La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) consideró que el “enfrentamiento” entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la investigación sumaria, “está generando un grave daño a la estabilidad e institucionalidad democrática”, que pone en riesgo la legalidad, la armonía social y lo establecido en nuestra Constitución.
En un pronunciamiento, recordó que la JNJ es un órgano constitucional autónomo cuyos miembros, al amparo de la Carta Magna, gozan de la garantía del Estado para el ejercicio de sus funciones en independencia, inamovilidad de sus cargos y permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función.
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“Estos conflictos se deben afrontar en base al respeto irrestricto del orden constitucional, el principio de legalidad, la tutela procesal efectiva y la garantía del recto ejercicio de la defensa. Sin la aplicación de estos principios no se puede llegar a la objetividad de los hechos, la debida calificación y valoración de los mismos y menos a la verdad y la justicia”, expresó.
“El Perú con urgencia necesita que sus autoridades superen los frecuentes enfrentamientos, porque estos nos llevan a la división, al caos, a la ruptura de la legalidad y la legitimidad, agudizando los conflictos y llevando los problemas al abuso del Derecho y a la irrazonabilidad en el ejercicio del poder, situaciones que en otras ocasiones han hecho mucho daño al país”, agregó.
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Por ello, la Conferencia Episcopal Peruana remarcó que este “conflicto debe solucionarse actuando con sabiduría y rectitud, desprendidos de apetitos personales y grupales, donde debe primar el interés por el Perú”.
“Como Obispos creemos en una democracia sólida, con paz y justicia social, y expresamos que la Iglesia basada en su Doctrina Social, quiere ser siempre solidaria con la humanidad entera y con su historia, y por ello invitamos a un legítimo y auténtico discernimiento entre los altos poderes públicos y constitucionales para solucionar los acuciantes problemas que aún aquejan a nuestra sociedad”, sentenció.
El último jueves 7 el Congreso decidió que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria contra la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Además, que se investigue una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos del ejercicio de la función pública por cinco años.
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El Congreso adoptó el acuerdo con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones. La Comisión de Justicia tendrá un plazo máximo de 14 días hábiles para elaborar un informe del caso.
