Telefónica sobre proceso ante Indecopi: “Los dos grandes acreedores son el Estado y los bonistas”
El primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que el Ejecutivo devolvió al Congreso, con observaciones, la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. Lo hizo, según señaló, este lunes 13 de enero, a pocas horas de que venciera el plazo de 15 días hábiles para pronunciarse al respecto.
No obstante, el Congreso respondió que, al menos hasta las 6:18 p.m. de este lunes, el documento con las observaciones no ha ingresado.
El documento con las observaciones tendría que ingresar por mesa de partes del Congreso. Luego, ser enviado a la Oficialía Mayor y, por último, remitido a la Comisión de Justicia del Congreso, que preside el legislador Isaac Mita (Perú Libre).
Debido a que el Parlamento se encuentra en receso, la Comisión de Justicia podría realizar una sesión extraordinaria para evaluar las observaciones. Otra opción es que espere el inicio de la próxima legislatura, programado para marzo.
También es posible que cualquier congresista solicite que el tema se exonere del dictamen de la comisión y pase directamente a la segunda instancia; es decir, al pleno del Congreso o a la Comisión Permanente. Esta última es la única que permanece en funciones durante el receso.
La demora en la promulgación de la ley que restablece la detención preliminar ya tuvo consecuencias: en diciembre pasado, 10 investigados por pertenecer a la presunta organización criminal Las Hienas Verdes fueron liberados bajo la disposición legal vigente, a pesar de estar acusados de delitos como extorsión, homicidio calificado, encubrimiento y otros.
Ese mismo mes, el Poder Judicial rechazó una solicitud de detención contra Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector de Qali Warma.
ESTA ES LA AUTÓGRAFA DE LEY
Esta es la autógrafa que el Congreso envió al Despacho presidencial el 16 de diciembre
El viernes 10, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que su sector había presentado observaciones a la norma. “Quiero adelantar que el Ministerio del Interior, o la oficina técnica del Ministerio del Interior, ha procedido a efectuar objeciones al marco de la norma”, expresó.
Dos días antes, el miércoles 8, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró que antes del plazo, que concluye el martes 14, el Poder Ejecutivo se va a pronunciar.
“El plazo es el plazo legal, no plazos razonables. Hay un solo plazo, vence el día 14. Yo le puedo asegurar que antes de esa fecha el Poder Ejecutivo se va a pronunciar respecto del proyecto de ley que usted ha referido”, indicó incómodo ante una pregunta de la prensa tras el Consejo de Ministros.
Ante la demora, el 6 de enero, la bancada de Renovación Popular emitió un comunicado reiterando su solicitud para que promulgue con “urgencia” la mencionada norma. Además, enviaron un oficio a la mandataria.
El jueves 2 de enero, tras la primera sesión del Consejo de Ministros del 2025, el titular del Gabinete, Gustavo Adrianzén, reiteró que se encuentran dentro del plazo (que termina el martes 14 de enero) y afirmó entre “hoy y mañana” tendrán los informes que faltaban para decidir si promulgan u observan autógrafa.
Formalmente, el Gobierno tiene 15 días hábiles para evaluar si promulga o devuelve al Congreso con observaciones las leyes que apruebe el Parlamento. En el caso de la norma que restablece la detención preliminar ese plazo concluye todavía el 14 de enero. Pero no se trata de un tema nuevo, desconocido o complejo, ya que la propia mandataria fue quien firmó el dispositivo que ahora se busca derogar. Además, el Congreso se encuentra en receso hasta marzo y no sesiona el pleno, solo la Comisión Permanente.
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El 11 de diciembre, la propia mandataria promulgó la Ley 32181, aprobada por el Congreso que en la práctica beneficia a los criminales dado que la fiscalía ya no puede solicitar la detención preliminar, por ejemplo, de funcionarios, políticos o delincuentes de alta peligrosidad salvo que sea en flagrancia.
De inmediato distintos sectores protestaron porque se abría las puertas a la delincuencia. Por ejemplo, el 12 de diciembre, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que advertía de las nefastas consecuencias de este cambio y pidió al Congreso que de marcha atrás.
La fiscalía alertó que 10 investigados por integrar la presunta organización criminal ‘Las Hienas Verdes’ fueron liberados por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Se trataba de investigados por extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas de fuego.
Tras al ola de críticas, el Parlamento retrocedió y la madrugada del sábado 15 de diciembre, al cierre de la legislatura, eliminó ese artículo para que se permita la detención preliminar. No obstante, este cambio solo estará vigente cuando la norma sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.
El 27 de diciembre, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén afirmó que el Gobierno aún no decidía si promulgará u observará norma y justificó la demora indicando que no habían recibido las respuestas de todos los sectores involucrados.
“Efectivamente ha llegado la autógrafa sobre la ley, nosotros nos encontramos dentro de los plazos para promulgarla u observarla. El procedimiento regular es que se pida consulta a todos los sectores concernidos, no hemos recibido aún todas las respuestas y en cuanto las tengamos, sistematizaremos aquello y se pondrá a disposición de la presidenta para que se tome la decisión”, aseveró tras en el último Consejo de Ministros del 2024.
Tres días después, el lunes 30 de diciembre, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, reiteró que aún se encuentran dentro del plazo para pronunciarse y enfatizó que “hay normas que, a veces, exceden su propósito” y son usadas “con otros fines”.
“Las normas, tal como lo mencionó el propio Poder Judicial, la fiscal de la Nación, deben ser acorde a la realidad, y que proteja la ciudadanía. Debemos tener un sistema que permita que la ciudadanía se vea protegida”, añadió.
