De mordaza en mordaza, la columna de Héctor Villalobos

El viernes último, se anunció que el primer ministro Alberto Otárola iba a dar un pronunciamiento y responder algunas preguntas de la prensa. Horas antes, representantes de los gremios periodísticos –Consejo de la Prensa Peruana, Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas– habían expresado en una conferencia de prensa su rechazo a una nueva iniciativa que amenaza la libertad de expresión, a un enésimo intento de intimidación legislativa contra los medios de comunicación.

Tal como se ha informado, como parte de su pedido de facultades al Congreso, el gobierno de Dina Boluarte ha planteado una modificación al Código Penal para sancionar a quienes instiguen los delitos de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos, incluyendo a los comunicadores que convoquen a marchas. Esto, como es natural, ha despertado las alertas y ha sido considerado por diversas instituciones como una amenaza a la libertad de expresión.

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Con estos antecedentes, el anunciado mensaje de Otárola generó expectativas. Algunos esperábamos –ilusamente– que el gobierno, ya sea por reflexión o por cálculo político, haya decidido retirar esa controvertida parte del texto. Pero no hubo ni propósito de enmienda ni calculada marcha atrás.

Otárola simplemente se limitó a lanzar una frase de libreto: “En el gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a establecer, fijar ni discutir ninguna ley ni decreto legislativo que afecte este derecho [la libertad de expresión]”. Y, a continuación, como dando a entender que con eso quedaba zanjado el problema, remató: “Eso es lo que quería decir con suma claridad y para cerrar una preocupación legítima de la población y los medios de comunicación”.

Ni claridad ni preocupación cerrada. Si Otárola realmente hubiera querido dar por concluido el tema, tendría que haber anunciado el retiro de esa parte del proyecto. Eso no ocurrió y el gobierno perdió otra oportunidad de enmendar un error.

Luego, en la Comisión de Constitución del Congreso, se incluyó, como si fuera la gran medida salvadora que todos teníamos que agradecer, “un candado” en el dictamen que finalmente se aprobó. ¿Cuál fue ese párrafo protector que iba a evitar que se cometiera cualquier abuso contra la prensa? Simplemente, otorgar las facultades al Ejecutivo para modificar el artículo del Código Penal, pero “sin afectar la libertad de expresión, el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política”. Más que un candado, parece que hubieran puesto un clip.

La incitación a la violencia ya está tipificada en el Código Penal. Sancionar ese delito corresponde a los jueces. Aquí lo que se ha hecho es camuflar arteramente una medida abusiva dentro de un paquete de normas para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Era este el verdadero plan Boluarte?

La propuesta dictaminada por la comisión está ahora en manos del pleno, muchos de cuyos integrantes han sido denunciados por la prensa por ‘Niños’ y mochadores. No hay que ser adivino para saber lo que pasará.