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¿Decretos del Ejecutivo se ciñen a las facultades legislativas?

Los constitucionalistas Víctor García Toma y Natale Amprimo opinan sobre el uso del Gobierno de las facultades legislativas

¿Decretos del Ejecutivo se ciñen a las facultades legislativas?

El Gobierno terminó de usar las facultades legislativas que le otorgó el Congreso durante el fin de semana. Al término de los 90 días de plazo, el Ejecutivo emitió 112 decretos concernientes a las materias de reactivación económica, lucha contra la inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y sobre la reorganización de Petro-Perú.

Sin embargo, ya han surgido críticas de parte de congresistas sobre el uso de las facultades legislativas. Un primer cuestionamiento apareció tras la publicación del Decreto Legislativo N°1305, que dispuso que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)  se convierta en parte de Ministerio de Salud.

La encargada de revisar lo decretos emitidos será la Comisión de Constitución del Congreso. Hoy, su presidente, el legislador fujimorista Miguel Torres, criticó al primer ministro, Fernando Zavala, por el uso de algunos decretos. "No es que cuando el Congreso da facultades da una carta abierta para que ellos puedan inspirarse", dijo.

¿Pudo haberse excedido el Ejecutivo al usar las facultades legislativas? El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma opina que "las facultades no están dirigidas en estricto sentido a una rama de la administración pública".

"Por ejemplo, cuando digo 'seguridad ciudadana' no necesariamente tengo que hablar del Ministerio del Interior. Eso puede involucrar a las municipalidades, al Poder Judicial o al Ministerio Público", explicó.

En esa línea, el constitucionalista sostuvo que el haber dictado decretos sobre salud aun cuando el sector no aparecía en las facultades solicitadas no es inconstitucional. "Lo que va a tener que acreditar el Ejecutivo es que esa medida dictada para el sector salud incide de manera directa en una de las facultades delegadas", añadió.

Opinión contraria es la del constitucionalista y ex congresista Natale Amprimo. Él considera que "la delegación no puede entenderse en términos laxos, sino más bien reducidos. La delegación es expresa y se da en los términos autorizados. No se puede hacer una interpretación tan amplia".

"Yo puedo estar de acuerdo en el fondo, pero si el Ejecutivo se ha atribuido una delegación que no otorgué, ese decreto es inconstitucional", detalló.

A partir de ello, Amprimo expresó que, desde su análisis, "hay un desborde en las facultades". "Hay una serie de normativas que son discutibles y podría entenderse que hay un exceso", consideró.

Como ejemplo, puso el decreto que establece la reducción en 1% del Impuesto General a las Ventas (IGV) en julio, siempre y cuando la recaudación anualizada del IGV neto de sus devoluciones internas alcance al 31 de mayo el 7,2% del PBI. Hoy la cifra se encuentra por debajo de 7%.

Para Amprimo, este decreto "está sujeto a la recaudación". "¿Eso cómo se determina? La norma tiene que tener certeza, las condiciones son figuras que están en el ejercicio jurídico", cuestionó.

Finalmente, García Toma advirtió que la constitucionalidad o no de los decretos los definirá finalmente el pleno del Congreso. "Puede que incluso se equivoquen o que sea malintencionado o que lo usen como un pretexto", anotó.

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