Despacho Presidencial: Contraloría detecta deficiencias en norma sobre contratación de consultores FAG

El fondo FAG, como se recuerda, fue utilizado por el vacado expresidente Pedro Castillo como “su billetera directa” para el pago mensual de sus allegados que fueron contratados como asesores .

La actual gestión, tampoco escapa de este procedimiento, puesto que el despacho de Boluarte contrató a funcionarios que trabajaron en su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Un reciente Informe de Orientación de Oficio emitido por la Contraloría General de la República al que accedió El Comercio, ha establecido que el Despacho Presidencial, “carece de procedimientos operativos para realizar la verificación de la autenticidad de la documentación presentada por los consultores FAG, así como la supervisión técnica y verificación de las actividades que le son asignadas”.

Ello, ha concluido el ente contralor, pone en riesgo el uso de los recursos públicos.

“La situación descrita pone en riesgo el cabal cumplimiento de la verificación de la autenticidad de la documentación presentada por los consultores FAG, así como la supervisión técnica y verificación de las actividades que se les asigna, y ello conlleva a no detectar oportunamente la ocurrencia de fraude o falsedad en la información y/o en la documentación presentada, la ejecución de las actividades al margen de los términos de referencia, u otros eventos que resten contratación y el uso correcto de los fondos públicos.”

Contraloría General de la República

Pagos significativos

El informe, emitido el pasado 31 de marzo, recoge las observaciones detectadas por la Comisión de Control Interno que analizó el procedimiento que había venido desarrollando el Despacho Presidencial que, al encontrarse adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuenta con un presupuesto mensual asignado para la contratación de profesionales con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial del Sector Público, según acuerdo tomado por la Comisión del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público manejado por el Ministerio de Economía.

Según se detalla en el documento, en el Despacho Presidencial se han contratado consultores FAG durante del 2020 al 2023 que demandaron recursos públicos del Fondo de Apoyo Gerencial y cuyos contratos que se suscriben por montos mensuales de S/.12,000.00 en promedio, “importe que resulta material” y hace necesaria la verificación de sus contratos.

Es así, que, luego de analizar la documentación remitida por la Subsecretaría General del mediante Memorando N° 000104-2023-DP/SSG de 15 de febrero de 2023 y el Memorando N° 000284-2023-DP/SSG de 27 de marzo de 2023, se determinó que el Despacho Presidencial había venido contratando personal FAG bajo una normativa que había sido derogada.

Y es que, al requerirle información a dicha oficina sobre las medidas de supervisión de la documentación presentada por los contratados, esta indicó que hasta la fecha el Despacho Presidencial venía actuando bajo la Directiva N° 001-2017-DP/SG.

No obstante, el ente contralor advirtió que dicha norma se encuentra derogada por la Directiva N° 004-2021-EF/43.01 denominada “Lineamiento para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) al Sector Público, en el marco del Decreto Ley N° 25650″, aprobada con Resolución Ministerial N° 118-2021-EF/43 de 30 de marzo de 2021.

“Denotándose que la Directiva N° 001-2017-DP/SG de la Entidad, se encuentra desactualizada”, señalaron.

Por ello, la Contraloría requirió que Despacho Presidencial de DIna Boluarte -a través del Secretario General del Despacho Presidencial- implemente mecanismos para el control de contratación y trabajo de funcionarios FAG.

“Se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de contratación de personas contratadas con cargo FAG”, concluyeron.

1

Contratos FAG

Norma

El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) fue creado con el Decreto Ley n.° 25650 de 24 de julio de 1992, como un régimen de excepción para financiar gastos de personal técnico y profesional altamente calificado de carácter temporal. Según Directiva N° 004-2021-EF/43.01 la contratación para funcionarios FAG solo puede celebrarse para el desarrollo de asesorías, consultorías y actividad profesional calificada.

Respecto a la contratación, se establece que la Entidad receptora y el Consultor FAG suscriben un contrato de locación de servicios en triplicado, remitiéndose mediante oficio a la UTP un ejemplar debidamente suscrito por ambas partes conteniendo la siguiente documentación: Términos de Referencia, Declaración Jurada, Datos del Consultor, Certificación, Reporte emitido por la Entidad Bancaria donde se realiza el abono de los honorarios profesionales, Reporte de habilitación profesional vigente, de corresponder y Curriculum Vitae documentado.

