura. Realmente es inconcebible que un gobernante no tenga diálogo con los periodistas, que no acepte una requisitoria periodística, sobre todo cuando hay casos que han conmovido a la opinión pública y en los cuales ella misma ha sido protagonista.

— En su comunicado, la SIP menciona que los ataques a la prensa no solo vienen del Ejecutivo, sino de otros poderes e instituciones del Estado. ¿Cuáles les generaron mayor preocupación?

Como te decía recién, el Parlamento ha sido un escenario permanente para presentar proyectos en contra de la prensa o buscan restringir su acción. Se han escuchado muy pocas voces, en ese ámbito, en defensa de la libertad de expresión y de la necesidad de que la ciudadanía tenga información más abierta de parte del gobierno. [Nos preocupa] en primer lugar el Poder Ejecutivo; el Poder Legislativo, en segundo; y la justicia con algunos jueces que le dan cabida a demandas que fueron totalmente injustificadas contra periodistas y medios de comunicación

Entonces, vemos realmente un escenario institucional muy complejo, de alto deterioro para las libertades ciudadanas y en este caso para las libertades de expresión y de prensa y con el agravante de que esto se repite en las provincias, en las regiones más alejadas, donde, además, se da la presencia de grupos de crimen organizado, que presionan a periodistas, que los amenazan y en algunos casos pasan a la acción directa.

— En octubre, Boluarte Zegarra utilizó el término “terrorismo de imagen” para referirse a la difusión de que ella califica de “noticias falsas”. ¿Qué tan peligroso es el escalamiento del discurso del Ejecutivo en contra de la prensa?

Es hora de moderar ese discurso, de aceptar que los gobiernos deben tener mayor apertura y no seguir confrontando de ese modo y, sobre todo, no ver fantasmas de que la prensa lo que busca es destituirla. Insisto, la función de la prensa es controlar a los gobiernos, es denunciar eventuales irregularidades y pedir rendición de cuentas.

— Según la ANP, en el 2024 se produjeron 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación. Esta cifra marcó un nuevo récord en el siglo XXI. En el 2023 fueron 352, y en el 2022, 303. ¿Han sido los gobiernos de Pedro Castillo y de Boluarte un punto de quiebre?

Es un proceso que viene desde hace tiempo, pero evidentemente se ha ido deteriorando cada vez más. Nosotros vemos un persistente, preocupante y peligroso deterioro de la libertad de expresión y de prensa. Y en eso tiene mucho que ver todo este discurso confrontativo de la presidenta de la República, de los funcionarios de su Gabinete y también de los propios legisladores en contra de los medios de comunicación. Y también por el uso o el abuso de demandas contra medios de comunicación y periodistas. En el Perú sigue vigente la penalización, la criminalización de las demandas por injurias o calumnias que en otros países de la región ha sido limitadas solo al fuero civil [...] Esa es una especie de acción para generar autocensura y evitar que la prensa cumpla su labor como debe ser.

— En enero último, el periodista Gastón Medina- quien había emitido en su programa de radio denuncias contra el Gobierno Regional de Ica, la municipalidad, el Poder Judicial y extorsionadores- fue asesinado. ¿El Perú ha ingresado a un escenario de mayor violencia para la prensa?

Sí, usted sabe que la violencia en América Latina contra periodistas es un problema que en algunos países tiene un alto grado de realidad y en otros se ha venido evitando esta cuestión [...] Va a ser muy difícil evitar que Perú siga el camino de otros países de la región, al lado está Ecuador que tiene grados de violencia importante. Y, además, México donde el accionar del crimen organizado, en algunos casos con connivencia de los gobiernos locales o federales, tiene estándares de violencia contra periodistas que son realmente preocupantes. Debemos evitar que el Perú siga ese mismo camino y, claramente, hay que generar una acción estatal para que la prensa pueda realizar su tarea con total seguridad y protección.

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— A inicios de este año, el gobierno eliminó el Consejo Directivo y la presidencia ejecutivos del IRTP, entidad que agrupa a la radio y televisión del Estado. Y la jefa de esta institución era la propagandista de la presidenta. ¿Los medios públicos se han quedado sin un contrapeso?

Es lo que suele ocurrir en muchos países de la región, los medios públicos, que deben ser medios del Estado, terminan siendo medios del gobierno o más aún de quien ejerce la máxima función en el gobierno. No es esa la función que deben cumplir los medios públicos, tienen que ser medios plurales, que garanticen la libre expresión de todas las ideas políticas y donde también la ciudadanía pueda expresarse. Poner a alguien muy cercano a la presidenta al frente de un organismo como ese es buscar alinear también a los medios públicos con el discurso único que se pretende instaurar desde el poder.

— Según informó ECData, desde el 2006, se han presentado cerca de 70 proyectos de ley que atentan contra la libertad de prensa y de expresión. Casi un tercio estos se plantearon en el Congreso vigente. ¿Por qué cree que desde el Parlamento se insiste con limitar y restringir el trabajo del periodismo?

Cuando hicimos la misión exploratoria el año pasado, hice esa misma pregunta, ¿qué pasa, no hay voces en el Parlamento que defiendan la libertad de prensa? Y la respuesta fue contundente: todos los bloques parlamentarios tienen denuncias por corrupción, entonces a nadie le interesa que exista la libertad de prensa. Yo quiero suponer que todavía hay parlamentarios dentro del Congreso peruano dispuestos a defender la democracia y el derecho de la ciudadanía para informarse libremente. Pero sí, lo que se busca permanentemente es generar leyes para restringir esa libertad, para condicionarla. Es evidente que se quiere acallar a la prensa y en eso el Perú está dando una demostración palmaria, cabal de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajan para evitar que la prensa saque a la luz aquellas cuestiones que puedan significar algún hecho de corrupción.

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— ¿Cuáles son los objetivos de la visita que realizará una delegación de la SIP al Perú?

Hemos recibido, cada vez con mayor insistencia, pedidos de colegas y de medios del país para que hagamos una visita. La misión exploratoria del año pasado nos permitió tener un marco de situación muy completo, pero la realidad fue degradándose aún más y hemos creído necesario una visita presencial para intentar tener un diálogo con los representantes de los tres poderes del Estado, de la fiscalía y de los órganos judiciales y poder tener de primera mano también su mirada sobre estos hechos. Y también hacerle saber nuestra preocupación y sobre todo el reclamo de que se cumplan los estándares interamericanos en materia de derechos humanos.

También vamos a hablar con periodistas de medios asociados y de medios no asociados [a la SIP], de los grandes, medianos y pequeños medios, con los académicos, y con los representantes de distintos sectores para tratar de tener una mirada amplia. Y en función a eso, hacer un informe final que haremos llegar obviamente a todas las autoridades del gobierno.

— Hasta el momento, la única autoridad que ha aceptado recibirlos es el primer ministro, Gustavo Adrianzén...

Bueno, después de que hicimos público un comunicado tuvimos otras dos confirmaciones, del órgano judicial y de la fiscalía, con lo cual esperamos que la falta de respuesta de la presidenta Boluarte sea solo una cuestión de organización interna y que cuando nosotros lleguemos a Perú tengamos la buena noticia de que vamos a poder tener ese encuentro. No vamos a simplemente a transmitir nuestros reclamos, sino también a escuchar.