¿Cómo llegamos a este punto? Las cifras y la coyuntura política detrás del desborde de la extorsión

Esto no solo tiene que ver con la notoriedad de las víctimas y el impacto de las imágenes que captaron el ataque durante un concierto, sino que tiene un respaldo en cifras. De acuerdo con los registros del Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), el país atraviesa actualmente el pico de denuncias por este delito.

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“Las denuncias por extorsión en el Perú se han incrementado de un promedio de 300 denuncias mensuales entre el 2018 y 2021 a más de dos mil denuncias mensuales hasta septiembre del 2025″, comenta a El Comercio Juan Carbajal, ingeniero y analista de datos. “Es un incremento en más del 600% entre el 2018 al 2025“.

“Hasta mediados del 2024 se visibilizaba un descenso, pero de allí en adelante hay un incremento muy marcado y sin que aún se denote una reducción visible. Hemos pasado de un promedio de 10 denuncias diarias entre el 2018 y el 2021 a un promedio de más 70 denuncias diarias en el 2025 hasta septiembre”, indicó.

Estas cifras sirven como una aproximación a la gravedad del desborde de este delito, pero el problema es aún más grave. Rubén Vargas, exministro del Interior, remarca que “una de las cosas propias de este fenómeno criminal vinculado a la extorsión es el miedo a denunciar”. “La data de la información de los casos de denuncias es solamente la punta del iceberg”, remarcó.

El fracaso del Estado en combatir este fenómeno trambién se traduce en otras cifras. Tal como destacó El Comercio en un informe publicado este jueves, mientras el promedio de denuncias diarias de extorsión pasó de tres en junio del 2018 a 76 en junio del 2025, en ese mismo plazo el número de personas presas por ese delito solo aumentó en 38.

Es decir, mientras los actos de extorsión se multiplicaron, los presos por ese mismo delito aumentaron muy levemente. El Estado, con el Poder Ejecutivo a la cabeza, fracasó hasta ahora en su lucha contra este tipo de delincuencia.

Durante el periodo del incremento de la criminalidad, además, el gobierno de Pedro Castillo tuvo 8 ministros del Interior y cuatro comandantes generales de la PNP; mientras que el de Dina Boluarte tuvo 8 ministros y tres comandantes generales. En otras palabras, han sido menos de 16 ministros del Interior en menos de un lustro. De todos estos, solo tres cambios fueron forzados por censuras del Congreso: Dimitri Senmache en el 2022, Vicente Romero en el 2023 y Juan José Santiváñez en el 2025.

En esta coyuntura, Dina Boluarte -quien a inicios de semana recomendó a la ciudadanía no contestar llamadas de extorsionadores como una forma de luchar contra este crimen- enfrenta ahora mociones de vacancia presidencial, apoyadas preliminarmente por casi el total de los 130 congresistas.

Aun así, los antecedentes de este desborde revelan, de acuerdo con especialistas consultados por este Diario, que esta también se dio en medio de una sostenida inacción del Ejecutivo, una evidente falta de liderazgo y de estrategia, así como el debilitamiento de las instituciones y la promulgación, por parte del Legislativo, de normas que no ayudaron a la lucha contra la criminalidad.

Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Interna y director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que el desborde de este tipo de criminalidad debe entenderse a distintos niveles, comenzando por el político: “El incremento de las extorsiones tiene una asociación con un crecimiento exponencial a partir del inicio del gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte. A partir de allí lo que se produce es una crisis institucional sumamente grave".

En diálogo con El Comercio, consideró que por parte de estos gobierno y del propio Congreso hubo un intento de "capturar a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior" para desactivar los grupos policiales que investigaban acasos de corrupción. “Se afectó la línea de carrera de varios policías expertos en investigación criminal y que ya habían tenido éxito en enfrentar bandas este delincuenciales, incluidas bandas extorsivas“, añadió.

“De una crisis política pasamos a una crisis institucional, con pugnas por controlar el poder a nivel del Ministerio Público, del Legislativo y con la instrumentalización de la Policía, del Ministerio del Interior (...) Esto genera una gran desestabilidad a nivel policial: por un lado, los buenos policías que sí quieren investigar estos temas y por otro los malos policías, que quieren ascender a toda costa", dijo Valdés.

Añadió que también están “los nuevos policías que salen y son contaminados por las organizaciones criminales”. “Un ejemplo es ‘El Monstruo’ y cómo infiltró a la Policía, o el caso de ‘Los Pulpos’, que también la han infiltrado. A esto se suma suman un conjunto de normas que da el Congreso con respecto a la cómo investigar o cómo comprender la criminalidad organizada, que lo que hacen es favorecer a la propia criminalidad, porque hacen muy compleja la aplicación de esa norma. El Congreso también puso su granito de arena", dijo.

