La Defensoría del Pueblo anunció este jueves que supervisará el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las diferentes entidades públicas.
A través de su cuenta en Twitter, señaló que el Estado peruano a través de sus instituciones, incluida la propia Defensoría, tiene el deber de adoptar estas recomendaciones en atención a su compromiso internacional de defensa de los derechos humanos.
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Como se recuerda, el informe de la CIDH plantea 36 recomendaciones, con el fin de que el Estado garantice y repare derechos fundamentales de las personas afectadas, sobre todo de los familiares de los fallecidos.
La organización supranacional concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.
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La organización de derechos humanos agrega que esos hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos, y luego juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales.
En las conclusiones del informe, destacó que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
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De acuerdo con la comisión, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado. “Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, añadió.
El documento también resaltó el caso de Juliaca. En esa ciudad, la CIDH observó que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.
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