Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), consideró que la negativa del Gobierno de permitir el acceso a la información sobre el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte “es un claro caso de utilización perversa de la Ley de Transparencia”.
En un pronunciamiento de la institución, el letrado indicó que la posición del Ejecutivo en este tema busca “tender un manto de opacidad sobre una decisión de especial interés público”.
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Pereira rechazó los argumentos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresando que al tratarse de información sobre la presidenta y del uso de recursos públicos, es un tema de especial relevancia pública que no puede discutirse ni decidirse bajo un manto de “secretismo” u “opacidad”.
También dijo que no todos los documentos involucrados contiene “opiniones, consejos o recomendaciones”, por ejemplo, aquellos que permiten identificar de qué entidad o funcionario nació la iniciativa y las razones de la misma.
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A su vez, indicó que los informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya revelan una toma de posición o postura institucional sobre la materia, por lo que no existe discusión alguna en esa entidad que justifique invocar la confidencialidad por el “privilegio deliberativo” sobre sus informes.
Finalmente, el abogado dijo que tampoco se cumple el requisito de validez desarrollado por la Autoridad de Transparencia para invocar esta excepción, es decir, no existe riesgo de menoscabo alguno a la eventual discusión pendiente sobre este tema en el Consejo de Ministros sino todo lo contrario. Refirió que este tipo de decisiones más bien se “enriquecen” con el debate público.
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Como se recuerda, el Gobierno negó el acceso a cuatro oficios que dieron origen al informe N°0034-2025-EF/53.07, a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que el salario de la presidenta Dina Boluarte debe pasar de S/16.000 a S/35,568.
El Ejecutivo calificó estos expedientes como “confidenciales”. La respuesta de la PCM a la solicitud de este Diario se emitió el 16 de mayo, dos días después de la juramentación de Eduardo Arana como titular de esa cartera.
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Asimismo, refirió toda la información referida con el incremento de sueldo de Boluarte Zegarra como “confidencial”, en amparo al artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
