Funcionarios clave del gobierno de Dina Boluarte aún figuran en cargos en la nueva administración

Se trata del exministro Julio Demartini, así como de Carmen Giordano y Enrique Vílchez.

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De todos, el más afortunado es Demartini, quien fuera designado como ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ni bien arrancó la era Boluarte, en diciembre de 2022.

No solo fue, en todo ese tiempo, uno de los ministros más cercanos de la mandataria, defendiéndola políticamente en más de una ocasión, sino que también logró perdurar, incluso, una vez estallado el escándalo de corrupción en el programa Qali Warma.

Demartini permaneció como titular del Midis hasta fines de enero de este año, cuando su permanencia se volvió insostenible y recién después de que la fiscalía anunciara una pesquisa formal en su contra por ese caso. Sin embargo, incluso frente a ello, la gestión de Boluarte barajó la posibilidad de designarlo embajador en el Vaticano, aunque finalmente tuvo que retroceder.

No obstante, sí llegó a ser contratado en marzo como “asesor” en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), poco antes de que se evalúe un pedido de impedimento de salida del país en su contra. Después, inicios de septiembre, la gestión de Boluarte lo designó en el cargo de asesor de Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Su nombramiento fue efectuado por el entonces premier Eduardo Arana, otro de los colaboradores más cercanos a la jefa del Estado.

Desde entonces, permanece inamovible en ese cargo y ha logrado permanecer a pesar de sus líos judiciales. Según conoció este Diario, al menos en tres ocasiones —tanto en diciembre de 2024, como en enero y marzo de 2025, respectivamente— el Midis le aprobó el otorgamiento de defensa legal a su favor al estar comprendido en tres pesquisas fiscales. Todas ellas, en su condición de exministro.

Fuentes de El Comercio en la PCM explicaron que, si bien figura hasta el momento como asesor, en realidad, Demartini se viene desempeñando como responsable del sector en Chancay.

Y es que el 2 de setiembre, con la rúbrica de la propia Boluarte, a Demartini le fue encargado —“en adición a sus funciones” de asesor— el puesto de director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico e Integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Sin embargo, las fuentes adelantaron que la nueva gestión viene evaluando su reubicación. Se habría optado por mantenerlo, a pesar de su identificación con el gobierno anterior.

Distinta es la situación de Enrique Vílchez y de Carmen Giordano, ambos también muy cercanos a la exjefa del Estado y quienes ahora perduran en la nueva administración. No en sus cargos primigenios, a los que ya renunciaron, pero sí como parte de los consejos directivos de Servir y del Indecopi, respectivamente. Se trata de los máximos órganos de ambas entidades.

Vílchez acompañó a Boluarte como secretario general en toda su gestión. Primero en el Midis —al inicio del gobierno de Pedro Castillo— y luego al asumir la Presidencia. Antes de su incorporación a esa administración, en 2017, había trabajado en Sencico, entidad en la que Nicanor Boluarte, el hermano de la expresidenta, fungió como gerente general.

Su cercanía con Boluarte a lo largo de su gobierno convierten a Vílchez también en figura relevante en los escándalos surgidos, como el “Caso Cofre” o, incluso, las cirugías de la vacada exmandataria, entre otros. El cargo de secretario general significa ser la mano derecha del gobernante y gozar de su absoluta confianza.

Vílchez fue quien firmó una resolución que declaró como reservado el “Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos”, el cual incluía información sobre el “cofre” presidencial, el vehículo que supuestamente se habría utilizado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón, según versiones periodísticas.

De hecho, se llegó a abrir una investigación fiscal por el Caso ‘Cofre’ en donde fue involucrado, aprobándose desde el Despacho Presidencial el desembolso para cubrir su defensa legal, la cual, según el portal Infobae, ascendió a S/70.000.

