El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que al peligro de sicarios contratados se suma la agresión sistemática hacia periodistas y medios de comunicación desde diferentes órganos de gobierno, además de la inacción del Estado frente a otros muchos casos.
En su informe de libertad de expresión de mayo, dicho gremio señaló que “el periodismo en el Perú atraviesa hoy uno de sus momentos de mayor peligro” y eso lo refleja el asesinato de dos periodistas, lo que calificó de “inusitado” en el país en estos tiempos.
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Por otro lado, indicó que al imponer una franja informativa del 10% para situaciones vinculadas a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar a medios de comunicación que ya tratan el tema ajustándose a principios éticos, el Congreso busca “violar la autonomía” de los medios y “atentar” contra la pluralidad, fiscalización e independencia en una clara afectación a la libertades de expresión, de prensa y de empresa.
“Otro caso que refleja la posición del Congreso frente a la prensa es el impedimento de ingreso de periodistas a sus instalaciones bajo el argumento de vestimenta impropia, que no puede leerse como otra cosa que una negativa a la cobertura de hechos de interés público”, subrayó.
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Respecto al proceso de revisión de un potencial aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) calificó de “confidencial”, el CPP calificó dicha postura de “incorrecta”, tratándose de una funcionaria a la que se le paga con fondos públicos generado por el pago de impuesto de todos los peruanos.
“Finalmente, el Consejo de la Prensa Peruana manifiesta su alerta por los cada vez más recurrentes pedidos de revelación de fuentes por parte de diversas fiscalías a lo largo y ancho del país, a pesar de que los periodistas no están obligados a ello”, sentenció.
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Cabe indicar que el Consejo de la Prensa Peruana dio a conocer 10 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación registrados durante el mes de mayo del 2025.
Entre ellos se encuentran el asesinato de los periodistas Raúl Celis (Iquitos) y Gastón Medina (Ica) y la aprobación de una modificatoria de ley que impone una franja informativa sobre casos de violencia contra la mujer.
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Asimismo, agravios del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a la prensa en sus eventos oficiales, la exigencia de fuentes a un medio de Iquitos, diversos casos de limitación al acceso a la información pública, entre otras situaciones.
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