Dina: Alberto ¿ahora qué viene? Crónica de Fernando Vivas sobre una presidenta delegativa

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Una digresión de Educación: Magnet y Miriam fueron vices del saliente ministro de Educación, Óscar Becerra. La primera, de gestión institucional; la segunda, de gestión pedagógica. Magnet no es educadora de formación, es hosca y pelea como Becerra; la segunda es profesora dialogante y en el Minedu la hubieran visto como la sucesora natural. Pero pesó el perfil más parecido al de Becerra. Y pesó, probablemente, esta consideración: Ponce estuvo a cargo del capítulo de Educación en el último plan de gobierno de Keiko Fujimori. Si ello se difundía podía quedar la percepción popular de un ‘fujidinismo’, cosa que espantaría a la vez a Dina y a los fujimoristas. En cualquier caso, estaba claro, como lo dijimos al final de la crónica “Óscar, el anti caviar” (23/4/2023), que si Becerra caía sería reemplazado por otra figura conservadora que mantuviera al Minedu a tono con la mayoría congresal que sostiene al gobierno. El ministerio que lidia con la enseñanza de los valores y las convicciones pro vida y pro familia, no puede ser liberal ni ‘progre’, qué va.

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La jornada sabatina de Alberto también incluyó entrevistas con Juan Carlos Mathews, inminente ministro de Comercio Exterior y Turismo, y Antonio Varela Bohórquez, inminente de Trabajo. He completado el cuarteto porque quiero destacar otra circunstancia, más bien falencia, en lo que pasó el domingo pasado: Los 4 ministros juraron sin haberse entrevistado –por lo menos con constancia en el registro de visitas- con la presidenta. ¿Alberto propuso y dispuso todo? No, evidentemente Dina y él tienen un fluido contacto telefónico y virtual para pasar revista a todo; pero el poder y los procesos delegados a la PCM han crecido con el tiempo. El domingo esto se confirmó. Los ministros se arrodillaban, por protocolo, ante ella; pero el casting lo dirigió él.

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Conversé con una fuente palaciega a la que le expresé esta percepción y me respondió que el cambio de ministros, aunque rápido, fue impecable y constitucional. En efecto, según el Art. 122 de la Constitución, “el presidente nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del presidente del Consejo”. Otárola, según me cuentan, llamó por teléfono a cada uno de los 4 salientes, les pidió amablemente su renuncia y luego los invitó a almorzar el domingo con sus reemplazos (no fue José Tello, el ex de Justicia, que no estaba de humor, pero eso también se los cuento luego). Se marcó una diferencia con el gobierno de Castillo, que sorprendía a sus ministros con mensajes grupales de WhatsApp que les confirmaban que ya estaban fuera.

Boluarte estuvo al tanto de todo el proceso, ni modo; pero les contaré razones para suponer que la decisión de apurar el cambio la indujo él. Y la única propuesta que ella se reservó e impuso le salió complicada, ¡au, Maurate! Esta es la parábola del gobierno delegativo de la presidenta Boluarte al primer ministro Alberto Otárola, actualizada a abril del 2023: ‘Dime, Alberto, ¿ahora qué viene?’, pregunta ella. ‘Cambiaremos ministros de una vez, ¿no?, y que se vaya Tello de una vez’. ‘Mmmhhh, ah, bueno, ya, hagamos todo en regla, llámalo y explícale a Tello, pero, eso sí, yo decida quién lo reemplaza’. ‘Dina, lo de la frontera con Chile está fuerte’. ‘Sí, ahí sí tengo que hablar yo’.

No hables, Tello

José Tello, como casi todos los ministros salientes está en cura de silencio. Pero mis fuentes me permiten reconstruir lo que pasó con él, al punto que me atrevo a decirles esto: fue Tello, tanto o más que el polémico Becerra, quien apuró el domingo pasado el cambio que estaba en el horizonte del gobierno pero no tenía fecha fija. La crisis que originó la intervención de Becerra en un foro donde tildó de adefesio a la CIDH y comprometió al MEF en un tema inconsulto sobre ‘vouchers’ educativos, ya había sido superada. Otárola lo convocó, hablaron largo y tendido, y al día siguiente, el 19 de abril, el propio premier dijo que las cosas estaban claras. Tres días después, igual le pidió su renuncia.

