Fuerza Popular califica de “tibia” la posición de Dina Boluarte ante informe “sesgado” de CIDH

Fuerza Popular calificó de “tibia” la posición de la presidenta Dina Boluarte y de su Gobierno ante informe el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas sociales de diciembre del 2022 a enero del 2023 en el Perú, el cual tildó de “sesgado”.

“Expresamos nuestra indignación frente a la tibia posición de la presidenta Dina Boluarte y su gobierno frente al sesgado informe de la CIDH”, indicó en un pronunciamiento, donde consideró “incomprensible” que desde el Ejecutivo se salude el contenido del documento.

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“Al parecer, al gobierno no le interesa que se ponga en tela de juicio las acciones desplegadas por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y nuestra valerosa Policía Nacional. La presidenta y sus ministros harían bien en recordar que gracias a que las fuerzas del orden restablecieron la paz y tranquilidad es que el sistema democrático no sucumbió frente a quienes nuevamente buscaban sembrar el terror en nuestra patria”, indicó.

“Exhortamos a la presidenta Boluarte a defender con pundonor los intereses patrios y no dejarse avasallar por informes políticamente sesgados que lo que buscan es lograr la impunidad de aquellos que subvirtieron el orden constitucional y generaron caos, violencia y muerte. Asimismo, que sea consciente que la tibieza de su gobierno socava la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y desmoraliza a quienes exponen sus vidas para traer paz y tranquilidad al país”, agregó.

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Finalmente, la bancada de Fuerza Popular aseguró que el informe de la CIDH “plasma” otras consignas de la izquierda peruana, como “justificar a radicales y violentistas bajo el falaz argumento de que son víctimas de la discriminación”, ataca la inversión privada sin sustento y pretende desacreditar a los opositores del régimen de Pedro Castillo.

Como se recuerda, la CIDH concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.

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En el documento, afirmó que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, “se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” contra los manifestantes.

La organización de derechos humanos agrega que esos hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos, y luego juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales.

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En las conclusiones del informe, destacó que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.

De acuerdo con la comisión, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado. “Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, añadió.

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El documento también resaltó el caso de Juliaca. En esa ciudad, la CIDH observó que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.