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Luego de la declaración del cirujano plástico, Mario Cabani, quien confirmó lo que ya no era una secreto a voces: que la cirugía de la presidenta Dina Boluarte, fue “estética” y no exclusivamente por salud, la situación judicial de la mandataria se ha visto complicada.
Pese a ello, Juan Carlos Portugal, defensa de Boluarte, señaló a El Comercio que, por el contrario, la versión del médico confirma que su patrocinada no incurrió en los delitos por los cuales es investigada en la Fiscalía de la Nación.
A Boluarte Zegarra se le atribuyen los delitos de omisión de funciones, aprovechamiento indebido del cargo, y otros, por presuntamente haberse ausentado de sus funciones como jefa de Estado desde el 28 de junio del 2023 hasta los primeros días de julio de ese mismo año.
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Las pesquisas se iniciaron siete meses después de que se conocieran las primeras versiones de que la mandataria, por decisión personal, se sometió a la intervención médica sin informar de ello al Congreso de la República.
Así, habría infringido el artículo 115 de la Constitución que establece la sucesión presidencial en caso de impedimento temporal o permanente del Presidente de la República. Y con ello, se habría cometido presuntos delitos por el abandono de su cargo durante su intervención y posterior a esta.
Se espera pericia grafotécnica sobre firmas de Boluarte
Con la declaración del médico Mario Cabani, se abre camino sobre las medias verdades que desde hace casi un año sostiene la presidenta Boluarte, quien incluso brindó un mensaje a la Nación para asegurar que su cirugía fue “necesaria” para “su salud”.
“Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta”.
Dina Boluarte. Diciembre del 2024.
Hoy, documentos, registros médicos y la declaración del propio cirujano que la intervino desmontan la versión presidencial; y, por el contrario, confirman que los retoques al rostro de la mandataria pasaron por una cirugía de párpados, injerto de grasa a modo de relleno bajo los ojos e hilos de sustentación para rejuvenecimiento facial y, además, una rinoplastía (corrección de la desviación nasal).
Aún faltan otras diligencias por concretarse. Como las declaraciones de las enfermeras y asistentes Reina Palomino Guerreros, Nelly Romero Arontico, Victoria Castillo Anaya y Nelly Alhuay Cahuana.
Las testigos fueron citadas por el Ministerio Público para que esta semana brinden su versión sobre la intervención y las funciones que cumplieron antes, durante y después de la cirugía estética practicada a la mandataria.
Ello, como parte del equipo médico que acompañó al cirujano plástico Mario Cabani y al otorrinolaringólogo Javier Sánchez E-Ingunza, quien también rindió su testimonio ante la fiscalía.
Las declaraciones de las cuatro testigos restantes han quedado suspendidas debido a que su abogado fue reciente víctima de la delincuencia el último lunes.
Esta semana, un día después de que el médico Mario Cabani confirmara que la cirugía practicada a la presidenta Dina Boluarte, fue de índole estética y funcional, su abogado Alex Starost, fue víctima del robo de su celular cuando se encontraba en las inmediaciones de una notaría, en Surco.
Según el parte policial, el abogado fue golpeado en el rostro por un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta, luego de ello le arrebató el equipo telefónico, dándose a la fuga. La denuncia fue interpuesta en la Comisaría de Chacarilla.
Fuentes que investigan el caso han señalado que el equipo móvil fue registrado luego en el distrito de San Martín de Porres, detectándose el ingreso a la cuenta icloud y correo electrónico del propietario.
El Ministerio Público también se encuentra a la espera de que se concluya la pericia grafotécnica a las firmas de la presidenta Boluarte en los decretos supremos durante el tiempo que estuvo internada en la Clínica Cabani y los días posteriores a este.
Fuentes han señalado que dicha pericia grafotécnica revelará si las firmas que aparecen en los documentos que se emitieron, pese a que la mandataria se encontraba en recuperación, corresponden a su puño gráfico.
Entre estos documentos, se encuentran los Decretos Supremos 144-2023-EF, 017-2023-SA y otra decena de documentos oficiales. El primero autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 a favor del Instituto Nacional de Salud y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, así como de diversos gobiernos regionales; mientras que el segundo está referido a la aprobación de modificatorias en el Manual de Advertencias Publicitarias en alimentos procesados dirigido a niños.