Becerra, según lo que he podido reconstruir, se fue porque hizo méritos para irse, pero, además, porque le permitía a Otárola sacar a Tello de una buena vez. Según mis fuentes, Tello sabía desde semanas atrás que el primer ministro quería su cabeza. Su caso es similar al de Raúl Molina, ex asesor de Boluarte, que daba entrevistas en las que lucía posiciones distintas a Otárola. Tello no le daba la contra a Otárola, pero aparecía con mucha frecuencia en los medios y mencionaba temas delicados que lindaban con el adelanto de opinión sobre asuntos judicializados. Por ejemplo, el 24 de diciembre, entrevistado en RPP, contó que el gobierno había decidido formar una comisión multisectorial para tratar la situación de las víctimas de las movilizaciones. Mencionó más de una vez la palabra ‘reparaciones’, sin percatarse de que esta es pertinente tras un proceso donde se han establecido responsabilidades. Ese mismo día, Otárola lo corrigió sutilmente con un tuit donde hablaba de “apoyo solidario” a las víctimas.

¿Comprometió Tello al gobierno con una temprana admisión de culpa? No, no es para tanto. El término ‘reparación’ estuvo en su boca pero no está en la resolución que creo la comisión mentada (su nombre es na párrafo entero), el 31 de diciembre. Incluso le he preguntado a Jennie Dador, presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), si el trasiego del término podría ser usado en la defensa de las víctimas y me dijo: “Podría ser una referencia de contexto, pero no un argumento legal. Lo importante son las investigaciones que determinan que alguien mató; ¿si tenemos eso, para qué vamos a entrar por un costadito?”. A lo dicho por Jennie, se puede agregar que el término ‘reparaciones’ tampoco agrada a las víctimas y deudos, pues monetariza su drama. El movimiento pro DDHH prefiere hablar de medidas integrales que incluyen disculpas y medidas correctivas. Por cierto, ya con Maurate, se ha ampliado la lista de “deudos de las víctimas y heridos de gravedad durante las movilizaciones realizadas entre el 8 de diciembre del 2022 y el 10 de febrero del 2023″, según reza, midiendo cada palabra, la nota del Minjus.

Si sacamos el peso de esa cruz a Tello, nos quedamos con un ministro mediático que sacaba roncha a Otárola. Hace tres semanas, cuando Tello comentó, imprudentemente, el operativo fiscal contra Joaquín Ramírez, al ex primer ministro se le notó la furia, un día después, cuando aclaró que el gobierno no iba a comentar las decisiones del Ministerio Público. Después de ese incidente, me cuentan que Tello sabía que su salida se aproximaba. ¿Por qué ha dado señales de resistencia, entonces, al no asistir a la juramentación de su reemplazo? Porque, según mis fuentes, esperaba que le pidiera su renuncia la propia Boluarte, de quien se asumía leal y cercano. Logró hablar con ella el domingo pero se retiró antes de la juramentación ajena.

Dina había decidido que Alberto proceda a pedir la renuncia de Tello, pero se reservó la decisión de poner a alguien de su confianza. Su hermano Nicanor, a quien consulta muchas cosas, fue viceministro de Maurate cuando este fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Humala. Podemos presumir que Nicanor le recomendó a su ex jefe y amigo. Maurate, al menos, ha admitido conocerlo bien. Le escribí al hermano de la presidenta, para confirmar si él hizo la recomendación, pero no he recibido respuesta.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es muy probable que se difunda en los próximos días y, según fuentes que ya lo han leído, es muy severo. El de Human Rights Watch, ya difundido, habla de serias violaciones a los derechos humanos, pero es de una ONG independiente. El de la CIDH traerá recomendaciones con mecanismos de presión y control para que estas sean cumplidas. Si Otárola tenía a Tello entre ceja y ceja, es obvio que no lo quería para afrontar la difusión del temido informe. En la mira de Otárola, Tello ya había cumplido su función como vocero gubernamental del adelanto de elecciones, mientras el gobierno posaba de estar interesado en el recorte de su mandato. Superada esa coyuntura, el ministro estaba de más. ¿Pero porqué reemplazarlo por Maurate? En su primera semana, este ni siquiera ha podido defender su cartera, porque ha tenido que defenderse a sí mismo de sus vínculos telefónicos con ‘Cuellos Blancos’ y de una denuncia de mala praxis como abogado.