Los contratados

La verificación de control interna se inició a propósito de la solicitud de información que requirió el Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial debido a la “contratación del señor Eduardo Remi Pachas Palacios, como asesor FAG del Despacho Presidencial” durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Como se recuerda, Pachas fue abogado de Castillo Terrones durante casi toda su gestión presidencial y tras su vacancia continúa asumiendo su defensa legal.

Al respecto, a través del Memorando N° 000104-2023-DP/SSG, la Subsecretaría General del Despacho Presidencial informó que la contratación del consultor FAG Eduardo Remi Pachas Palacios “fue realizado por requerimiento de la Secretaría General, conforme se verifica del Memorando N° 000143-2021-DP/SG”.

Según se explicó, el citado consultor suscribió los documentos correspondientes, que incluye el Contrato N° 029-2021- FAG-DP de fecha 07 de diciembre de 2021; los cuales fueron remitidos a la Unidad Transitoria de Pago – UTP (constituida en la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas) con Oficio N° 011691-2021-DP/SSG del 07 de diciembre de 2021.

Sin embargo, el 09 de diciembre de 2021, el abogado envió una carta al Despacho Presidencial solicitando la resolución del Contrato de Locación de Servicios vía FAG, y se desistió del trámite de pago de los honorarios que correspondían del 07 al 09 de diciembre de 2021.

No obstante, según el mismo reporte del Despacho Presidencial, durante el gobierno de Castillo Terrones se contrató a 31 funcionarios FAG con sueldos entre S/6,000 y S/15,000.

Entre los que fueron beneficiados están conocidos personajes vinculados a Castillo Terrones, como los investigados por la fiscalía Biberto Castillo León, Sandra Maribel Paico Carrasco y Pérez Curi David.

Además de otros que Jorge Ricardo Alva Coronado, quien no cumplía con los requisitos para ser designado Secretario General de presidencia; la comunicadora Cristina María Boyd Jara, vinculada al expresidente, el abogado Helí Hernando Cárdenas Yaya -según el Consejo Privado Anticorrupción no contaba con los requisitos para ser contratado bajo el sistema FAG- y Mauro David Gonzales Caballero. Este último, junto a Cárdenas, según la fiscalía, fueron dos de los funcionarios que reportaron como perdidos los celulares de los edecanes Castillo y de los técnicos de servicio militar.

También están, el cajamarquino Norman Coronel Vásquez, que antes de ser contratado tuvo visitas con los exministros Roger Incio (extitular de la Producción) y Aníbal Torres, entre otros.

Mientras tanto, en el gobierno de Dina Boluarte, entre los 16 asesores y consultores contratados bajo la modalidad FAG también se encuentran personas que estuvieron en su gestión como ministra del Midis.

Entre ellos están la abogada Carmen Giordano Velásquez, quien inicialmente estuvo adscrita a la vicepresidencia, también participó como parte de los funcionarios de la comisión de transferencia del Ministerio Desarrollo e Inclusión Social de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, al inicio de gobierno de Castillo Terrones. Junto a ella también fue contratada Sandra Ivón Manrique Becerra, quien era Asesora del Viceministerio de Prestaciones Sociales del Midis durante la gestión de la actual presidenta de la República.

El abogado Walther Javier Iberos Guevara, quien estuvo como FAG entre febrero y marzo del 2023 -antes de ser designado viceministro de Justicia- estuvo desde el inicio de gestión de Boluarte en el Midis como Asesor de la Secretaría General.

Similar situación es el caso de Liliana Marchena Reátegui, quien también fue asesora de la Secretaría General del Midis; y Valeria Madeleyne Morales Becerra, que según su perfil profesional señala que realizó la coordinación en sistemas administrativos vinculados a las funciones encomendadas al Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial y programas del Midis.

También fue contratado como FAG, el funcionario Joel Antero Bolivia Revolledo, quien fue Director de Sistema Administrativo en el Ministerio de Defensa, desde julio del 2022 con el exministro José Gavidia hasta la gestión en dicha cartera ministerial de Alberto Otárola, hoy presidente del Consejo de Ministros.

Franco Axel Dávila Gálvez, quien fue Asesor de Alta Dirección del Despacho Ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) con el exministro castillista Víctor Maita, la exJefa de Gabinete de Asesores del Midagri durante la gestión castillista de Óscar Zea, Giovanna María Díaz Revilla (actualmente en la Subsecretaría General de Despacho Presidencial) también figuran en la relación de funcionarios FAG del Despacho Presidencial.