Dina Boluarte: Han pasado 24 días y presidenta no promulga la ley que restablece la detención preliminar

El peligro sigue latente. Han pasado 24 días desde que el Congreso envió al Ejecutivo la autógrafa de ley que rectifica y restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, modificando la cuestionada Ley 32181. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte sigue sin promulgar, ni observar la norma, pese al golpe que representa esta situación para la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

El miércoles 8 de enero, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró que antes del plazo, que concluye el martes 14 de enero, el Poder Ejecutivo se va a pronunciar.

“El plazo es el plazo legal, no plazos razonables. Hay un solo plazo, vence el día 14. Yo le puedo asegurar que antes de esa fecha el Poder Ejecutivo se va a pronunciar respecto del proyecto de ley que usted ha referido”, indicó incómodo ante una pregunta de la prensa tras el Consejo de Ministros.

Ante la demora, el 6 de enero, la bancada de Renovación Popular emitió un comunicado reiterando su solicitud para que promulgue con “urgencia” la mencionada norma. Además, enviaron un oficio a la mandataria.

El jueves 2 de enero, tras la primera sesión del Consejo de Ministros del 2025, el titular del Gabinete, Gustavo Adrianzén, reiteró que se encuentran dentro del plazo (que termina el martes 14 de enero) y afirmó entre “hoy y mañana” tendrán los informes que faltaban para decidir si promulgan u observan autógrafa.

Formalmente, el Gobierno tiene 15 días hábiles para evaluar si promulga o devuelve al Congreso con observaciones las leyes que apruebe el Parlamento. En el caso de la norma que restablece la detención preliminar ese plazo concluye todavía el 14 de enero. Pero no se trata de un tema nuevo, desconocido o complejo, ya que la propia mandataria fue quien firmó el dispositivo que ahora se busca derogar. Además, el Congreso se encuentra en receso hasta marzo y no sesiona el pleno, solo la Comisión Permanente.

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El 11 de diciembre, la propia mandataria promulgó la Ley 32181, aprobada por el Congreso que en la práctica beneficia a los criminales dado que la fiscalía ya no puede solicitar la detención preliminar, por ejemplo, de funcionarios, políticos o delincuentes de alta peligrosidad salvo que sea en flagrancia.

De inmediato distintos sectores protestaron porque se abría las puertas a la delincuencia. Por ejemplo, el 12 de diciembre, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que advertía de las nefastas consecuencias de este cambio y pidió al Congreso que de marcha atrás.

La fiscalía alertó que 10 investigados por integrar la presunta organización criminal ‘Las Hienas Verdes’ fueron liberados por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Se trataba de investigados por extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas de fuego.

Tras al ola de críticas, el Parlamento retrocedió y la madrugada del sábado 15 de diciembre, al cierre de la legislatura, eliminó ese artículo para que se permita la detención preliminar. No obstante, este cambio solo estará vigente cuando la norma sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El 27 de diciembre, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén afirmó que el Gobierno aún no decidía si promulgará u observará norma y justificó la demora indicando que no habían recibido las respuestas de todos los sectores involucrados.

“Efectivamente ha llegado la autógrafa sobre la ley, nosotros nos encontramos dentro de los plazos para promulgarla u observarla. El procedimiento regular es que se pida consulta a todos los sectores concernidos, no hemos recibido aún todas las respuestas y en cuanto las tengamos, sistematizaremos aquello y se pondrá a disposición de la presidenta para que se tome la decisión”, aseveró tras en el último Consejo de Ministros del 2024.

Tres días después, el lunes 30 de diciembre, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, reiteró que aún se encuentran dentro del plazo para pronunciarse y enfatizó que “hay normas que, a veces, exceden su propósito” y son usadas “con otros fines”.

“Las normas, tal como lo mencionó el propio Poder Judicial, la fiscal de la Nación, deben ser acorde a la realidad, y que proteja la ciudadanía. Debemos tener un sistema que permita que la ciudadanía se vea protegida”, añadió.