Y es que, como se recuerda, en declaraciones a Cuarto Poder, el médico relató que Boluarte Zegarra fue sedada para la intervención, hasta el punto de dormirse durante el pre-operatorio y además se le aplicó anestesia localizada al momento de la cirugía en su rostro, que tuvo lugar el 28 de junio del 2023.
Cabani Ravello aseguró que durante su recuperación, si bien no tuvo un descanso médico oficial, Boluarte permaneció en la Clínica Cabani, todo el 29 de junio, colocándose gasas heladas en los ojos, que debían estar “tapados día y noche”. Al día siguiente, se retiró del centro médico por la mañana.
Entonces, ¿cómo hizo la mandataria para firmar, durante las horas que se encontraba en recuperación, los decreto supremos que fueron publicados en las normas legales el 30 de junio del 2023?
Fuentes vinculadas al caso han señalado a este Diario que, durante la intervención médica y el tiempo que permaneció en estado de recuperación, con los ojos cubiertos, la mandataria no recibió ninguna visita, ni siquiera de su familia.
La única persona que estuvo a su lado desde el 28 al 30 de junio del 2023, fue su entonces secretaria personal, Patricia Muriano.
Los primeros días de agosto próximo se cumplen los ocho meses de plazo que tiene el Ministerio Público para decidir si formula o no una denuncia constitucional ante el Congreso contra la mandataria.
Según fuentes vinculadas al caso, esto podría ser incluso antes, teniendo en cuenta que ya son pocas las diligencias que están pendientes.
En mayo del 2024, cuando salieron a la luz las primeras versiones respecto de la intervención médica a la que fue sometida la presidenta Dina Boluarte, se presentó una denuncia constitucional por presunto abandono de cargo, pero hasta el día de hoy, un año después, no ha sido abordada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a cargo de la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña Peralta.
El lunes 5 de mayo del 2025, la congresista Ruth Luque, autora de dicha denuncia, envió el tercer oficio reiterativo a la presidenta de dicho grupo de trabajo, solicitando que se de trámite a la denuncia.
Ese mismo día, los congresistas del Bloque Democrático, Carlos Zeballos, Susel Paredes y Sidrid Bazán, también presentaron otra denuncia luego de las declaraciones del cirujano Mario Cabani.
Este Diario buscó la versión de la congresista Acuña Peralta, sin embargo, no respondió.
“Será la pericia grafotécnica, en camino, que afirme o niegue la versión de Cabani”
En declaraciones a El Comercio, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte sostuvo que los dichos del cirujano Mario Cabani confirman que su patrocinada no cometió ningún delito.
Además, confirmó haber apelado la resolución judicial que autorizó el levantamiento del secreto profesional de los médicos que laboran en la Clínica Cabani, donde fue intervenida la mandataria.
El abogado señaló que la declaración de Cabani puede ser vista en dos perspectivas: para la tribuna (el debate de esquina, el morbo y la ácida burla) y para el caso penal. La primera, particularmente, sostuvo, “me resulta indiferente”.
Sobre el tema penal, expresó que las respuestas del médico “niegan la existencia de los delitos atribuidos” puesto que desmiente algún descanso o certificado que se le haya generado como resultado del acto médico, ni alta médica o reposo absoluto de su clienta.
“Únicamente hace referencia a una recomendación para que mi clienta repose el 29 de junio. No fue una orden, ni un mandato médico. Lo hizo, principalmente, debido a las altas cargas de responsabilidad atención y preocupación que por su cargo ostenta, no por un riesgo o necesidad médica”, sostuvo.
El abogado señaló, inicialmente, que de acuerdo a la versión del médico, su patrocinada no estuvo en un estado de inconsciencia y que, por el contrario, indicó que respondió a todo tipo de estímulos, estando despierta de principio a fin de la operación.
No obstante, en Cuarto Poder, Cabani declaró que la mandataria fue cesada hasta el punto de quedarse “dormida” en el pre-operatorio y luego se le modificó la sedación para que pueda responder a estímulos durante la intervención.
Ante ello, Portugal sostuvo que incluso, si hubiese estado en un grado de somnolencia, tampoco se habría incurrido en un delito.
“Cada quien ha forzado la lectura de los tipos penales a placer, a su antojo y medida. Incluso, aun cuando el acto médico -en ese hipotético negado- hubiese generado en mi clienta un absoluto estado de somnolencia, privándola de todo acto de decisión, tampoco hay delito. Esa es una fábula creada convenientemente para estirar y relajar la imputación”, afirmó.