En diciembre de 2024, una exfuncionaria del Consejo de Ministros dio a conocer al dominical “Cuarto Poder” Vílchez fue el encargado de tramitar las firmas de Boluarte luego de la cirugía a la que se sometió y tras evidenciarse diferencias en las rúbricas.

A cinco días de asumir el poder el presidente José Jerí, Enrique Vílchez salió del cargo de secretario general de Palacio de Gobierno y se designó a otro funcionario en su reemplazo. Según se indica en la resolución, Vílchez formuló su renuncia, “la misma que es pertinente aceptar”.

Sin embargo, Vílchez aún es parte del consejo directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). En abril de 2023, mediante resolución suprema, Boluarte lo nombró como parte del grupo de funcionarios que son designados en mérito a calificaciones profesionales y reconocida trayectoria.

El cargo no está sujeto a su designación en Palacio de Gobierno y, según el reglamento de Servir, únicamente puede ser removido “por falta grave debidamente comprobada y fundamentada”, mediante otra resolución suprema. La designación efectuada por Boluarte a su entonces secretario palaciego es por un período de cuatro años.

Similar situación se da en el caso de Carmen Giordano, amiga de Boluarte. Giordano se desempeñó como asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República desde el 1 de enero de 2024. Previamente, había sido consultora contratada bajo la modalidad FAG.

Giordano fue testigo de la investigación contra la exjefa de Estado por el Caso Rolex realizada en la Fiscalía de la Nación y archivada por el Congreso. La propia Boluarte la ubicó como testigo presencial de la entrega de los relojes de parte del gobernador regional, Wilfredo Oscorima.

“La fecha no recuerdo, fue en el Despacho Presidencial y una que otra vez sí hubo una persona que presenció. Dicha persona es la abogada Carmen Giordano”, dijo Boluarte a la fiscalía, según la declaración difundida por el dominical “Punto Final”.

De hecho, Giordano llegó a declarar a la fiscalía sobre ello lo siguiente: “Ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano. Ingreso por la puerta y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo”.

La amiga de Boluarte renunció al cargo de asesora tras la asunción de Jerí. Sin embargo, aún ostenta el cargo de miembro de consejo directivo de Indecopi para el cual fue designada en febrero de este año. Tan igual que el caso de Vílchez, Giordano solo puede ser removida por falta grave.

Según el decreto que aprueba la ley de organización y funciones del Indecopi, los miembros del consejo “solo podrán ser removidos en caso de falta grave debidamente comprobada y fundamentada”. Incluso, previa investigación donde se brinde un plazo para efectuar descargos.

El plazo de la designación es por cinco años; es decir, en caso de no renunciar, Giordano podría permanecer hasta el 2030.

Fuentes de este Diario indicaron que en el Ejecutivo se encontraban evaluando ambos casos.

A opinión del analista político Enrique Castillo, al gobierno de Jerí le va a resultar difícil -si es que ese es su deseo- el cambiar puestos en el Estado. Tanto porque “no tiene la gente necesaria como para cubrir y renovar todos los cuadros y, segundo, porque no le va a dar tiempo para hacerlo”. Sin embargo, también porque aún persiste alguna influencia de parte de las bancadas políticas.

“Hay ministerios que de todas maneras eran parte de las cuotas partidarias de la gente que estaba en el Congreso. Entonces, va a ser muy difícil el poder reemplazar a todas las personas dado que esas personas todavía siguen teniendo influencia en el gobierno de alguna manera”, opinó Castillo.

Por su parte, el analista político Pedro Tenorio indicó que “políticamente”, hay un desmarque y una distancia desde el gobierno de José Jerí a lo que fue la administración de Boluarte. Desde los gestos, las prioridades y las respuestas. Sin embargo, administrativamente es difícil que lo haya.

“Hay una convivencia con parte de esa administración que ha dejado Boluarte. Lo que ha cambiado es la cabeza, en este caso Boluarte y su gabinete. Sin embargo, no ha habido un nombramiento refundacional en alguna entidad importante”, remarcó Tenorio.