A este análisis, Valdés añadió que la policía “no se percató de que el incremento exponencial de los ingresos de las economías ilícitas marcadas básicamente por una minería ilegal". “El negocio de la extorsión surge en Trujillo, no es traída por el Tren de Aragua (...) En este marco de crecimiento de las economías ilícitas hay dos factores que empiezan a generar mucho efectivo: La extorsión y la explotación sexual, la trata de personas”, dijo.

“Son actividades que hacen campos de disputa y traen la criminalidad a la ciudad. Antes, a la veíamos lejana, en la zona rural con la minería, con el narcotráfico, con la trata, con la tala. La extorsión trae la criminalidad a a la zona urbana y la policía se encuentra que no sabe qué hacer con ella: ya no contaban con equipos especializados, con investigadores renombrados, los expectoraron porque estuvieron investigando la corrupción. Eso produce un descalabro, asociado a la falta de inversión en tecnología para enfrentar la delincuencia“.

El exministro Rubén Vargas considera que hay tres factores que explican este auge, que van desde la naturaleza del delito hasta la “inoperancia” del gobierno: “La respuesta, inevitablemente, es por lo fácil que es extorsionar,por la impunidad con la que se hace y por la absoluta inoperancia del gobierno. Son esas tres cosas las que han convertido a la extorsión en un gran negocio, que no tiene mayor riesgo para los criminales".

“El negocio de la extorsión va de la mano de una absoluta impunidad, de una falta de costo/beneficio a favor del delincuentes. En este momento, en el Perú es muy fácil ser extorsionador y la ganancia es al infinito. Y, obviamente, las modalidades extorsivas tienen mucho que ver también otras modalidades delictivas, tienen mucho que ver con la escuela del crimen transnacional", indicó Vargas.

En cuanto al factor político, el exministro sostuvo que al gobierno de Dina Boluarte y a su aliados "nunca le interesó enfrentar el desbode criminal”, convirtiendo a sus ministros del Interior “en operadores políticos para sus fines particulares”. “Ninguno tuvo un norte claro de cómo enfrentar estos problemas de criminalidad organizada y, especialmente, la extorsión. El gobierno nunca pudo construir una estrategia, pretendió convertir el estado de emergencia en una estrategia”, sostuvo.

En cuanto al Congreso, consideró que desde allí “se legisló debilitando las herramientas que tienen el Ministerio Público y la Policía para investigar el crimen organizado". “Debilitaron enormemente la colaboración eficaz, la figura de este de la pérdida de dominio, la ley contra el crimen organizado. En su momento, debilitaron también la detención preliminar para casos de criminalidad organizada”, acotó.

Para el general (r) Danilo Guevara, exviceministro del Ministerio del Interior y exjefe de la DINI, la crisis por la extorsión es un “problema estructural” en el que tenemos a un Estado “dedicado a muchas cosas pero que descuida lo que es el ‘cuore de su negocio’: dar seguridad a sus ciudadanos”.

“Sin duda, el punto de quiebre fueron los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, que abrieron las puertas a la migración sin establecer filtros. Se introdujeron delincuentes vinculados a la criminalidad trasnacional organizada de alta monta que se caracteriza por ser más sofisticada y violenta”, consideró.

Entre las causas de la “expansión delincuencial” señaló, en primer lugar, la “ineptitud de los últimos gobiernos, que han sido incapaces de formular políticas integrales, creyendo que el problema se resuelve dando arengas y tomando medidas populistas radicadas en la acción policial”.

“En segundo lugar, está el sistemático deterioro de todas las instituciones del Estado, que tuvo su epítome en el gobierno de Pedro Castillo. Este desplome institucional continúa y se profundiza, abarca a los poderes del Estado y a órganos tan importantes como la fiscalía. En tercer lugar, [tenemos] el proceso penal garantista, que en un escenario como este debe ser flexibilizado. Casi todo juega en favor de la criminalidad”.

Para Guevara, el Estado tampoco pudo frenar el desborde de la extorsión “porque no hay un líder o lideresa que conciba una política integral, que comprometa y conduzca la acción del Estado en su conjunto, con miras a: prevenir la delincuencia, reprimirla con efectividad y mejorar la sociedad”. “Si no hay correcciones, la mancha de aceite sucio seguirá creciendo”, sostuvo.