Dina, en la conferencia de prensa tras el consejo de ministros del pasado miércoles 26, dijo que Maurate, “ya ha dado su explicación. Nosotros vamos a evaluar su función como ministro en el ejercicio de su cartera”. La ambigüedad de esa respuesta deja a Maurate con la soga al cuello: Dina considera que ya cumplió con explicarse y ahora lo evaluará en sus flamantes funciones. ¿Pero acaso se puede disociar el ejercicio del cargo de la performance al responder cuestionamientos? Una fuente palaciega me dijo que probablemente “lo sacarán pero no ahorita”. Si el largo y el corto plazo, no son precisos en el gobierno, tampoco lo es el ‘ahorita’.

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Una coda sobre el otro par de ministros cambiados. Luis Fernando Helguero salió del Mincetur, según me cuentan, no porque los resultados específicos de su gestión hayan sido mal evaluados (¿cómo medirlos tan temprano?), sino porque no se le vio comprometido en las campañas multisectoriales. El caso de Luis Alfonso Adrianzén es más delicado. Antes de ser ministro de Trabajo, fue secretario general de la PCM, amigo y brazo derecho de Otárola. Tras la renuncia del ministro Eduardo García en protesta por las muertes en Huamanga, pasaron varios días sin que se le reemplazara hasta que Adrianzén dejó su puesto en la PCM y fue promovido a Trabajo. Resulta que, entre las contrataciones de Adrianzén en el ministerio, estuvieron los servicios de Carola Rodríguez Bringas, ex cuñada del premier. La revelación de esto, expuso a Otárola a una investigación por corrupción y a indagaciones sobre su vida familiar. En un tuit aseguró que no tenía nada que ver con esa designación. Haya sido o no el nombramiento entera ocurrencia de Adrianzén, es suficiente motivo para haberlo removido cuando oportunidad de hacerlo.

‘Peruzuela’

Cuando muchos nos preguntábamos qué haría Boluarte, en la última conferencia de prensa tras el consejo de ministros del miércoles 26, para darnos a entender, ‘hey aquí estoy, yo soy la que gobierno, yo también decidí el cambio de ministros’; ¿qué tema escogió para hacerlo?. Pues la crisis migratoria en las fronteras, provocada por venezolanos (y, en mucha menor cantidad, de otras nacionalidades) que quieren pasar al Perú que ha decidido ser más riguroso al recibirlos. Chile aplicó ese rigor durante el pico de la diáspora venezolana, entre el 2017 y 2018, y Boric ha reafirmado esas medidas. Por añadidura, hay denuncias sobre carabineros (policías chilenos) que ayudan al pase de migrantes.

Hay muchas cuentas que ajustar con la política migratoria del gobierno de PPK que abrió las fronteras de modo irresponsable. De todos modos iba a llegar un flujo considerable, pero la falta de filtros y cuidados, enervó el fenómeno migratorio hasta hoy. Creó un exceso de expectativas frustradas en los migrantes e impactó de muchas formas, algunas dramáticas, al Perú.

Las últimas semanas han estado marcadas por noticias de sangre protagonizadas por venezolanos, como el feminicidio, quemada viva, de Katherine Gómez; el asesinato de un hombre que no quería que le limpien el parabrisas; o el homicidio de un sereno en Surco. En esos tres casos, los culpables o sospechosos son venezolanos. Ello ha revivido la xenofobia; pero el drama de la inseguridad es tan grande que cualquier peruano, xenófobo o no, sabe que su solución rebasa el problema migratorio. Mal haría, por lo tanto, el gobierno, en creer que una acción firme de control migratorio –como plantear una reforma constitucional que autorice la intervención de las fuerzas armadas en zonas de frontera- aplaque la sed de medidas contra la delincuencia.

En el discurso de la presidenta hubo cierta confusión entre el tema del aporte de migrantes venezolanos a la inseguridad ciudadana; con el de la tensión en la frontera con Chile que ya escaló, de asunto de aduana, a crisis humanitaria y problema bilateral. Es cierto, como me explicó una fuente palaciega, que los temas de política exterior deben ser tratados por la presidencia y la cancillería, y no ‘delegados’ a la PCM; pero si se pensó que este complejo asunto sería una buena ocasión para dejar sentir la opacada voz de Boluarte, no fue así. Dina ha vuelto a opacarse tras la conferencia del miércoles y la intervención de Alberto sugiriendo a los presidentes vecinos y a Gabriel Boric en primero lugar: “que solucionen sus problemas y no los tiren a otro país”. La política exterior peruana ya suma suficientes broncas con feo desenlace desde el 7 de diciembre, como para asumir otra, al margen de que nos asista la razón. Este es un asunto delicado que demanda hilar muy fino para que no opaque a Dina, a Alberto y al gobierno entero.