En el documento, al cual El Comercio tuvo acceso, el órgano de control estableció que “se advierte que el JNE no está regulando la fiscalización a la documentación presentada por las organizaciones políticas de demostrarse afiliaciones indebidas a los ciudadanos”, conforme a las funciones que establece su propia ley orgánica.

Esta situación- de acuerdo con el mismo informe- “genera riesgos en la gestión electoral y democracia participativa de los ciudadanos”.

La Contraloría, además, señaló que el jurado sí tiene previstas sanciones para los ciudadanos que declaren información falsa, pero no para los partidos políticos.

Y, ese sentido, recomendó que utilice el artículo 32.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General (N°27444), que remarca que, en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o documentación presentada por el administrado, “la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo en dicha declaración”. Es decir, dejar sin efecto la afiliación indebida.

Asimismo, que se sancione a los responsables con una multa entre 5 y 10 UIT y si existió delito contra la fe pública, esto deberá ser comunicado al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

El informe de orientación N°030-2024-OCI/0280-SOO también hizo hincapié que en el proceso que regula el registro de solicitudes por afiliaciones indebidas en el Sistema del Registro de Organizaciones Políticas (SROP), de setiembre de 2023, el JNE “viene requiriendo información adicional” para este trámite. Esta situación, complementó, “genera riesgos en los mecanismos para la libre exclusión una organización política y legalidad del proceso”.

Según informó “Punto Final”, Primero la Gente- partido político al que está afiliada la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello- logró su inscripción, a pesar de presentar 4.039 firmas falsas, obtenidas a través de una presunta fábrica de firmas.

El Reniec- de acuerdo con “Cuarto Poder” y “Panorama”- ha emitido una serie de informes, donde da cuenta de presuntas irregularidades en las firmas presentadas por los partidos Perú Primero (del expresidente Martín Vizcarra), Voces del Pueblo (del congresista Guillermo Bermejo), Ciudadanos por el Perú (con nexos con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte) y Perú Moderno.

Negligencia desde la entidad electoral

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, consideró que el informe de la Contraloría rebate los pretextos de la entidad electoral y demuestra que esta “incurrió en una negligencia e incumplimiento de sus deberes”.

“El jurado ha intentado lavarse las manos, cuando tienen millones de soles en presupuesto, ellos podían haber establecido procesos de fiscalización más eficiente [para evitar las afiliaciones indebidas]”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que el JNE, Reniec y los partidos implicados deben asumir su responsabilidad política “en el robo de identidades” de miles de peruanos.

“Este informe es de setiembre y no se tomaron medidas preventivas ni correctivas. Este caso empaña el proceso electoral”, remarcó.

El letrado sostuvo que el Ministerio Público debe iniciar de oficio una investigación preliminar no solo contra los personeros de los partidos mencionados líneas arriba, sino también en contra de las altas autoridades del JNE y del Reniec.

Incluso, opinó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene que abrir un proceso disciplinario a la jefa del Reniec, Carmen Velarde.

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José Tello- exministro de Justicia y Derechos Humanos y abogado experto en derecho electoral- afirmó que el JNE debió implementar las recomendaciones de la Contraloría.

Agregó que existe un vacío legal, porque presentar afiliaciones indebidas o firmas falsas para la formación de un partido “no es una causal para la suspensión o cancelación de la inscripción”.

En diálogo con El Comercio, dijo que, tras el informe de Contraloría, de hace siete meses, el jurado pudo presentar proyectos de ley ante el Congreso para incorporar candados.

No obstante, indicó que el documento pudo pasar desapercibido ante el cambio en la presidencia del JNE. “Se dio en una etapa en la que Salas Arenas estaba al cierre, y cuando Roberto Burneo comenzó. Pero sí deben implementar las recomendaciones y mejorar los filtros”, subrayó.

Para Tello, “lo más preocupante” es que en el caso de Primero la Gente- cuyo fundador es Miguel del Castillo, hijo del ex primer ministro aprista Jorge del Castillo- el Reniec terminó validando firmas que aparentemente son falsas.

El exministro de Justicia, de otro lado, señaló que, durante la administración de Salas Arenas, el jurado abordó el problema de las afiliaciones indebidas como uno que debía ser solucionado en la fiscalía y el Poder Judicial.

“En el ROP se declaraba improcedente los pedidos de los ciudadanos [para la desafiliación ante una rúbrica falsa], y la apelación tenía un costo de S/802.50. Y a esto, se debía sumar un peritaje de la firma. Entonces, ahí había una indefensión”, explicó.

