Denuncian hostigamiento judicial contra periodistas en el Perú

El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la libertad de prensa en el Perú advierte que en nuestro país “continúa el persistente uso indiscriminado y tendencioso de las cortes en la admisión de demandas civiles y penales contra periodistas y medios”. 

Marco Zileri, quien dio lectura al documento en su calidad de vicepresidente regional de la SIP, afirmó que la presunta mafia del prófugo abogado Rodolfo Orellana Rengifo se ha valido de estas prácticas de hostigamiento judicial. 

Desde el 2011, Orellana –investigado por la fiscalía y el Congreso por los supuestos delitos de lavado de activos, tráfico de tierras, estafa y asociación ilícita para delinquir– ha querellado a más de una veintena de periodistas para impedir que siga siendo investigado. También demandó penalmente a dos medios de comunicación. 

Esto motivó que el director de la asociación Liber, el ex procurador Julio Arbizu, y una comisión de periodistas y abogados se reunieran el pasado 20 de junio con el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, para denunciar el empleo que hace esa presunta organización del sistema judicial, “convirtiéndolo en una herramienta para silenciar a la prensa”. 

A raíz de ello, Mendoza tuvo que exhortar a los jueces penales a analizar las denuncias contra periodistas por el delito de difamación para evitar situaciones de amedrentamiento y evitar la vulneración de la libertad de prensa. 

Según el informe de la SIP, “existen retrocesos en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas”. Pone como ejemplo que las autoridades aún no identifican a los asesinos del periodista Donny Buchelli Cueva, quien fue ultimado en Pacasmayo (Lambayeque) en julio, luego de iniciar una campaña pública para cuestionar el perfil profesional y ético de los candidatos que postulaban a una alcaldía provincial en las últimas elecciones. 

Sociedad Epensa-El Comercio
Otro de los puntos importantes del documento de la SIP fue la asociación entre el Grupo El Comercio y Epensa, que fue objetada por ocho periodistas que solicitaron ante el Poder Judicial anular esta operación al considerar que existe “acaparamiento” de los medios escritos de parte de esta casa editora. 

El Grupo El Comercio señala que la sociedad con Epensa “no incluye la compra de los contenidos [de sus diarios], que siguen siendo editados y publicados bajo la total responsabilidad de la familia Agois Banchero […] En ese sentido, precisa que la transacción comercial no ha agredido ninguna ley ni la Constitución”.

Además, indica que “ni la pluralidad ni la diversidad de opiniones ni la libertad de prensa se verán afectadas”. 

De acuerdo con lo dicho por el Grupo El Comercio, se respeta el Compromiso de Autorregulación Comercial presentado ante la SIP, “en el que se compromete a no incurrir en abusos de posición de dominio”.  

Posición de los demandantes
Los demandantes –entre ellos el dueño de “La República”, Gustavo Mohme Seminario– sostienen que Epensa, que ve los contenidos, estará subordinada a la empresa PrensMart S.A.C., que ve la impresión y comercialización de los diarios y cuya mayoría tiene el Grupo El Comercio. Mohme Seminario estuvo interesado en adquirir Epensa. 

Ambas partes han señalado que debe ser el Poder Judicial la entidad que se pronuncie sobre la asociación, luego de que en el Congreso el legislador Manuel Dammert adelantó que prepararía una ley para regular la propiedad de los medios escritos.