Contraloría detecta irregularidades en elección de autoridad de control del Ministerio Público por la JNJ

La Contraloría emitió un informe en el que advierte que hubo irregularidades en la información que presentó Juan Fernández Jerí ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual le permitió superar el concurso público de méritos y ser nombrado como Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

El documento es la conclusión de una acción de oficio posterior realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) de la JNJ, el cual advierte que el cuadro de méritos aprobado el 11 de abril del 2022 que colocó a Fernández Jeri por encima de su contendor, Pedro Angulo Arana (ex primer ministro de Dina Boluarte), se realizó con puntajes otorgados en base a información irregular.

La OCI precisó que los hechos fueron verificados inicialmente en un servicio relacionado de Recopilación de Información, pero tras la evaluación de los hechos reportados, se identificaron problemas en la constatación de la información presentada por el funcionario.

“La JNJ otorgó puntaje a diplomados en los que algunos docentes niegan el dictado de módulos afectando el principio de verdad material; asimismo, calificó la experiencia y trayectoria profesional desarrollada en periodos simultáneos”, detalla el informe.

La OCI contactó a los docentes de los módulos de dos diplomados que presentó Juan Fernández Jeri realizados en el Centro de Formación y Capacitación G & P S.A.C. (CFOCAP) en Administración y otro en Gestión Pública, Derecho Parlamentario, Municipal, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador.

De todos los que recibieron el pedido de información, cuatro docentes (tres del primer diplomado y uno del segundo) negaron haber dictado la totalidad de las clases que fueron consignadas por Fernández.

También se pudo advertir que hubo un traslape en los horarios de dictados y evaluaciones de diversos módulos, lo que también vulneraría el principio de verdad.

Finalmente, la OCI reportó que la JNJ otorgó puntajes por la experiencia que tuvo el entonces postulante como asesor del Congreso y por su labor en el Instituto Latino de Desarrollo e Investigación Social, a pesar de que se trataron de periodos simultáneos entre los años 2002 y 2004.

Como conclusión, la oficina remite el informe a la JNJ para que adopte las “acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad” y “de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan”.