Añadió que si bien Burneo, a través de dos dispositivos dados el jueves último, permite que los ciudadanos que denuncian una afiliación indebida presenten “más medios probatorios” en el curso de 10 días posteriores a su pedido, mantiene que la pericia grafotécnica debe ser pagada por este.

En ese contexto, Tello planteó que se realice una modificación que permita al sistema electoral devolver el dinero de la pericia grafotécnica, si esta determina que hubo una suplantación de identidad.

A su turno, el abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, señaló que la advertencia de la Contraloría apuntaba a que este tipo de sucesos (afiliaciones con firmas falsas) observados con anterioridad, se podían incrementar en el contexto de la existencia de más partidos políticos.

“Por supuesto que le correspondía a Salas Arenas motivar este tipo de observaciones, a través de un proyecto ante el Congreso para que existan normas que incluyan este tipo de conductas para ejecutar una posible suspensión temporal de los partidos hasta aclarar de manera fehaciente por medio de un peritaje sí tenían o no las firmas correspondientes”, manifestó a El Comercio.

Elguera indicó que seguramente por la relación confrontacional que tenía el expresidente del JNE con un sector del Parlamento, “no tuvo la motivación para plantear una medida que iba a ajustar a las agrupaciones políticas”.

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La respuesta

El expresidente del JNE Jorge Salas Arenas dijo que no recuerda que le haya llegado el informe de orientación N°030-2024-OCI/0280-SOO. A pesar, de que su institución emitió un cargo de recepción de este.

El cargo de notificación, fechado el 20 de setiembre del 2024, tiene como destinatario al propio Jorge Luis Salas Arenas y como emisor a Gilmer Sánchez Valenzuela, jefe del Órgano de Control Interno (OCI) del JNE.

“No recuerdo que me haya llegado, no recuerdo [...] El Jurado Nacional de Elecciones no puede regular, no puede fiscalizar estas presentaciones [de firmas para las afiliaciones], no tiene atribución jurídica”, manifestó.

Al ser consultado sobre si su administración pudo plantear una reforma para incorporar la figura de una suspensión en el proceso de inscripción a los partidos que recurran a firmas falsas, Salas Arenas respondió que “hasta cuándo” se detenía y que el JNE “no tiene autoridad para analizar el tema de la verificación” de las rúbricas.

El juez supremo sostuvo que la responsabilidad por las afiliaciones indebidas recae “en principio sobre las personas que han falsificado” las firmas o que se han aprovechado de los datos de los ciudadanos que no han querido” incorporarse.

“Ellos son los responsables, con los recursos que Reniec tiene, ha verificado lo que ha podido, el resultado es el que hemos visto y el que estamos conociendo”, expresó.

Salas Arenas refirió que puede caber una reforma, pero que, para sancionar a un partido político por el uso de firmas falsas, antes se debe acreditar en un proceso judicial su responsabilidad.

El magistrado evitó realizar una autocrítica sobre el rol de su gestión. “El JNE no hace verificaciones”, acotó.

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Una segunda señal

El 16 de abril último- días antes de que diferentes ciudadanos denunciarán afiliaciones indebidas a partidos políticos- la Contraloría emitió el informe de orientación N°005-2025- OCI/0280-SOO, que dirigió al juez supremo Roberto Burneo, que asumió la presidencia del JNE a fines de noviembre del año pasado.

En el documento- difundido en el programa “No hay derecho” y al cual El Comercio tuvo acceso- el órgano de control advirtió que el JNE “no viene regulando normativa orientada a comprobar la veracidad del padrón de afiliados y documentación presentada por los personeros legales de las organizaciones políticas”.

También alertó que la entidad electoral tampoco tiene los mecanismos “para determinar responsabilidades en caso se advierta falsedad en dicha información”.

“Si bien el Reniec realiza un cotejo de firmas, declarando válidas aquellas que, al ser analizadas, presenten características gráficas relevantes similares con la última registrada en el RUPIN [Registro Único de Identificación de Personas Naturales], este proceso no tiene calidad de dictamen pericial grafotécnico”, concluye el informe.

La Contraloría también informó que, entre enero y abril de este año, se han presentado 14 solicitudes de ciudadanos para desafiliarse de nueve partidos políticos por “una probable afiliación indebida”. Las agrupaciones involucradas son Fuerza Moderna, de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli (3), Nueva Gente (3) y Perú Primero, del expresidente Vizcarra (2).

También figuran Perú Libre, Un camino diferente, Adelante Pueblo Unido, Partido Morado, Fuerza Popular y el movimiento regional Trabaja Ayacucho. Todos ellos con un caso cada uno.

Este Diario intentó comunicarse con un portavoz autorizado del JNE, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta de la institución.

