El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reafirmó su decisión de no entregar la clave de acceso a su iCloud en el marco de la investigación por presunto abuso de autoridad. Desde Arequipa, el titular del Minister señaló que la clave está vinculada a información sensible, como cuentas bancarias y datos personales, y afirmó que la Fiscalía no cuenta con pruebas sólidas en su contra.
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“Quienes tienen iPhone saben que con el iCloud acceden a todo: cuentas bancarias, fotografías, antecedentes y toda tu información. Entonces, si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me cite y me pregunte”, declaró el ministro, quien además anunció que presentará una queja contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). .
En entrevista con RPP, el abogado penalista Carlos Caro respaldó la postura del ministro, argumentando que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema ya han sentado precedentes sobre el secreto de las comunicaciones.
El letrado citó la sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de noviembre de 2022 y una resolución de la Corte Suprema del 30 de julio de 2024, las cuales establecieron que el acceso a sistemas electrónicos como el iCloud está protegido por el secreto de las comunicaciones. “No existe una obligación de entregar esa información, y la Fiscalía ya ha reconocido esto en un comunicado reciente”, señaló.
El abogado advirtió que la entrega de la clave de iCloud permitiría a las autoridades acceder no solo a chats de WhatsApp, sino también a correos electrónicos, fotografías, grabaciones, cuentas bancarias y redes sociales, comprometiendo toda la trazabilidad digital de una persona. Asimismo, cuestionó la demora de la Fiscalía para solicitar información clave, señalando que la investigación comenzó en agosto de 2023 y que el ministro notificó un cambio de dispositivo en octubre del mismo año.
“La fiscalía ha tenido nueve meses para hacer esto. Este caso empezó ya hace aproximadamente ocho meses y nunca habían solicitado esto. Una petición tan tardía no necesariamente tiene que ser atendida como la fiscalía lo quiere”, explicó.
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También criticó al Equipo Especial del Eficcop por supuestas irregularidades, como obtener declaraciones sin la presencia del ministro ni su abogado y utilizar capturas de pantalla como pruebas, las cuales, según Caro, carecen de valor probatorio.
“Eso ha sido por negligencia, pero no del Fiscalía de la Nación, sino del Equipo Especial del Eficcop, cuando existía y estaba a cargo de la doctora Barreto, ellos lo que hicieron es, sin investigar al señor Santiváñez, recibieron las declaraciones en la sombra, bajo la mesa a escondidas, del señor Izquierdo y del señor Colchado en una investigación cuya carpeta era secreta”, dijo.
“Eso no tiene valor probatorio porque el señor ministro ni su abogado han estado presentes en esa diligencia y lo único que ha hecho Eficcop es mandar actas de visualización, fotografías de los pantallazos. […] Es decir, Eficcop no ha entregado el celular del señor Izquierdo”, agregó.
Santiváñez se enfatizó que colaborará con las investigaciones siempre que se respeten sus derechos. Mientras tanto, el caso continúa generando controversia, poniendo en debate los límites entre las investigaciones fiscales y los derechos fundamentales.
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