En esa línea, ingresó a contrastar la situación de Boluarte y la cirugía con los delitos atribuidos en su contra; dando pie ahora también al argumento que, aún pudiendo haber sido una cirugía estética, no existe delito.
Sostuvo que en el caso de la presunta “omisión de funciones”, la fiscalía imputa que su patrocinada no comunicó al presidente del Congreso de la República o a la PCM su intervención médica.
“Independientemente la operación haya sido por razones respiratorias o estéticas, no existe ninguna cláusula legal ni constitucional, ni cualquier otra normativa, que le exija esta comunicación, deber u obligación, de tal modo que no pueda existir omisión de algo que no le es exigible.”
Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte.
Invocando usos y costumbres del derecho, el abogado adujo que se estaría frente a un “nullum crimen sine lege stricta” ( voz latina que significa que no hay crimen, sin ley determinada o precisa).
Por tanto, afirmó que el primer delito imputado exige una omisión, retardo o rehúsamiento de algún acto funcional y, hasta el momento, “a la luz de la evidencia (91 normas firmadas, frecuente comunicación con sus ministros, participación virtual en dos sesiones del Consejo de Ministros, no teniendo la obligación de participación u conducirla, según nuestra cláusula constitucional, debido a que no fue convocada por esta, la presidenta participó) no existió ninguna de estas tres conductas exigidas en dicho tipo penal.”
Sobre el presunto delito de “abandono de cargo”, Portugal Sánchez sostuvo que para su configuración se exige un daño al servicio, manifestado de forma concreta y/o objetiva, más no regula un “potencial daño al cargo o la posibilidad de que esta haya podido producirse”.
“Por ello, argumentos tales como que el acto médico pudo haber durado una, dos o diez horas, que pudo haber sufrido una situación de riesgo, que pudo en ese momento el país haber sufrido una tragedia mientras ella permanecía intervenida, son razonamientos desvinculados al tipo penal, y claramente pirotécnicos”, adujo.
Por tanto, afirmó que hasta el momento, la Fiscalía de la Nación “no ha podido identificar algún daño al servicio”.
Añadió que el médico Mario Cabani firmó una declaración jurada asegurando que la intervención a su patrocinada no le impidió la habilidad o capacidad para gobernar.
Portugal indicó, por tanto, que será la pericia grafotécnica la que determinará si su patrocinada estuvo o no en condiciones de firmar los decretos supremos emitidos los días en que se mantuvo en recuperación post-operatoria.
“Por lo demás, será la pericia grafotécnica, en camino, que afirme o niegue la versión de Cabani, a propósito de los documentos que supuestamente mi clienta no estuvo en condiciones de firmar.”
Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte
Sobre el pago que recientemente realizó la mandataria por la cirugía a la Clínica Cabani, casi dos años después del procedimiento médico, Portugal sostuvo que la versión de Cabani, sería “inverosímil”.
“Él afirma que luego de la intervención se le generó un recibo por el servicio efectuado, y que luego de siete días le informaron que mi clienta no había sufragado el mismo. Si esto es así, bajo esta misma línea de respuesta, entonces debió al octavo, noveno o décimo (día), o en la quincena o a fin de mes advertir este detalle, y no casi 500 días después. Su explicación no es genuina sino contextualmente forzada. Creo que es él quien debería sincerar su respuesta, sin ningún temor, porque como él mismo lo afirmó, detrás del acto médico, no hubo ningún trato ilegal”, expresó.
Y, respecto a que la mandataria se habría llevado su historia clínica, el abogado sostuvo que Boluarte se encuentra fuera de esa escena, puesto que dicho documento fue entregado a la entonces secretaria Patricia Muriano.
“Por un lado, Mario Cabani señala que la historia clínica fue entregada a Patricia Muriano, y ella, por su parte, señala que se la pidió para ver que recetas o medicamentos debía tomar mi clienta, no obstante, desconoce qué pasó luego de que estuvo en sus manos”, alegó.
Finalmente, el abogado aseguró que se encuentran tranquilos pese a las revelaciones de Mario Cabani,
“Sin que esto signifique una falsa modestia, estamos tranquilos con el suceso de este caso, sea este a corto, mediano o largo plazo. Se han dicho hasta barbaries unineuronales legales, como, por ejemplo, que a mi clienta podrían otorgarle prisión preventiva cuando la norma establece como pena probable 5 años y este caso tiene una sanción máxima de dos años. Hay muchos discípulos y profetas encargados de crear zozobras de inestabilidad al gobierno”, concluyó.
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