Más información

El exdiputado Enrique Ghersi fue incluido en el padrón de afiliados del partido “Nueva Gente” sin su consentimiento. El abogado ha formulado ante la fiscalía una denuncia penal los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos en contra de los que resulten responsables.

Además…

Preguntas y respuestas

1. ¿Cuáles son las consecuencias para los partidos por la afiliación indebida y el uso de firmas falsas? 

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral 

Lo que corresponde es que la Fiscalía de la Nación inicie investigación a los partidos político, pero también a las autoridades del JNE y del Reniec como corresponsable. La ley establece que cuando hay responsabilidad penal en un partido, estos pueden ser disueltos. No obstante, eso solo se determina a través de un fallo judicial.  

Nada impide que el procurador del JNE pueda presentar una medida cautelar ante el Poder Judicial solicitando la suspensión de determinado partido, mientras dure la investigación en su contra. Es una posibilidad para evitar que continúen engañando a los ciudadanos.  

José Tello, exministro de Justicia y DD.HH.  

Esto partidos, lamentablemente, no pueden ser sancionados, porque no hay un marco normativo. No se les puede cancelar ni suspender, porque ya estamos en un proceso electoral en curso. No existe una causal para disolver a una agrupación por el uso de firmas falsas. Hay un vacío legal y el Congreso está llamado a regular eso.  

Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral 

Esto irá a una investigación en el Ministerio Público, porque si bien Reniec tiene responsabilidad de filtrar las firmas, no puede determinar la veracidad de estas. La justicia lo puede hacer a través de un peritaje. Y [una suspensión] a los partidos no va a pasar. Se debe esperar un proceso, que haya una sentencia, y las investigaciones y juicios en el Perú no son cortos, sino largos.  

2. ¿Qué medidas se pueden adoptar para que se establezcan candados y evitar que se repita esta situación?  

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral 

La jefa del Reniec está diciendo que ya usaron su creatividad para generar un programa que reduzca el riego de la identidad falsificada, pero que recién se usará en las próximas elecciones. ¿Por qué no se usó para este proceso? Si había una herramienta de prevención, es un despropósito que no se haya usado.  

José Tello, exministro de Justicia y DD.HH. 

Acá tienen que darse una serie de cambios normativos. Se debe regular el artículo 14.1 de la Ley de Organizaciones Política, que habla de la declaratoria de ilegalidad. Ahí se hace mención de una conducta antidemocrática. A través de una ley aclaratoria se debe dejar en claro que también constituye una conducta antidemocrática falsear información en la materia de afiliaciones, sobre todo cuando se trata de la inscripción de un partido.  

Y en la norma que regula el proceso de inscripción de partidos políticos, se debe incorporar un artículo que señale que ante cualquier indicio de falsificación de firmas se suspende la inscripción con cargo a que se determine en una instancia penal.  

Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral 

Los congresistas no se han puesto en el supuesto del uso de fábrica de firmas falsas [para la inscripción de un partido], evidentemente se debe corregir, porque sí hay un vacío legal. Y, además, se debe recordar que los que legislan pertenecen a partidos políticos, es complejo que ellos perfeccionen este tipo de normas, porque les calza este tipo de vacíos legales.  

3. ¿Los ciudadanos afectados pueden presentar denuncia penal contra los partidos políticos?  

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral 

Sí, contra los dirigentes de los partidos políticos, pero también contra los integrantes del pleno del JNE y de la jefa del Reniec. Acá ha habido una falta de diligencia, se ha registrado cualquier barbaridad y desde el sistema electoral están buscando cualquier pretexto para eludir su responsabilidad.  

José Tello, exministro de Justicia y DD.HH. 

Como recomendación a las personas afectadas, les diría que interpongan una denuncia penal en contra de los que resulten responsables, porque eso solo se va a poder determinar en una investigación. Y si el Ministerio Público abre pesquisa va a solicitar que se realice pericias grafotécnicas a los agraviados. Si encuentran fichas falsas, habrá responsabilidad penal, serán los promotores de los partidos, sus dirigentes, entre ellos el personero legal y el secretario general.  

Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral 

Sí, por supuesto, sí pueden presentar. Incluso, esto merece un pronunciamiento del defensor del Pueblo, porque hay una determinada población afectada. Y, además, se puede corroborar que existe un modus operandi en ciertas organizaciones políticas. Esta es una prueba de fuego para Josué Gutiérrez.  

La denuncia que presenten los ciudadanos puede ser por falsificación de firma y suplantación de identidad. Y en este caso sería en contra de los partidos políticos y de quienes resulten responsables.