Del reportaje a la represalia: Santiváñez acusa a periodistas de “reglaje” por investigar sus actividades

El exministro del Interior Juan José Santiváñez denunció penalmente por presunto reglaje a periodistas del programa dominical “Punto Final”, de Latina Televisión, tras la emisión de un reportaje que lo expone como una figura con mucha influencia dentro del gobierno de Dina Boluarte.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, alcanza a la conductora Mónica Delta, al director del programa, Juan Subauste Gildemeister, al periodista Carlos Hidalgo, al camarógrafo Jorge Ramírez y a la empresa televisiva.

Según el documento, el reportaje titulado “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?”, emitido el 29 de junio, incurrió en supuestos actos de vigilancia frente a la vivienda del exministro y lo habría “expuesto” con fines presuntamente delictivos.

Santiváñez sostiene que fue objeto de seguimiento y que su imagen, vehículo y domicilio fueron grabados con el fin de facilitar el delito de extorsión, por lo cual invoca el artículo 317-A del Código Penal, que tipifica el delito de marcaje o reglaje, una figura usualmente asociada al crimen organizado.

En su denuncia solicita que se requieran videos de seguridad, la lista del personal del programa y se cite a declarar a todo el equipo periodístico.

“Un acto más de amedrentamiento”

La periodista Mónica Delta, conductora de “Punto Final” calificó la denuncia como un intento de intimidación que no solo proviene de Santiváñez, sino que se enmarca en una estrategia del gobierno para silenciar voces críticas.

“Es un acto más de amedrentamiento de parte no solo de Santiváñez, sino que representa a un gobierno que ha insistido por varios medios en amenazar, perseguir y tratar de amedrentar a personas de prensa. No tiene ningún asidero, por lo que entiendo, pero evidentemente lo que intentan es taparnos la boca”, dijo en diálogo con El Comercio.

Delta subrayó que el reportaje se centró en mostrar la permanencia del poder que ostenta Santiváñez, incluso luego de ser censurado por el Congreso, cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior. Según el reportaje, el actual funcionario de Palacio de Gobierno sigue reuniéndose con congresistas, ministros y personajes políticos, desde su oficina dentro de la estructura de la Presidencia de la República.

“Él es un personaje público, ha sido ministro del Interior, luego fue censurado por el Congreso y finalmente le crearon un puesto de trabajo dentro de la cúpula de poder. Ha seguido teniendo un poder muy grande en relación a ministros, personajes y funcionarios de gobierno. Entonces, me parece absolutamente legal y parte de las libertades que se pueda saber exactamente qué es lo que está haciendo y cómo está manejando el poder”, señaló Delta.

Además, agregó que esta denuncia debe leerse dentro de un clima de creciente hostilidad hacia el periodismo.

“Lo que sabemos perfectamente es que son las mañas y artimañas de alguien que quiere utilizar algún medio o alguna posibilidad legal para tapar la boca. Lo que ha hecho [el reportaje] es demostrar que Santiváñez recibe a mucha gente en el gobierno, que tiene mucho poder y está muy cerca de la presidenta, más allá de la censura que recibió de parte del Congreso”, agregó.

Delta también se refirió a la actitud del Ejecutivo frente a la prensa.

“No creen [en el gobierno de Boluarte] en las libertades informativas. Tenemos a una presidenta que tiene casi 250 días sin responder una sola pregunta a un periodista en nuestro país. Ella podría incluso elegir al periodista que quisiera responderle, pero no lo ha hecho porque o no se siente capaz o tiene, evidentemente, una mala intención, me refiero a todo el gobierno, con relación a los hombres y mujeres de prensa”.

En cuanto a los pasos a seguir, indicó que Latina Televisión ya ha tomado cartas en el asunto: “Nuestros abogados están analizando cómo responder ante ello”.

Poco después, Latina lamentó, mediante un comunicado, que las libertades informativas “se vean afectadas sistemática y reiteradamente por el gobierno de turno, perjudicando el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público”.

ANP: “Es criminalización del periodismo”

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, calificó la denuncia como una nueva maniobra para criminalizar el ejercicio periodístico en el país.

“Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechazamos esta denuncia del señor Santiváñez contra el equipo periodístico de Latina. Es un nuevo intento de criminalización del periodismo y hay que decirlo con todas sus letras”, señaló en diálogo con El Comercio.

Lainez agregó que la denuncia distorsiona el sentido legal del delito de reglaje: “El delito de reglaje solo se concreta cuando tú haces seguimiento a alguien con el fin de cometer un delito; es decir, si te sigo para extorsionarte, secuestrarte u otro fin delictivo. ¿Eso qué significa? ¿Que para el señor Santiváñez la actividad periodística tiene un fin delictivo?”.

La dirigente gremial recordó que Santiváñez ya tenía antecedentes de hostilidad hacia la prensa independiente cuando fue parte del gabinete de Dina Boluarte.

“Cuando él ejerció la responsabilidad de ministro del Interior, lo señalamos en su momento, y no desde la subjetividad, desde un dato objetivo: fue el ministro más hostil contra la prensa. No solo con discurso estigmatizante, sino también amenazas de denuncia. Recordemos que amenazó al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ con llevarlos a tribunales porque citaron una investigación fiscal de la que había sido objeto él y su padre”, destacó.

Lainez agregó que esta acción legal se enmarca en un patrón que ya ha sido advertido por la ANP.

“Desde la asociación ya hemos alertado que hay un nuevo patrón entre quienes quieren hostilizar a la prensa independiente en el país, que es echar mano de la criminalización del periodismo. Recordemos que el expresidente del Congreso Alejandro Soto denunció al jefe de la Unidad de Investigación de Cuarto Poder por ‘reglaje’. Es exactamente la misma figura penal”.

“De ninguna forma la actividad periodística puede constituir reglaje. Esta es una más de las tácticas de hostilización que utiliza el señor Santiváñez”, añadió.

En tanto, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) señaló que la denuncia es un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento inaceptable de intimidar a quienes ejercen el periodismo investigativo.

ESTE ES EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SNRTV:

Un funcionario con peso en la sombra

Pese a que Juan José Santiváñez fue censurado por el Congreso de la República cuando ejerció como ministro del Interior, la presidenta lo reincorporó a su entorno más cercano con un nuevo puesto dentro de Palacio: la Oficina General de Monitoreo Gubernamental.

Desde allí, Santiváñez ha mantenido un rol activo. El reportaje de “Punto Final” reveló que su despacho recibe una variedad de visitas que incluyen ministros, parlamentarios, asesores y personajes con intereses políticos, lo que ha generado interrogantes sobre su verdadera cuota de poder en el Ejecutivo, a pesar de haber sido removido del Gabinete.

Un entorno adverso a la prensa

La denuncia de Santiváñez se suma a una larga lista de acciones y discursos hostiles hacia los medios. El último informe del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), difundido el 3 de julio, identificó los principales casos de agresión a la libertad de expresión ocurridos en junio. Entre ellos figura la inacción comunicacional de la presidenta Boluarte, quien ya suma más de 250 días sin brindar entrevistas ni responder preguntas a periodistas.

El informe también recogió el caso del periodista Carlos Alarcón, cuya casa en Yurimaguas fue atacada a balazos, y las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha dirigido reiterados insultos a medios de comunicación en eventos públicos.

Para la ANP, la denuncia de Santiváñez no es un hecho aislado. Es una expresión más del clima de presión e intimidación contra el periodismo crítico que se vive en el país.